Bruselas, Bélgica
El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, llegó este viernes por la tarde al tribunal de Bruselas que debe pronunciarse sobre su entrega a España, donde está acusado de 'rebelión' por su papel en la declaración unilateral de independencia en Cataluña, según fuentes de su entorno.
Puigdemont y otros cuatro ex miembros del ejecutivo catalán destituido lograron esquivar la horda de fotógrafos y cámaras que les esperaban ante el inmenso Palacio de Justicia de la capital belga, donde deberán comparecer durante varias horas.
Sus abogados belgas, que denuncian una 'histeria judicial' en España, rechazarán la ejecución de esa euroorden fruto de un 'juicio político' durante la audiencia prevista en Bruselas a puerta cerrada a partir de las 1:00 pm GMT.
Los cinco políticos catalanes se instalaron en Bélgica después que el gobierno español cesara al ejecutivo catalán, pusiera la autonomía bajo su tutela y convocara elecciones para el 21 de diciembre en reacción a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
Puigdemont y los otros cuatro miembros de su gobierno cesado consideran que no cuentan con las garantías necesarias para un proceso justo en España, donde se les acusa de 'rebelión', 'sedición' y 'malversación'. Ocho de sus compañeros están en prisión provisional.
Aunque la Cámara del Consejo bruselense apruebe la petición de la justicia española, los políticos independentistas prevén agotar todos los recursos posibles, lo que podría prolongar el proceso en Bélgica al menos hasta enero.
El juez único de esta primera instancia tendrá 'entre ocho y 10 días' para pronunciarse, según los abogados. Carles Puigdemont y los cuatro exmiembros de su Ejecutivo -Antoni Comín (Sanidad), Clara Ponsatí (Educación), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura)- deben estar presentes en la audiencia.
El 5 de noviembre, se entregaron a las autoridades belgas. Tras declarar, un juez de instrucción decidió ponerlos en libertad condicional con la prohibición de salir de Bélgica sin autorización del juez, obligación de comunicar su dirección y de obedecer a todas las citaciones de la justicia y la policía.
- Euroorden 'atípica' -
La orden europea de busca y captura fue creada por la Unión Europea en 2002 -y transpuesta un año más tarde a la normativa belga- para facilitar la extradición entre Estados miembros sin intervención del poder político.
Pocos son los casos en los que se rechaza la ejecución de una euroorden, según varios juristas interrogados por la AFP, puesto que este procedimiento se basa en el principio de 'confianza mutua' entre sistemas judiciales que se presuponen cercanos.
Pero en esta situación concreta, con cinco protagonistas de la crisis catalana, no hay lugar para la 'confianza', según los abogados.
'Es una orden de detención europea totalmente atípica [...] No hay mención a una infracción penal atribuida a una persona', denuncia Michèle Hirsch, quien defiende a Comín y Serret junto a su colega bruselense Christophe Marchand.
Para los dos abogados, que coordinaron su defensa con los de los otros exdirigentes catalanes, lo que se pone en tela de juicio es un 'proceso político que se desarrolló pacíficamente y cuyas intenciones no se escondían'.
'Se llamó a una votación para un referéndum, no se dijo: 'Tomen las armas, ciudadanos'', señalan.
