Washington, Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos desafiarán ante la justicia la decisión del alcalde de Miami de obedecer al presidente Donald Trump y dejar de proteger a los indocumentados, informaron líderes comunitarios en una protesta.
Entre los demandantes figuran organizaciones de envergadura nacional como la ACLU y la Southern Poverty Law Center, que vigila los grupos de odio en el país.
Además, unos 200 manifestantes exigieron ayer al alcalde republicano Carlos Giménez que devuelva al condado de Miami-Dade el estatus de “santuario”. Giménez ordenó a la policía local detener a los indocumentados -una labor de los oficiales de migración federales-, luego de que Trump amenazara a las ciudades que no cumplieran con este requisito con cortarles los fondos de Washington. La mayoría de las grandes ciudades santuario, como Los Ángeles y Nueva York, desafiaron a Trump, pero Miami se plegó rápidamente. “No hay base legal” para la decisión de Giménez de acatar las órdenes del Gobierno, dijo el abogado Khurrum Wahid.
Por eso la manifestante, Rosa Sugranes estaba furiosa con el alcalde. “Miami es una ciudad de inmigrantes, empezando por él, que es un refugiado”, dijo la empresaria de 59 años, refiriéndose al origen cubano de Giménez.
Joe García, excongresista demócrata por Florida, también lamentó que un cubano como él ignore las necesidades de los inmigrantes.
“He visto actuar esta ley migratoria en beneficio de cubanos, hondureños y venezolanos. El alcalde cometió un error”, afirmó.
Desafío tejano. En tanto, el condado de Travis, Texas, limitó desde ayer su cooperación con los funcionarios de inmigración en la detención de indocumentados al aplicar nuevas políticas “santuario” pese a las amenazas de Trump.
Así, los agentes de Travis colaborarán con las autoridades federales solo cuando un sospechoso sea registrado en la cárcel con cargos de asesinato, violación o trata.
Organizaciones de derechos humanos desafiarán ante la justicia la decisión del alcalde de Miami de obedecer al presidente Donald Trump y dejar de proteger a los indocumentados, informaron líderes comunitarios en una protesta.
Entre los demandantes figuran organizaciones de envergadura nacional como la ACLU y la Southern Poverty Law Center, que vigila los grupos de odio en el país.
Además, unos 200 manifestantes exigieron ayer al alcalde republicano Carlos Giménez que devuelva al condado de Miami-Dade el estatus de “santuario”. Giménez ordenó a la policía local detener a los indocumentados -una labor de los oficiales de migración federales-, luego de que Trump amenazara a las ciudades que no cumplieran con este requisito con cortarles los fondos de Washington. La mayoría de las grandes ciudades santuario, como Los Ángeles y Nueva York, desafiaron a Trump, pero Miami se plegó rápidamente. “No hay base legal” para la decisión de Giménez de acatar las órdenes del Gobierno, dijo el abogado Khurrum Wahid.
Por eso la manifestante, Rosa Sugranes estaba furiosa con el alcalde. “Miami es una ciudad de inmigrantes, empezando por él, que es un refugiado”, dijo la empresaria de 59 años, refiriéndose al origen cubano de Giménez.
Joe García, excongresista demócrata por Florida, también lamentó que un cubano como él ignore las necesidades de los inmigrantes.
“He visto actuar esta ley migratoria en beneficio de cubanos, hondureños y venezolanos. El alcalde cometió un error”, afirmó.
Desafío tejano. En tanto, el condado de Travis, Texas, limitó desde ayer su cooperación con los funcionarios de inmigración en la detención de indocumentados al aplicar nuevas políticas “santuario” pese a las amenazas de Trump.
Así, los agentes de Travis colaborarán con las autoridades federales solo cuando un sospechoso sea registrado en la cárcel con cargos de asesinato, violación o trata.
