Buenos Aires, Argentina
Escuchas telefónicas
Ataques a Kirchner, Obama y Rousseff
La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, fue acusada el viernes de encubrir a exgobernantes iraníes sospechosos del atentado antisemita de 1994, medida que avala la denuncia del fiscal Alberto Nisman, muerto en enero en misteriosas circunstancias, informó la Fiscalía.
Kirchner, de 61 años, podría ser citada a dar una declaración indagatoria, presencial o por escrito si el juez que lleva este caso, Daniel Rafecas, así lo decide.
Pero para sentarla en el banquillo debe ser destituida con mayoría de dos tercios de legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso.
El parlamento cuenta con mayoría oficialista en las cámaras de Diputados y Senadores.
El fiscal Gerardo Pollicita aceptó los argumentos de Nisman y acusó a la Presidenta y al canciller Héctor Timerman, entre otros allegados al gobierno, de 'los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público', según el texto difundido por la Fiscalía.
El caso se remonta a julio de 1994 cuando desconocidos volaron con explosivos la mutual judeo-argentina AMIA con saldo de 85 muertos y 300 heridos, el atentado más grave en la historia argentina que lleva más de 20 años en la impunidad.
Kirchner apoyó en 2005 la acusación contra el gobierno de Irán, y en 2013 firmó un acuerdo de entendimiento con Teherán para poder indagar a los imputados, entre ellos el expresidente iraní Ali Rafsanjani.
Pero Nisman y la colectividad judía argentina rechazaron el acuerdo por considerar que los iraníes no son confiables y que usarían el pacto para librarse de culpas.
 La acusación contra Kirchner y el anuncio de la manifestación prevista la semana próxima agudizaron la confrontación entre el gobierno que denuncia un golpe y la oposición que llama a movilizar una multitud.
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Otros acusados por Nisman, con aval de Pollicita, son Andrés Larroque, uno de los líderes de la agrupación juvenil kirchnerista (peronismo de centroizquierda) La Cámpora, y el dirigente comunitario Luis D'Elía.
Otro imputado es un ciudadano argentino miembro de la comunidad musulmana Jorge 'Yussuf' Khalil.
Las pruebas contra el Gobierno se remiten a escuchas telefónicas entre D'Elía y Khalil.
'Somos concientes de que (la marcha) es un hecho político, pero no partidario', afirmó al canal TN uno de los fiscales convocantes, Carlos Rívolo.
A los fiscales convocantes les respondió con una ironía el secretario de Coordinación Estratégica del gobierno, Ricardo Forster, quien dijo que 'es como si los chef llamen a una convocatoria para decir que en Argentina se cocina mal'.
Otra consecuencia de esta causa de fuerte impacto político fue el pedido de la exesposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, que solicitó un veedor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 La juez federal argentina Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Alberto Nisman saliendo del complejo residencial en Puerto Madero, Buenos Aires, donde vivía Nisman.
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'Es una estrategia de golpismo judicial activo que busca estrépito social', dijo Capitanich.
La movilización está convocada por un grupo de fiscales, cuestionados por el gobierno, y candidatos presidenciales opositores para las elecciones generales de octubre.
'En el mundo la puja es entre la democracia y grupos oscuros vinculados a poderes económicos. (El presidente de EEUU) Barack Obama enfrenta una embestida de la derecha republicana más recalcitrante. En Brasil, Dilma Rousseff sufre un ataque con pedidos de juicio político', dijo Capitanich.
Muerte dudosa
El 14 de enero Nisman acusó a Kirchner de encubrir a los iraníes. El 18 de enero apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza y en su mano derecha una pistola pedida a un colaborador.
Un día después debía explicar ante comisiones del Congreso por qué acusaba a la mandataria.
El caso está en manos de la fiscal Viviana Fein quien lo caratuló 'muerte dudosa, es decir suicidio, o suicidio inducido u homidicio'.
El rechazo a la denuncia de Nisman-Pollicita fue presentado por la Procuración del Tesoro (fiscalía de Estado) al señalar que 'ninguna actuación de las autoridades del Gobierno tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes'.
Nisman acusa en su escrito a Kirchner de pedir el fin de las alertas rojas, pero Interpol lo desmintió.
