Martín tuvo que huir de San Marcos, Guatemala, acompañado de su esposa y su dos hijas, “Paula” y “María”. Las pandillas comenzaron a hostigarlo cuando montó un pequeño negocio de venta de teléfonos celulares y le exigían cuotas de extorsión para dejarlo trabajar.
Primero, 75 mil quetzales (10 mil dólares) que debía entregar en dos días, o de lo contrario cobrarían la demora con la vida de una de sus hijas con las que ahora viaja por México. Presa del temor, tuvo que escapar sin dinero ni comida y solo con la ilusión de recobrar el sentido de la vida en tierras extrañas.
El hombre de 36 años relata que le duele la situación que aqueja a su país, pero más que dolor hay incertidumbre sobre lo que pasará con sus pequeñas, de 7 y 11 años, con las que viaja sin tener hogar ni destino.
“Salir huyendo de mi país con mis hijas me hace sentir tranquilo, porque va mi familia conmigo, pero aquellos niños que vienen solos, que cruzan la frontera solos, a lo que se enfrentan no es una vida fácil; es muy difícil”, afirmó en una entrevista con EFE.
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Así como Martín y los suyos, cientos de familias y niños han salido de Centroamérica por la violencia que impera en países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Algunos menores con más fortuna pudieron escapar acompañados de sus padres; otros lo hicieron solos o tomados de la mano de otras personas que también emprendieron el éxodo hacia México.
El gobierno de Guatemala ha puesto en marcha un programa para intentar disminuir los índices de emigración de niños no acompañados y adultos.
A través de la campaña “quédate”, el Ministerio del Trabajo, la Secretaría de Bienestar Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores promueven centros de formación para niños retornados y aquellos susceptibles de salir del país y emigrar hacia México, a sabiendas de los peligros que se corren.
La medida de atención social se extiende hacia México, donde los consulados de Guatemala realizan una campaña de concienciación social dirigida a las personas que están de paso y migran hacia la frontera norte con Estados Unidos.
El consulado de Guatemala en Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, informa que desde el inicio del mandato de Donald Trump en Estados Unidos (2017) y la aplicación de las campañas de prevención social, la migración de niños no acompañados o aquellos que viajaban en familia disminuyó 60 por ciento.
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Sin embargo, en el primer semestre de 2018 se ha registrado un repunte que obliga al gobierno guatemalteco a intensificar esta cobertura social en departamentos y ciudades fronterizas.
“Nuestra función es trabajar con los niños que van a ser retornados a Guatemala. Tenemos programas para trabajar con psicólogos que nos acompañan al Instituto Nacional de Migración para documentar a todos estos niños que se encuentren de manera irregular antes de ser retornados a Guatemala”, explica Héctor Ramiro Sipac Cuin, cónsul en Tapachula.
Los activistas en el sur de Chiapas han constatado el repunte de la migración infantil en 2018. El Centro de Dignificación Humana ha documentado el aumento de casos en niños y padres que buscan refugio en la frontera sur de México al verse obligados a salir de sus países.
Pero en México la situación no pinta un panorama alentador. Según Luis Villagrán, titular de esta asociación civil en Tapachula, las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Chiapas no tienen interés ni capacidad de atención para los menores migrantes que llegan a esta parte del país.
“Literalmente, están bateando a todos los menores Personalmente he llevado seis casos con la procuradora del DIF y ella me dice que no se hace responsable”, afirmó.
