En su último año como presidenta de Argentina, Cristina Kirchner luce arrinconada por la justicia con una denuncia por encubrimiento, agravada por la muerte del procurador que la presentó, y una marcha de fiscales con apoyo opositor para el miércoles, que el gobierno atribuye a un complot.
Kirchner omitió el fin de semana referirse a la denuncia y la marcha, mientras pasaba el feriado largo de carnaval en la provincia patagónica de Santa Cruz.
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Su imputación tiene que ver con el supuesto encubrimiento a funcionarios iraníes por el peor atentado ocurrido en Argentina, el ataque a la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos y que permanece impune.
Esta fue solicitada el viernes por el fiscal Gerardo Pollicita, que avaló la denuncia presentada hace un mes por Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la causa, muerto de un disparo en la cabeza en su apartamento el pasado 18 de enero.
Si el pedido es aceptado por el juez Daniel Rafecas, Kirchner, su canciller, Héctor Timerman, y las otras personas denunciadas por Nisman podrían ser indagadas.
Para el miércoles, cuando se cumplirá un mes de la enigmática muerte de Nisman, un grupo de fiscales convocó a una marcha de silencio a la que asistirán candidatos presidenciales opositores para las elecciones de octubre, organizaciones sindicales y judías.
La denuncia de Nisman-Pollicita fue descalificada por el gobierno como un intento de 'golpismo judicial'. Así mismo, la marcha es vista como un plan de 'desestabilización del sistema democrático', según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Según Nisman, Kirchner buscaba exculpar a los iraníes en beneficio de acuerdos comerciales de petróleo iraní por granos argentinos.
En medio del sacudón político, se aguarda una versión de la fiscal Viviana Fein, que investiga el caso como 'muerte dudosa' sin descartar suicidio, voluntario o inducido, u homidicio. El futuro de la imputación de Kirchner es incierto pero el efecto político del caso Nisman remece este país.