Brasilia.
La corte suprema de Brasil debatirá mañana una alteración de normas que impactaría en el destino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde el sábado, y también en la agitada situación política del país a seis meses de las elecciones generales.
El problema es que sus once miembros están tan divididos como el resto de la sociedad y que sus decisiones son percibidas con desconfianza creciente por los brasileños, señalan analistas.
La cuestión a debate se refiere al momento en que un condenado debe empezar a purgar una pena de prisión.
Según la jurisprudencia actual, esto es posible a partir de un fallo de segunda instancia, como el del tribunal de apelación que en enero condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.
Esa jurisprudencia se adoptó en 2016 por una estrecha mayoría de 6 votos contra 5. Anteriormente, se garantizaba el derecho a recurrir en libertad ante las máximas instancias judiciales, en procesos que pueden demorar años.
Libertad
Pero los críticos de esa modificación quieren revisarla. Si lo logran, la estadía de Lula en la cárcel podría ser de apenas unos días, al menos por el momento.
Lula, el favorito para ganar las elecciones de octubre y una figura que divide profundamente a Brasil, empezó a cumplir su condena por corrupción por orden del juez Sergio Moro en Curitiba, la llamada capital de la operación Lava Jato.
La cárcel del líder de la izquierda fue celebrada con fuegos artificiales por sus detractores y llorada por sus seguidores.
Los partidarios de rediscutir la norma reclaman una clarificación porque la actual autoriza, sin imponer, el encarcelamiento tras la segunda instancia, lo cual deja la cuestión al arbitrio de cada uno de los dos grupos (‘turmas’) en que se divide el STF.
Los encarcelamientos al cabo de la segunda instancia son una de las tres armas usadas por la Operación Lava Jato, que descubrió una red de sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos en Petrobras.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS a cambio de mediaciones en la petrolera estatal.
Las otras dos armas son las prisiones preventivas y las delaciones premiadas.
Para los fiscales y jueces de Lava Jato, la pérdida de cualquiera de esos instrumentos aflojaría la presión sobre las personas investigadas con poder y dinero suficientes para eternizar los procesos.
