Texas, Estados Unidos.
Edilberto García creyó que perdería a su hijo para siempre cuando lo separaron de él en un centro de detención de inmigrantes en Texas. 'Sentí mucho temor', dice. No consigue parar de llorar: está aturdido por el terror de los días pasados y el alivio de haber recuperado a su hijo.
Ambos viajaron por tierra desde Honduras para que Kevin, de 17 años, siguiera su sueño de ser mecánico. Con el agua al pecho, cruzaron el Río Grande que separa México y Estados Unidos. Pero la patrulla fronteriza los detuvo el lunes y los separó.
'Ese fue uno de los días más duros para mí, porque sentía que perdía a mi hijo', dice este trabajador textil de 46 años.
Kevin, a su lado, le sonríe y le da una palmada de consuelo.
'No sé dónde me lo recluyeron. Hasta a los niños más chicos los apartaban de sus papás', sigue Edilberto. 'Había casos muy fuertes'.
Cuatro días después, ambos lograron reunirse nuevamentes en un refugio católico en McAllen, una ciudad pobre, caliente y polvorienta en el casi mexicano sureste de Texas, donde las vitrinas de las tiendas exhiben vestidos de quinceañera y botas de cowboy.
Edilberto nunca entendió lo que pasó. Jamás escuchó sobre la nueva política de 'cero tolerancia' de la administración del presidente Donald Trump, a raíz de la cual casi 2.000 menores han sido separados de sus padres inmigrantes en el último mes y medio.
Manoj Govindaiah, abogado migratorio de RAÍCES, una ONG que defiende jurídicamente a los inmigrantes, dice que esta nueva política está fuera de la ley.
'El gobierno se está llevando a niños que estaban con sus padres (...) y los está reclasificando como 'menores sin acompañante' y transfiriéndolos a los servicios sociales', dice a la AFP.
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Los niños son llevados a uno de los 100 centros juveniles que tiene en el país la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.
Cerca de McAllen, en Brownsville, un edificio que funcionaba como farmacia Walmart ahora está desbordado con 1.500 varones y el gobierno planea erigir campamentos en bases militares en Texas para alojar más niños extranjeros.
'Es aterrador, completamente aterrador', añadió el abogado.
Los García tuvieron suerte: un tribunal migratorio decidió derivar su caso a Idaho, donde Edilberto tiene un primo. Y por eso Kevin no fue enviado a un albergue de menores o un campamento.
El 31 de mayo, abogados y ONG liderados por la Texas Civil Rights Project pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que sus estados miembros tomen acciones contra esta práctica que denominan 'tortura'.
También los que buscan asilo
Las autoridades eluden a la prensa. Portavoces de migración y de frontera no respondieron reiteradas solicitudes de AFP. Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la institución que custodia a los niños, declinó hablar del tema.
Con la política 'cero tolerancia', tanto los inmigrantes que entran ilegalmente como quienes lo hacen pidiendo asilo son separados de sus hijos, si bien los segundos no han cometido ningún delito.
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El abogado Govindaiah recuerda que solicitar asilo no es ilegal, puesto que para hacerlo es necesario hacerlo dentro del país, al llegar a un puesto fronterizo.
'Esa es la manera de pedir asilo: viajas a otro lugar y lo pides. Nuestras leyes requieren que los que busquen asilo procedan de esta manera y nosotros estamos penalizándolos por hacerlo', dice.
'Llevarse a los niños a la fuerza sin decirles a los padres dónde están o si están bien, y no contarles a los niños lo que está pasando (...) es desaparición forzada y es tortura', dice Ramey.
