Legisladores argentinos de la opositora Coalición Cívica ARI anunciaron que presentarán ante la Justicia una denuncia contra la presidenta del país, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
La denuncia, que prometen presentar este viernes los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez, alcanza además al secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, al jefe del Ejército, César Milani, y la procuradora general (jefa de los fiscales), Alejandra Gils Carbó, dijo en un comunicado la Coalición Cívica (CC) ARI.
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'Desde el poder ejecutivo se ha alterado de hecho el orden constitucional, mediante la implantación de pistas falsas en la investigación', asegura el escrito que será presentado mañana.
Alberto Nisman, fiscal especial para la investigación del atentado contra la mutua judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994, murió de un tiro en la cabeza en su vivienda, el pasado 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado.
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¿Se puede arrestar a la presidenta de Argentina?
Sí, aunque no es sencillo. En Argentina, como en muchos otros países, el jefe de Estado goza de inmunidad. Esto significa que sólo puede ser llevado ante los tribunales si un juez a cargo de la causa solicita la celebración de un juicio político.
Según la Constitución argentina, “cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”.
El fallo del Congreso, según la Constitución, “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”.
Si se arresta a Cristina Fernández, se desatará un terremoto político de dimensiones incalculables, ya que no existen en Argentina precedentes de un juicio a un presidente en ejercicio (sí a exmandatarios).