Washington, Estados Unidos.
El presidente estadounidense Barack Obama está a las puertas de tomar una de las decisiones más importantes para los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, pero también para su carrera política.
Obama anuncio en junio pasado que durante el próximo mes tomará acciones ejecutivas para arreglar lo máximo posible el sistema de inmigración del país, ante el estancamiento del proyecto de reforma migratoria en la Cámara de Representantes.
“No tengo ninguna duda de que en la ausencia de una acción del Congreso, haré lo que pueda para que el sistema (migratorio) funcione mejor”, dijo ayer el presidente.
El objetivo de Obama era anunciar su decisión alrededor del Día del Trabajo, que en Estados Unidos se festeja el primer lunes de septiembre. Pero varias crisis de seguridad nacional obligaron a postergar el anuncio, probablemente hasta después de finales de mes, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.
Entretanto, los abogados del presidente Obama se encuentran desarrollando una justificación legal que le permitirá a la administración tomar una acción ejecutiva respecto a la inmigración, por la cual el presidente enfrentaría una potencial demanda judicial.
Los republicanos ya están considerando dicha acción legal por lo que ven como una violación de la separación de poderes. El líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, acusó a Obama de “ amenazar con cambiar unilateralmente las leyes de inmigración”.
Legalización
Con todo, el presidente no puede legalizar de una vez a los 11 millones de indocumentados y frenar la deportaciones. Según Marshall Fitz, director de política migratoria del Center for American Progress (CAP), solo la legislación que se convierta en ley ofrece una solución permanente para legalizar indocumentados. Sin embargo, la medida más amplia en estudio es detener la deportación de millones de personas, en una ampliación significativa de un programa de 2012 que suspendió los juicios de deportación a personas traídas al país cuando eran niños. Alrededor de medio millón de personas se han beneficiado con ese programa, conocido como sus siglas DACA. Sin embargo, aunque los fiscales habitualmente toman sus decisiones caso por caso, la exención de categorías enteras de personas jamás ha sido intentada en la escala que propone el presidente: podrían ser millones si se extiende a los padres de niños DACA, familiares cercanos de ciudadanos o inmigrantes sin antecedentes penales.
No más deportaciones
Cientos de partidarios de la reforma migratoria en EUA se concentraron frente a la Casa Blanca para pedir al presidente Barack Obama que legalice “a la mayor cantidad de inmigrantes como le sea posible”. Al menos unos cien de ellos fueron arrestados ayer. El director ejecutivo de la organización Casa Maryland, Gustavo Torres, dijo que el presidente estadounidense “puede y debe” detener las deportaciones, que separan a familias enteras. “Pedimos a Obama un alivio justo y necesario para las comunidades de inmigrantes en el país”, subrayó Torres.
Las asociaciones de activistas unieron sus voces en favor de legalizar a los más de once millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país.
Consecuencias
La Casa Blanca, por su parte, denunció ayer lo que ve como una amenaza de algunos republicanos de forzar un nuevo cierre de la Administración, si el presidente de EUA, Barack Obama, toma medidas sobre inmigración con las que no estén de acuerdo, y advirtió que el mandatario no se echará atrás a la hora de actuar.
“Esperamos que los republicanos no paralizen el Gobierno por un esfuerzo de sentido común y bipartidista para tratar de mitigar al menos algunos de los peores problemas que ha causado nuestro sistema de inmigración roto”, mencionó John Earnest, portavoz de Obama.
El presidente estadounidense Barack Obama está a las puertas de tomar una de las decisiones más importantes para los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, pero también para su carrera política.
Obama anuncio en junio pasado que durante el próximo mes tomará acciones ejecutivas para arreglar lo máximo posible el sistema de inmigración del país, ante el estancamiento del proyecto de reforma migratoria en la Cámara de Representantes.
“No tengo ninguna duda de que en la ausencia de una acción del Congreso, haré lo que pueda para que el sistema (migratorio) funcione mejor”, dijo ayer el presidente.
El objetivo de Obama era anunciar su decisión alrededor del Día del Trabajo, que en Estados Unidos se festeja el primer lunes de septiembre. Pero varias crisis de seguridad nacional obligaron a postergar el anuncio, probablemente hasta después de finales de mes, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.
Entretanto, los abogados del presidente Obama se encuentran desarrollando una justificación legal que le permitirá a la administración tomar una acción ejecutiva respecto a la inmigración, por la cual el presidente enfrentaría una potencial demanda judicial.
Los republicanos ya están considerando dicha acción legal por lo que ven como una violación de la separación de poderes. El líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, acusó a Obama de “ amenazar con cambiar unilateralmente las leyes de inmigración”.
Legalización
Con todo, el presidente no puede legalizar de una vez a los 11 millones de indocumentados y frenar la deportaciones. Según Marshall Fitz, director de política migratoria del Center for American Progress (CAP), solo la legislación que se convierta en ley ofrece una solución permanente para legalizar indocumentados. Sin embargo, la medida más amplia en estudio es detener la deportación de millones de personas, en una ampliación significativa de un programa de 2012 que suspendió los juicios de deportación a personas traídas al país cuando eran niños. Alrededor de medio millón de personas se han beneficiado con ese programa, conocido como sus siglas DACA. Sin embargo, aunque los fiscales habitualmente toman sus decisiones caso por caso, la exención de categorías enteras de personas jamás ha sido intentada en la escala que propone el presidente: podrían ser millones si se extiende a los padres de niños DACA, familiares cercanos de ciudadanos o inmigrantes sin antecedentes penales.
No más deportaciones
Cientos de partidarios de la reforma migratoria en EUA se concentraron frente a la Casa Blanca para pedir al presidente Barack Obama que legalice “a la mayor cantidad de inmigrantes como le sea posible”. Al menos unos cien de ellos fueron arrestados ayer. El director ejecutivo de la organización Casa Maryland, Gustavo Torres, dijo que el presidente estadounidense “puede y debe” detener las deportaciones, que separan a familias enteras. “Pedimos a Obama un alivio justo y necesario para las comunidades de inmigrantes en el país”, subrayó Torres.
Las asociaciones de activistas unieron sus voces en favor de legalizar a los más de once millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país.
Consecuencias
La Casa Blanca, por su parte, denunció ayer lo que ve como una amenaza de algunos republicanos de forzar un nuevo cierre de la Administración, si el presidente de EUA, Barack Obama, toma medidas sobre inmigración con las que no estén de acuerdo, y advirtió que el mandatario no se echará atrás a la hora de actuar.
“Esperamos que los republicanos no paralizen el Gobierno por un esfuerzo de sentido común y bipartidista para tratar de mitigar al menos algunos de los peores problemas que ha causado nuestro sistema de inmigración roto”, mencionó John Earnest, portavoz de Obama.
