Tegucigalpa, Honduras
En contra de un plebiscito se pronunció ayer la comisión especial del Congreso Nacional.
Lo que se pretendía era preguntar al pueblo, a través de esta figura, si el presidente Juan Orlando Hernández debía solicitar a la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICI) en Honduras.
Para la aprobación se requería la mayoría calificada por tratarse de un asunto constitucional, en virtud de que una comisión internacional restaría atribuciones constitucionales al Ministerio Público.
La Ley de Participación Ciudadana establece que los plebiscitos que abordan asuntos de leyes deben ser aprobados por mayoría simple (65 votos). Los plebiscitos para asuntos constitucionales deben ser aprobados por mayoría calificada (86 votos).
En este caso, la oposición no logró ni la mayoría simple ni mucho menos la mayoría calificada, ya que la votación fue de 55 votos a favor de la consulta y 66 votos en contra.
En la pantalla electrónica se observó un punto amarillo, es decir, una abstención en un curul de la bancada de Libre. El voto en contra fue de nacionalistas, de la Democracia Cristiana, Unificación Democrática, del Partido Liberal y de Libre, inclusive. Votos a favor hubo en las bancadas del Partido Liberal, Libre y PAC.
Desfavorable
Antes de la votación, el diputado Tomás Zambrano leyó el dictamen, el cual fue desfavorable a la solicitud de los 10 diputados para que solicitara la creación de una CICI en Honduras.
La comisión consideró que no era necesaria dicha consulta y no procede debido a que el Poder Ejecutivo ya se ha pronunciado sobre el tema, e incluso ha convocado a un diálogo nacional al respecto.
Además, porque las instituciones encargadas de administrar justicia han tomado acciones para reducir los niveles de corrupción e impunidad en el país.
En su dictamen, la comisión especial presentó los informes solicitados al Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad y otras instituciones consultadas con relación a la lucha contra la impunidad.
Se destaca en el informe la opinión del TSE en el sentido que la organización de un plebiscito llevaría siete meses y tendría un costo de L688 millones, que debido a la situación económica del país no es viable dicho financiamiento.
También se argumenta que el Poder Ejecutivo ya ha tomado acciones y presentado una propuesta de un sistema integral de lucha contra la corrupción y la impunidad.
Diputados
La jefa de la bancada del Partido Liberal, Gabriela Núñez, votó en contra del dictamen y a favor del plebiscito atendiendo el clamor de miles y miles de jóvenes indignados que se han lanzado a las calles para exigir el combate a la corrupción y a la impunidad.
La diputada Beatriz Valle indicó que desde que se nombró la comisión de dictamen, de la cual ella fue miembro, quedó evidenciado el sesgo y la falta de voluntad para llevar a cabo una consulta popular. Dijo que desde que el TSE presentó un presupuesto muy elevado ya se dictó una línea oficial en contra del plebiscito.
El diputado liberal Darío Banegas afirmó que con los argumentos de la comisión de dictamen y la opinión de sus compañeros de cámara, “concluimos que Honduras seguirá sangrando por el daño que causan los corruptos y depredadores de este país” y votó en contra del dictamen.
La diputada del Pinu, Doris Gutiérrez, indicó que la consulta no toca la Constitución ni los tratados internacionales y que tampoco es válido el argumento del TSE sobre el costo de la consulta.
El presidente del Congreso, Mauricio Oliva argumentó que “no podemos suplantar a los operadores de justicia” y pidió que concurran al diálogo convocado por Hernández.
Una vez hecha la votación, diputados de Libre comenzaron a sonar sus pitos en la cámara.
Oliva declaró la sesión en receso por 20 minutos y la convocó para las 8:50 pm con el fin de ratificar el acta y se despidió de todos los diputados con el mensaje: “Feliz pitada”.
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