San Salvador.
El presidente de EUA, Donald Trump, utiliza a los 'dreamers' y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) como 'moneda de cambio' en el Congreso para obtener el presupuesto para reforzar su política antimigrante, dijo el director de una organización social salvadoreña.
De acuerdo con César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), Trump dio al traste con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 'negociar' beneficios a la población afectada a cambio de beneficiar sus 'intereses políticos y económicos'.
Sostuvo que Trump condiciona la no deportación de los 'soñadores' y de los amparados por el TPS a la aprobación de fondos en el Congreso para construir un muro en la frontera con México, ampliar en número de agentes fronterizos y de jueces de migración, y 'eliminar las ciudades santuario'.
'Estamos en medio de una negociación del presupuesto de Estados Unidos y en un período en el que el presidente quiere, a como dé lugar, construir el muro', porque es una promesa de campaña y 'no se va a ir del periodo presidencial sin cumplir', acotó.
Trump anunció en septiembre pasado el fin del programa DACA promulgado por Barack Obama en 2012, que protegía de la deportación a unos 690.000 jóvenes que llegaron al país de niños, conocidos como 'soñadores'.
Su Gobierno también anunció el 7 de enero pasado la suspensión del TPS para más de 190.000 salvadoreños en septiembre de 2019, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.
Lea más: Salvadoreña mata a sus dos hijas, esposo, y luego de suicida
No obstante, Ríos señaló que está negociación, y el hecho de que la administración de Trump tiene como prioridad expulsar a los pandilleros, abonaría a que EUA no inicie una deportación masiva de salvadoreños.
Añadió que 'Estados Unidos, en estos momentos, no está preparado para una deportación masiva' porque 'un deportado cuesta mucho' y que el país centroamericano tampoco tiene la capacidad económica y social para recibir a estos salvadoreños que quedarán a partir de septiembre de 2019 sin un amparo legal. EFE
