Tegucigalpa, Honduras.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) designó ayer a una auditora especial en la administración y la unidad de Auditoría Interna de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) para cotejar supuestas irregularidades detectadas en esa institución en el pago de horas extras, aumentos salariales y contratación de personal supernumerario y ejecución de obras menores.
“Ya se asignó una supervisora a la ENP y ya está allá revisando documentos de trabajo y documentación soporte de los hallazgos de Auditoría Interna. Si hay correcciones que hacer las hacen y luego el informe lo mandarán al TSC para revisión final y notificación (de responsabilidades), informó el organismo a través de su oficina de Relaciones Públicas.
La semana pasada, Diario LA PRENSA publicó una serie de investigación que reveló el abusivo pago de horas extraordinarias y aumentos selectivos en dicha empresa estatal, así como la contratación viciada de al menos 40 proyectos en los diferentes puertos del país por un monto superior a los 21.4 millones de lempiras.
A raíz de esos y otros hallazgos, el Ministerio Público, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el TSC emprendieron acciones para confirmar las anomalías y proceder legalmente contra los supuestos responsables de las mismas.
Indagaciones
El TSC solicitó el informe de obras menores a la responsable de la unidad de Auditoría de la ENP para revisarlo y hacer las recomendaciones y agregados que considere pertinentes a efecto de deducir las responsabilidades correspondientes.
En 2011 el TSC emitió un informe de auditoría que puso en evidencia muchas de las irregularidades que hoy nuevamente han vuelto a salir a luz pública en la Portuaria, gracias a la investigación periodística de LA PRENSA.
En esa oportunidad el organismo contralor advirtió sobre la contratación irregular de personal, el pago excesivo de horas extraordinarias y la contratación viciada de obras menores.
Sin embargo, dichas recomendaciones no se pusieron en práctica, lo que ha provocado un nuevo perjuicio económico al Estado y, según el TSC, podría generar responsabilidades contra las actuales autoridades de esa empresa estatal por no acatarlas.
Las indagaciones que realiza la Fiscalía Contra la Corrupción se orientan a verificar si el personal encargado de la División Técnica de Servicios Generales y supervisores recibieron comisión para dejar pasar las irregularidades al contratar esos 40 proyectos sin que se cumplieran los requerimientos establecidos en Ley.
La investigación de LA PRENSA detectó la adjudicación de contratos amañados, sobrevaloración de costos, contratación de empresas fantasmas, compras directas sin licitación pública, proyectos inconclusos y obras con signos de deterioro prematuro por la mala calidad de los materiales y la mano de obra.
En dichas obras localizadas en las instalaciones de la ENP en Puerto Cortés, San Lorenzo, Castilla, Roatán y Guanaja las autoridades invirtieron 21.4 millones de lempiras, pero un informe de Auditoría determinó que muchas de esas obras eran innecesarias y pudieron efectuarse con mano de obra interna. De acuerdo a la investigación, la ENP se hubiese ahorrado un 40% de toda la inversión, lo que habría significado unos 8.6 millones de lempiras.
El secretario de Infraestructura Productiva y Servicios Públicos, Roberto Ordóñez, anunció para esta semana una visita a las instalaciones de la ENP en Puerto Cortés para profundizar sobre los hechos denunciados y tomar acciones al respecto.
