Washington, Estados Unidos.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reforzado su ofensiva contra la inmigración amenazando de nueva cuenta a las ciudades santuarios de recortar los fondos federales.
El Ejecutivo ya había formulado esta amenaza, pero ayer el fiscal general, Jeff Sessions, dio un ultimátum a las más de 200 entidades que protegen de la deportación a los inmigrantes, y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Nueva York.
Sessions estimó el recorte en 4,100 millones de dólares, “un precio muy alto que pagar” por proteger a los indocumentados. “Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, afirmó Sessions en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.
“El presidente Trump ya dijo que esta desobediencia a la ley debe terminar”, añadió.
De esa forma, Sessions anunció que el Departamento de Justicia dejará de otorgar subvenciones a las ciudades que permitan la puesta en libertad de los inmigrantes y que se nieguen a informar a las autoridades sobre el estatus migratorio de sus detenidos
Alcaldes reaccionan
Tras el discurso de Sessions, Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, un enorme “santuario” para indocumentados, desechó las amenazas alegando que los valores de la ciudad que dirige “no están en venta”.
“Hay protecciones constitucionales contra este tipo de acciones punitivas propuestas por Sessions”, expresó Garcetti en una nota oficial.
En Los Ángeles se calcula que viven más de 800,000 indocumentados. La política de que la Policía no colabore con Inmigración en esa ciudad data de una orden de 1979.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también rechazó las exigencias de Trump y aseguró que no colaborará con las autoridades migratorias.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reforzado su ofensiva contra la inmigración amenazando de nueva cuenta a las ciudades santuarios de recortar los fondos federales.
El Ejecutivo ya había formulado esta amenaza, pero ayer el fiscal general, Jeff Sessions, dio un ultimátum a las más de 200 entidades que protegen de la deportación a los inmigrantes, y entre las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición demócrata, como Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Nueva York.
Sessions estimó el recorte en 4,100 millones de dólares, “un precio muy alto que pagar” por proteger a los indocumentados. “Cuando las ciudades y los estados se niegan a ayudarnos a hacer cumplir nuestras leyes, nuestro país es menos seguro. No deportar a los inmigrantes que han sido condenados por crímenes pone a todas nuestras comunidades en riesgo”, afirmó Sessions en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca.
“El presidente Trump ya dijo que esta desobediencia a la ley debe terminar”, añadió.
De esa forma, Sessions anunció que el Departamento de Justicia dejará de otorgar subvenciones a las ciudades que permitan la puesta en libertad de los inmigrantes y que se nieguen a informar a las autoridades sobre el estatus migratorio de sus detenidos
Alcaldes reaccionan
Tras el discurso de Sessions, Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, un enorme “santuario” para indocumentados, desechó las amenazas alegando que los valores de la ciudad que dirige “no están en venta”.
“Hay protecciones constitucionales contra este tipo de acciones punitivas propuestas por Sessions”, expresó Garcetti en una nota oficial.
En Los Ángeles se calcula que viven más de 800,000 indocumentados. La política de que la Policía no colabore con Inmigración en esa ciudad data de una orden de 1979.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también rechazó las exigencias de Trump y aseguró que no colaborará con las autoridades migratorias.
