Después de haber logrado enfocar la atención nacional e internacional en las reformas estructurales, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, inicia hoy su tercer año de gestión inmerso en una grave crisis de violencia y credibilidad.
Desde el inicio del Gobierno de Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, que trajo de vuelta al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras una ausencia de 12 años, la prensa ha seguido de cerca el proceso legislativo de reformas de gran calado, incluyendo una que abrió el sector energético a la iniciativa privada después de más de siete décadas de monopolio estatal.
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Mientras, Peña Nieto cosechaba elogios de dignatarios extranjeros que visitaban México, de cuyos discursos desaparecieron las expresiones de preocupación por la violencia vinculada al combate al crimen organizado y a las violaciones a los derechos humanos que marcaron al Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
Pero todo ello comenzó a desmoronarse en meses recientes a raíz de que salieran a la luz dos incidentes que revelan lo poco que el país ha cambiado más allá del papel.
 La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso en México, el pueblo exige la dimisión de Peña Nieto.
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El segundo incidente, el de mayores repercusiones, fue la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros el 26 de septiembre en Iguala, estado sureño de Guerrero, a manos de policías e integrantes de una agrupación criminal.
Las desapariciones, por las que está siendo procesado el exalcalde José Luis Abarca como presunto autor intelectual, entre otros acusados, han desatado multitudinarias y a veces violentas protestas para exigir que las víctimas aparezcan con vida.
Y es que los padres, sus compañeros y una parte de la sociedad no cree en la principal línea de investigación de la fiscalía, basada en el testimonio de tres detenidos, según la cual los jóvenes fueron capturados por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, que se encargó de asesinarlos e incinerarlos para borrar su rastro.
 El reclamo de los mexicanos al Gobierno por los 43 normalistas de Ayotzinapa, 'vivos se los llevaron, vivos los queremos'.
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Apremiado en el país y con su estrella internacional en declive por estos hechos, Peña Nieto anunció el jueves pasado un nuevo plan de seguridad para México, que consiste en crear policías únicos en las 32 entidades federativas del país y combatir la infiltración del crimen organizado en las alcaldías.
El gobernante reveló también la creación de tres zonas económicas especiales que abarcan Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, los estados más pobres del país, a través de una iniciativa legal que será enviada al Congreso en febrero de 2015.
