Cailfornia, Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al Gobierno de Donald Trump por evitar que los inmigrantes que huyen de las pandillas en sus países o de la violencia doméstica soliciten asilo en EEUU, informaron este miércoles medios locales.
ACLU busca invalidar las medidas dictadas en junio pasado por el fiscal general, Jeff Sessions, que anunció que las víctimas de la violencia de las maras no calificarían para solicitar refugio en ese país.
La demanda fue presentada a nombre de 12 padres y niños a quienes se les negó el asilo luego de que alegaran los dos motivos anulados por Sessions.
EEUU establece cinco razones específicas para solicitar asilo, siendo estas persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social u opinión política en particular.
La nueva demanda de ACLU se suma a una interpuesta en una corte de Los Ángeles contra Trump por 'violar los derechos constitucionales' de inmigrantes detenidos en la Prisión Federal de Victorville, California.
La querella, que es también contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se originó con el traslado desde junio pasado de inmigrantes desde instalaciones de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a 'cárceles operadas por la Oficina Federal de Prisiones (BOP)' y en la que se albergan a convictos.
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Los trasladados de unos 1.600 inmigrantes, entre ellos solicitantes de asilo y padres separados de sus hijos, fueron a instalaciones de BOP en California, Texas, Arizona, Oregon y Washington.
'Como las políticas de separación familiar y 'tolerancia cero' de la Administración Trump, estas transferencias se hicieron de manera precipitada y sin tener en cuenta la vida de las personas detenidas', dijo en un comunicado Victoria López, abogada del Proyecto de Prisión Nacional de la ACLU.
Las primeras quejas tienen que ver con la poca o nula comunicación entre los inmigrantes detenidos y sus abogados y familiares.
Una demanda de emergencia fue presentada entonces por ACLU el pasado 20 de junio. Un día después, el juez Otis Wright II, del Tribunal de Distrito en Los Ángeles, ordenó al Gobierno Trump dar a los detenidos acceso a la ayuda legal.
