Washington, Estados Unidos
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará el lunes una sesión urgente, respaldada por una veintena de países, para evaluar la situación en Venezuela luego de que su máximo tribunal asumió las facultades legislativas.
Ésta será la tercera reunión en una semana sobre Venezuela ante el cuerpo de 34 países activos del ente continental, y la primera tras la lluvia de críticas internacionales por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), de mayoría opositora, y retirar la inmunidad a los parlamentarios.
Sin hacer valoraciones, los países apoyaron la realización de una reunión urgente del Consejo Permanente 'considerar los recientes eventos en Venezuela' en una reunión 'a no más tardar' el lunes a las 14H00 de Washington (18H00 GMT).
La solicitud está respaldada por las misiones en la OEA de pesos pesados como Argentina, Brasil, Estados Unidos, México y Canadá, pero también Colombia, Chile, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Las pequeñas naciones insulares de Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Jamaica, Santa Lucía completan la lista, señal del menguado apoyo de Caracas en el Caribe, al que le vende petróleo en condiciones preferenciales.
Más temprano, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había solicitado la reunión, evocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, para 'realizar una apreciación colectiva y adoptar las decisiones que estime conveniente' sobre el caso venezolano.
La reunión tendrá lugar luego que Bolivia y Haití asuman la medianoche de este viernes la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, del Consejo Permanente, lo que dará la oportunidad de moderar el debate a los aliados de Venezuela.
Caracas se niega a cualquier intervención de la OEA en sus asuntos internos, y el presidente Nicolás Maduro negó el viernes que en Venezuela haya una 'ruptura del orden constitucional'.
Pero la oposición venezolana espera que el cuerpo de países del continente apruebe una resolución declarando la 'ruptura del hilo constitucional', dijo el dirigente Henrique Capriles en la sede de la OEA en Washington, luego de reunirse con Almagro.
'Las cosas cambiaron'
'Las cosas cambiaron drásticamente porque se materializó el cierre del poder más representativo de la democracia,' dijo el gobernador y dos veces candidato presidencial Capriles, declarando una 'hora decisiva en el continente'.
Igualmente llamó a la mayoría de los gobiernos a exigir la convocatoria de elecciones en Venezuela, así como la liberación de un centenar de 'presos políticos' y el establecimiento de un canal humanitario para atender la profunda escasez de alimentos y medicinas.
Los venezolanos padecen la inflación más alta del mundo, que, de acuerdo con el FMI, cerró 2016 en 475% y podría llegar a 1.660% este año.
Venezuela acude a la reunión con una erosión de sus apoyos en la OEA.
El martes no pudo bloquear un debate sobre la situación en el país en el seno del organismo, y veinte países se comprometieron en una declaración a encontrar 'soluciones diplomáticas' a la crisis. El documento solo fue una expresión de los gobiernos, y el ente no aprobó ninguna resolución.
Pero en las últimas 24 horas, la mayoría de cancillerías del continente endurecieron sus posturas hacia Venezuela, expresando condena o preocupación por el fallo contra el Parlamento.
'Un grupo de países estamos acordando una posición', dijo el embajador de Colombia, Andrés González, este viernes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó este viernes a la oleada de condenas a Venezuela, denunciando una 'usurpación de las funciones del Poder Legislativo'.
Hasta ahora los países se han alejado de las recomendaciones del secretario general Luis Almagro, que condenó 'auto golpe en Venezuela', y ha pedido aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender de la organización al país si no convoca a elecciones generales en un mes.
Aprobada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de 'una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático'. En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA.
