Washington, Estados Unidos.
Una corte federal estadounidense declaró inconstitucional la acción ejecutiva del presidente Barack Obama para evitar la deportación de unos cinco millones de indocumentados, aunque aún no se determina el impacto de la medida.
El primer fallo legal en contra del alivio migratorio anunciado el pasado 20 de noviembre fue emitido ayer por el juez Arthur Schwab, de una corte distrital en Pensilvania.
Una corte federal estadounidense declaró inconstitucional la acción ejecutiva del presidente Barack Obama para evitar la deportación de unos cinco millones de indocumentados, aunque aún no se determina el impacto de la medida.
El primer fallo legal en contra del alivio migratorio anunciado el pasado 20 de noviembre fue emitido ayer por el juez Arthur Schwab, de una corte distrital en Pensilvania.
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Schwab se basó en el caso que involucra al hondureño Elionardo Juárez Escobar, arrestado por conducir en estado de ebriedad a principios de este año, tras haber ingresado a Estados Unidos de manera ilegal, después de haber sido deportado en el 2005.
El argumento del juez sobre el decreto presidencial es que Juárez-Escobar podría evitar la deportación gracias a la regularización de Obama.
El magistrado consideró la orden administrativa de Obama por su impacto en la sentencia del hondureño, al estimar que implica “una aplicación de la ley migratoria discutiblemente inequitativa y arbitraria”. Además aseguró que la orden ejecutiva violó la separación de poderes consagrada en la Constitución de Estados Unidos, y una cláusula que requiere que el presidente ejecute las leyes aprobadas por el Congreso.
Los beneficiados
En Estados Unidos viven 11,3 millones de indocumentados, según los cálculos del Gobierno, de los cuales la mayoría son latinoamericanos y más de la mitad mexicanos.
El grueso de la regularización radica en los 3,7 millones de indocumentados que, según el Migration Policy Institute, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y han vivido un mínimo de cinco años en el país.
Este grupo obtendrá un estatus legal temporal en el país, con lo que evitará la deportación, y los que no tengan antecedentes penales podrán además acceder a un permiso de trabajo.
Los otros 1,5 millones quedarían regularizados por la ampliación de la Acción Diferida (DACA, por su sigla en inglés), una medida que desde su entrada en vigor en agosto de 2012 ha evitado la deportación de más de 580,000 jóvenes indocumentados que llegaron a EUA cuando eran niños.
Entretanto, una coalición de 24 estados, encabezados por Texas, interpuso demandas en contra de la acción de alivio migratoria. La Casa Blanca aún no se ha pronunciado sobre el fallo.
