Washington, Estados Unidos
Miles de centroamericanos que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos huyendo de la violencia en sus países de origen fueron beneficiados con un programa migratorio que dejaba a casi todos los solicitantes de asilo esperar en libertad la sentencia de un juez.
Sin embargo, esto está a punto de cambiar. La Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) anunció que eliminará el programa el próximo 20 de junio obligando a que todos los solicitantes de asilo sean detenidos y permanezcan encarcelados hasta que sus casos se decidan en las cortes, lo que amenaza con desbordar los centros de detención en la frontera.
Las organizaciones de defensa de los inmigrantes consideran la medida como un insulto para los indocumentados que llegan a los Estados Unidos tratando de salvar sus vidas tras huir de la violencia y la pobreza en el Triángulo Norte. “Es un intento claro de castigar a las madres que tratan de salvar la vida de sus niños mediante la protección de Estados Unidos”, dijo Michelle Brane, de la organización no gubernamental Comisión de Mujeres Refugiadas.
Y es que la mayoría de beneficiados por este programa son niños inmigrantes no acompañados y madres solteras.
“Me parece una locura que cierren un programa que tuvo un éxito increíble”.
Y es que de los 185,768 casos de asilo que fueron procesados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) entre el 18 de julio de 2014 y el pasado 31 de enero, 15,558 (8.3%) han permanecido detenidos durante el proceso para la obtención del asilo, el resto ha podido esperar la decisión de su caso en libertad.
“Trump promueve la detención de todos los inmigrantes en la frontera, la cual incluye a los solicitantes de asilo”, advirtió Bárbara Hines, directiva de Emerson Collective, en Texas. “El presidente piensa construir más cárceles de detención que, en mi opinión, es un gasto de los fondos públicos a beneficio de las empresas carcelarias con fines de lucro”, agregó la activista proinmigrante.
Más cárceles. En efecto, el gobierno de Donald Trump tiene ahora otras prioridades migratorias en su proyecto de presupuesto 2018.
Pidió un aumento de 1,600 millones de dólares para ampliar las instalaciones de detención y deportación y el GEO Group, una empresa penitenciaria que trabaja con ICE, firmó en abril un contrato por 110 millones de dólares con el ICE para abrir un centro de detención de 1,000 camas en Houston.
