Washington, Estados Unidos.
Donald Trump completa hoy su primer año al frente del gobierno de EEUU con centenas de miles de ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen latinoamericano, en un limbo jurídico como resultado de decisiones de la Casa Blanca.
El primer capítulo ocurrió en septiembre de 2017, cuando el gobierno anunció la decisión de no renovar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), adoptado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.
Con ese plumazo, el gobierno de Trump empujó a la ilegalidad a un contingente estimado oficialmente en unos 690,000 inmigrantes que hasta ese momento habían regularizado su situación, aunque otras estimaciones elevan ese número a casi 800,000.
Desde entonces, la situación de esa enorme legión de inmigrantes regularizados se tornó el centro de un interminable forcejeo político y judicial. El 9 de enero, un juez federal dejó sin efecto la orden de Trump de no renovar el Daca y con ello el gobierno federal se vio forzado a recibir pedidos de renovación de los permisos ya existentes que estaban a punto de caducar.
Pero al cumplirse el primer año en la Casa Blanca, el drama de la incertidumbre entre inmigrantes no se limita a los “ dreamers”.
En noviembre el gobierno inició una proceso de revisión que lo llevó a cancelar el Estatus de Protección Temporaria (TPS) para ciudadanos de varios países latinoamericanos.
Inicialmente, retiró el TPS para unos 5,300 nicaragüenses protegidos en EEUU desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998.
Dos semanas más tarde, el gobierno removió también la protección para unos 50,000 haitianos, que encontraron refugio en EEUU luego del devastador terremoto de enero de 2010 que dejó devastación y más de 200,000 muertos.
Pero el paso más demoledor llegó el 9 de enero, cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) revocó el TPS para ciudadanos de El Salvador, poniendo unas 195,000 personas ante la perspectiva de la deportación o la ilegalidad.
Donald Trump completa hoy su primer año al frente del gobierno de EEUU con centenas de miles de ciudadanos extranjeros, en su mayoría de origen latinoamericano, en un limbo jurídico como resultado de decisiones de la Casa Blanca.
El primer capítulo ocurrió en septiembre de 2017, cuando el gobierno anunció la decisión de no renovar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), adoptado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.
Con ese plumazo, el gobierno de Trump empujó a la ilegalidad a un contingente estimado oficialmente en unos 690,000 inmigrantes que hasta ese momento habían regularizado su situación, aunque otras estimaciones elevan ese número a casi 800,000.
Desde entonces, la situación de esa enorme legión de inmigrantes regularizados se tornó el centro de un interminable forcejeo político y judicial. El 9 de enero, un juez federal dejó sin efecto la orden de Trump de no renovar el Daca y con ello el gobierno federal se vio forzado a recibir pedidos de renovación de los permisos ya existentes que estaban a punto de caducar.
Pero al cumplirse el primer año en la Casa Blanca, el drama de la incertidumbre entre inmigrantes no se limita a los “ dreamers”.
En noviembre el gobierno inició una proceso de revisión que lo llevó a cancelar el Estatus de Protección Temporaria (TPS) para ciudadanos de varios países latinoamericanos.
Inicialmente, retiró el TPS para unos 5,300 nicaragüenses protegidos en EEUU desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998.
Dos semanas más tarde, el gobierno removió también la protección para unos 50,000 haitianos, que encontraron refugio en EEUU luego del devastador terremoto de enero de 2010 que dejó devastación y más de 200,000 muertos.
Pero el paso más demoledor llegó el 9 de enero, cuando el Departamento de Seguridad Interna (DHS) revocó el TPS para ciudadanos de El Salvador, poniendo unas 195,000 personas ante la perspectiva de la deportación o la ilegalidad.
