San Pedro Sula, Honduras.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) interpuso ayer un recurso de institucionalidad contra el 1.5% de los ingresos en el marco de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que fue aprobado por el Congreso Nacional en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, publicada el 30 de diciembre en el diario oficial La Gaceta y que entró en vigor el primero de enero de 2014. Así lo confirmó la institución en un comunicado de prensa:
“Los empresarios hemos apoyado los procesos de ordenamiento de las finanzas públicas para mejorar las recaudaciones fiscales y controlar el gasto público, que permitan suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las cargas tributarias deben ser claras y simples, no discriminatorias, justas y universales, como lo establece nuestro ordenamiento constitucional.
El sector privado está en contra de tasas, impuestos, recaudaciones o cualquier otra medida fiscal o de procedimiento que genere distorsiones de las leyes y la economía, o sean de carácter confiscatorio. La aprobación del 1.5% sobre los ingresos brutos establece el supuesto que todas las ventas necesariamente generan utilidades, contraviniendo y distorsionando los principios fundamentales del ISR, que consisten en pagar impuesto una vez que existan utilidades. Ello contradice la naturaleza distributiva del ISR y afecta la capacidad económica de los contribuyentes, creando de esta manera un impuesto confiscatorio.
El Cohep no acepta que se califique de evasores a las instituciones o empresas que impugnen el impuesto del 1.5% o cualquier otra ley o medida tributaria aprobada por el Gobierno arbitrariamente”.
Los empresarios señalan que lo inapropiado es aprobar leyes que generen disposiciones tributarias que no concuerden con la Constitución de la República.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) interpuso ayer un recurso de institucionalidad contra el 1.5% de los ingresos en el marco de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que fue aprobado por el Congreso Nacional en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, publicada el 30 de diciembre en el diario oficial La Gaceta y que entró en vigor el primero de enero de 2014. Así lo confirmó la institución en un comunicado de prensa:
“Los empresarios hemos apoyado los procesos de ordenamiento de las finanzas públicas para mejorar las recaudaciones fiscales y controlar el gasto público, que permitan suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las cargas tributarias deben ser claras y simples, no discriminatorias, justas y universales, como lo establece nuestro ordenamiento constitucional.
El sector privado está en contra de tasas, impuestos, recaudaciones o cualquier otra medida fiscal o de procedimiento que genere distorsiones de las leyes y la economía, o sean de carácter confiscatorio. La aprobación del 1.5% sobre los ingresos brutos establece el supuesto que todas las ventas necesariamente generan utilidades, contraviniendo y distorsionando los principios fundamentales del ISR, que consisten en pagar impuesto una vez que existan utilidades. Ello contradice la naturaleza distributiva del ISR y afecta la capacidad económica de los contribuyentes, creando de esta manera un impuesto confiscatorio.
El Cohep no acepta que se califique de evasores a las instituciones o empresas que impugnen el impuesto del 1.5% o cualquier otra ley o medida tributaria aprobada por el Gobierno arbitrariamente”.
Los empresarios señalan que lo inapropiado es aprobar leyes que generen disposiciones tributarias que no concuerden con la Constitución de la República.
