Hacinados en corrales de malla, tirados en el piso en precarias colchonetas y arropados con mantas térmicas de aluminio para soportar el inclemente frio del aire acondicionado, cientos de indefensos menores hondureños y centroamericanos viven un verdadero drama humano en los centros de detención de Estados Unidos, tras ser separados de sus padres en la frontera con México.
La política de cero tolerancia con la inmigración ilegal que impulsa el Gobierno de Donald Trump ha disparado las detenciones en la frontera con México y Estados Unidos y la consecuente separación de miles de niños que llegan acompañados de sus progenitores.
Fotos: #niñosmigrantes 'enjaulados' tras ser separados de sus padres
Según el Departamento de Seguridad Interna ya han separado 2,342 niños de sus familiares. Este número corresponde al período entre el 5 de mayo y el 9 de junio.
La senadora Jeanne Shaheen subrayó que estos números significan que Estados Unidos separa en promedio “unos 70 niños por día” en su campaña para disuadir la inmigración.
Anteriormente, se informó que entre mediados de abril y fin de mayo ese número ya había ascendido a 1,995 menores.
De ellos, más de 1,100 inmigrantes, incluidos muchos niños, estaban detenidos en un nuevo centro de detención en McAllen, según indicaron periodistas a quienes se les permitió ingresar a las instalaciones el pasado domingo.
En el sitio se observan cercas elaboradas con mallas de metal, colchones en el suelo y familias que hacen cola para ser procesadas, y a menudo separadas.
En los últimos días han aparecido reportes de la dramática situación de estos menores, alojados en almacenes reconvertidos en centros de detención temporal y en algunos casos ubicados dentro de recintos divididos a modo de jaulas. Un grupo de legisladores demócratas y periodistas visitaron el centro el fin de semana para conocer más sobre las condiciones que priman en las instalaciones donde el Departamento de Seguridad Nacional está procesando y deteniendo a inmigrantes acusados de cruzar ilegalmente la frontera. Aunque los medios pudieron visitar la instalación, no pudieron tomar fotos o videos. Las autoridades argumentaron preocupaciones de privacidad como la principal razón para no permitir el uso de cámaras o teléfonos móviles.
El gobierno enfrenta una oleada de indignación por la aplicación de esta nueva normativa administrativa, de separar a las familias de inmigrantes de sus hijos, que son mantenidos en un lugar separado y desconocido para los adultos.
El senador demócrata Jeff Merkley de Oregon, quien visitó por primera vez la frontera sur de Texas el 3 de junio, describió la situación que impera en las instalaciones y la situación de los infantes.
“Vimos a los niños que estaban retenidos aquí, en jaulas de malla de alambre, con cadenas de 30x30, mucha gente joven las pone. Debo decir que son mucho menos que hace dos semanas[, apuntó.
“Me dijeron que los autobuses llenos (de niños) fueron quitados antes de que yo llegara. Esa era una de mis preocupaciones, que esencialmente, cuando tienes que dar un aviso prolongado, terminas con un poco de espectáculo en lugar de ver qué hay realmente en estos centros”, deploró.
Detalló que la instalación, similar a un almacén, tiene corrales de retención hechos de vallas de malla en el interior que separa a los inmigrantes. Los colchones con mantas térmicas estaban esparcidos por el suelo.
Funcionarios federales dijeron que los inmigrantes solo estaban siendo procesados y que no estarían aquí por más de tres días, pero los legisladores informaron que los inmigrantes les habían dicho que habían estado allí durante siete.
No saben de sus hijos. Como resultado de esta política migratoria, los procesos judiciales y de deportación han aumentado en las Cortes, especialmente en el tribunal federal de Brownsville, Texas, a unos 15 minutos en coche de Casa Padre, el albergue para menores.
En ese lugar, ahora cada día hay juicios sobre inmigración. La semana anterior se celebró una vista conjunta para 17 inmigrantes centroamericanos que habían cruzado pocos días antes el Río Grande. Uno de ellos es el hondureño Álex Roel Guevara, a quien el abogado del Gobierno le dijo que no tienen información sobre dónde está su hija de 13 años. “Estoy preocupado por mi niña”, clamó otro hondureño, Denis Canales Murillo, que fue separado de su primogénita, de 11 años. El juez, Ignacio Torteya, le respondió que el objetivo es reunificarlos antes de ser deportados aunque, según expertos legales, eso apenas ocurre.
Otra de las imputadas, María Josefina Zuñega Alfaro, fue separada de su hijo de 15 años. Dado que es un varón, es posible que esté en Casa Padre.
Política inadmisible. Frente a esta deplorable situación, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó ayer a EEUU a dejar de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera con México, considerando que se trata de una política “inadmisible”.
“Pensar que un Estado busca disuadir a los padres infligiendo tal abuso a los niños es inadmisible”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein en la apertura de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Zeid citó a la Asociación Estadounidense de Pediatría, que describió esta práctica como un “abuso a menores permitido por el gobierno” que puede causar “daños irreparables”, con “consecuencias de por vida”. “Llamo a Estados Unidos a poner fin inmediatamente a la práctica de separación forzada de estos niños”, dijo, instando a Washington a ratificar la Convención de Derechos del Niño. Estados Unidos es el único país que no la ha ratificado.
