Tegucigalpa, Honduras
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ordenó el miércoles el traspaso a la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) de los
bienes y recursos incautados a los responsables del descalabro financiero de esa institución.
“El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad -que él preside- decidió que los recursos y bienes pasen directamente a la interventora. En primera instancia se tomarán las propiedades que se auditaron producto de la investigación de la junta”, explicó Hernández.
Agregó que en el caso del Seguro Social sienta un precedente. “Son 33 bienes inmuebles, entre otros que están disponibles ahí. Este es un precedente que estamos sentando y que quede claro a quienes están pensando que las cosas siguen en Honduras como eran antes, ya no son así, aquí hay un parte aguas, un antes y un después”.
Advirtió en “que le quede claro a todo empleado o particular que quiera ser parte de una situación fraudulenta como esta, que desde la institucionalidad existe una voluntad que esas cosas no vuelvan a darse, y si se dan, no van a gozar de esos dineros y recursos, se los vamos a quitar de regreso y van a estar donde tienen que estar”.
Explicó que con la reforma se incorporó la figura de que todos los bienes de las instituciones del Estado que sean resultado de recuperación por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), deben ser devueltos a las instituciones cuando estén identificados por delitos de malversación de fondos a través de actos de corrupción.
Los bienes
Entre los bienes incautados al exdirector del Ihss, Mario Zelaya, figuran cuatro apartamentos en colonia San Ignacio, otro más en Torre Sky y una casa en Residencial La Hacienda. Se incluye otra propiedad en la San Ignacio, una de campo en San Matías y otra más en Zambrano.
Sigue la lista de propiedades decomisadas en Las Lomas del Guijarro, una en Portal del Bosque y una en Residencial América, así como 10 locales comerciales en Torre Metrópoli.
También se confiscaron terrenos en El Molinón y El Sauce.
Asimismo, en las últimas horas el Ministerio Público reportó la ejecución del aseguramiento de cinco propiedades en Santiago de Chile, pertenecientes al ex director del Seguridad Social, Mario Zelaya.
Entre estos bienes inmuebles asegurados existen dos lujosos apartamentos en la comuna La Florida de la avenida Vicuña Mackenna de la ciudad de Santiago.
La Unidad de Privación de Dominio, de la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado, ha asegurado 38 bienes, entre los que se destacan residencias, haciendas, oficinas y terrenos en Honduras, Estados Unidos y Chile.
Exceptuando los bienes encontrados en Chile, la valoración asciende a unos 167 millones de lempiras, aunque los fiscales han especificado que el valor real de las propiedades puede ser mayor.
De los 38 bienes asegurados (la mayoría a nombre de testaferros), 30 están en Tegucigalpa, tres en Francisco Morazán y cinco en Chile.
“El aseguramiento es complejo, dura un año y puede ser prorrogado”, explicó a LA PRENSA una fuente oficial de la Fiscalía.
Lavado de activos
Aunque la Ley de Privación de Dominio explica el procedimiento para asegurar un bien, el Congreso Nacional hizo la semana anterior reformas importantes en la Ley contra el Delito de Lavados de Activos, en Gracias, Lempira.
Ahora la Oabi ya no determinará el destino de un bien incautado, sino el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, compuesto por los titulares de los tres poderes del Estado, detalló el diputado Tomás Zambrano.
“La Ley de Privación de Domino emitía a muchas instituciones beneficiadas con los bienes incautados.
Ahora, gracias a la reforma, solo el 10% será destinado a la Oabi, el 45% al Consejo de Seguridad y el 45% será destinado a prevención”, explicó Francisco Zavala, director de la Oabi.
Datos oficiales revelan que desde 2012 la Oabi ha incautado 300 millones de lempiras y están en proceso unos 800 millones.
Antes de que un bien asegurado pase a formar parte de la Oabi, un juez informa del aseguramiento, que puede ser impugnado, al supuesto propietario.
“Si la defensa no comprueba que la adquisición del bien es lícita, el fiscal solicita al juez la privación de dominio definitiva. Aquí se da paso a la incautación del bien o comiso para posteriormente emitir la sentencia declarativa definitiva”.
El proceso de aseguramiento dura aproximadamente tres meses. Sin embargo, un bien asegurado puede estarlo hasta dos años antes de ser incautado por la Oabi para ser subastado o puesto en función por el Estado.
Pidió a Lobo Sosa investigar
El Presidente hondureño recordó: “Durante la transición del Gobierno, entre otras intervenciones, le pedí al presidente (Porfirio) Lobo Sosa la intervención urgente del Instituto Hondureño de Seguridad Social”.
Incluso, dijo, “sugerí los nombres de las personas que iban a hacer ese trabajo; la abogada Vilma Morales, don Roberto Carlos Salinas y el abogado German Leitzelar han hecho un buen trabajo”.
También “quiero recordarles que el día que tomé posesión anuncié y al siguiente día firmamos con la ONG internacional que se llama Transparencia Internacional un convenio para transparentar, para supervisar una serie de actividades y proceso dentro del Gobierno.
Le solicité al Congreso Nacional, a través del presidente (Mauricio) Oliva; quiero agradecer a los diputados porque atendieron la idea de reformar la distribución de los bienes incautados que registra la Oabi, y creó la posibilidad de que el Consejo Nacional de Defensa y seguridad pudiera disponer” de esos recursos.
