La Comisión de la Verdad de Brasil presentó hoy su informe final sobre las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura, en el que estableció que las atrocidades fueron 'sistemáticas' y reavivó la polémica por la impunidad que aún ampara a los represores.
El informe sostiene que la dictadura que imperó entre 1964 y 1985 dejó 434 muertos y desaparecidos y fue presentado en una ceremonia encabezada por la presidenta Dilma Rousseff, quien en su juventud pasó casi tres años presa y sufrió en carne propia la tortura por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen.
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'Este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión', dijo la mandataria, quien rompió a llorar en medio de su discurso pero aclaró que las atrocidades relatadas en el documento 'no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas'.
El voluminoso informe detalla en sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y cita como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los cuales unos 200 todavía viven.
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La Comisión de la Verdad, sin embargo, incluyó en un capítulo de 'recomendaciones' la sugerencia de que esa amnistía no sea aplicada a aquellos responsables de delitos de lesa humanidad.
Según el documento, la amnistía no puede amparar a responsables de 'detenciones ilegales, torturas, ejecuciones, desapariciones forzosas y ocultación de cadáveres, lo cual es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional'.
Hasta ahora, las Fuerzas Armadas han declarado en forma oficial, mediante un documento divulgado este año, que no pueden 'negar ni confirmar' que durante la dictadura hubo violaciones de los derechos humanos.
No obstante, en el tribunal supremo no parece haber clima para volver a discutir la amnistía.