Ciudad de Guatemala.
La captura del jefe del ente recaudador de impuestos de Guatemala Omar Franco, y su antecesor Carlos Muñoz, acusados de pertenecer a una estructura de contrabando y defraudación tributaria, desnudó la infiltración del crimen en las estructuras de Estado de este país, coincidieron expertos.
Franco y Muñoz fueron detenidos junto a otras 18 personas señalados de integrar una banda que cobraba 'sobornos' en las aduanas nacionales obteniendo millonarias 'ganancias ilícitas', según la fiscalía, que hasta el momento no ha revelado el monto total del fraude.
'Se está desnudando una realidad y es que el Estado de Guatemala está capturado por redes mafiosas que tienen el respaldo del más alto nivel del gobierno', aseguró Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
La investigación en el sistema tributario también alcanzó a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, señalado como uno de los principales operadores de la banda, y de acuerdo con información oficial, éste se encuentra fuera del país sin paradero cierto.
El proceso investigador que destapó este caso de corrupción fue iniciado hace un año por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU cuya misión es contribuir al saneamiento del sistema judicial guatemalteco.
Drácula cuidando la sangre
'Se está confirmando aquel dicho de que lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad es que se nombre a Drácula como guardián del banco de sangre', ironizó el consultor político Marco Antonio Barahona, sobre la participación de altos funcionarios en la defraudación.
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Franco, quien asumió el cargo en enero pasado, fue detenido apenas un día después de reunirse con el presidente Otto Pérez para revisar una disminución en la recaudación tributaria. Tanto él como su antecesor fueron nombrados por el gobernante en el puesto para dirigir la SAT.
El vocero presidencial Jorge Ortega manifestó que las sospechas sobre las actividades ilícitas en las aduanas iniciaron hace un año por lo que solicitó a los entes judiciales abrir la investigación.
