El fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, anunció que en las próximas semanas se reestructurará la Dirección de Lucha Contra el Narcotrafico (DLCN) para 'que esa dirección cumpla los objetivos de la Fiscalía General', dijo.
Explicó que 'viene un proceso de modernización y reestructuración en la DLCN, que fue concebida en 1994, y que no creció ni ha mutado como lo ha hecho el fenómeno del crimen organizado'
Por ello destacó que 'hay que readecuar sus estructuras, hay que modernizarla con equipo técnico, estamos reclutando nuevo personal y estamos aumentado la presencia a nivel nacional porque actualmente solo tenemos en las tres principales ciudades del país', declaró.
De acuerdo a Chinchilla, el Ministerio Público se ha concentrado en el combate a la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia común. 'Nosotros estamos atacando las estructuras del crimen organizado y por otro extremo la privación de los bienes de origen ilícito que generan estas actividades'.
Agregó que 'en nuestra administración hemos realizado las dos operaciones más grande de la historia. No se habían dado golpes tan fuertes al narcotráfico y jamás se habían quitado tantos bienes con la ley de privación de dominio, no solo por narcotráfico, sino por corrupción'.
Derechos Humanos
Sobre los resultados del examen presentado por Honduras ante el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Chinchilla los calificó como un espaldarazo para el país.
'Marcan un punto destacado en la protección de los derechos humanos en el país. Debemos recibir la noticia con cierta esperanza y como un punto que debe fortalecerse y seguir trabajando para obtener mejores evaluaciones en este tema', dijo.
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Chinchilla explicó que 'la protección y defensa de los derechos humanos son un proceso, y lógicamente alcanzar los niveles óptimos que deberían tenerse demanda cumplir con varias recomendaciones como fortalecer las instituciones y generar una cultura de protección de los derechos humanos'.
Respecto al Examen Periódico Universal de Honduras, el fiscal dijo que 'es un espaldarazo para el país, pero nos debe comprometer aún más, no solo a los operadores de justicia y seguridad sino a todas las instituciones y al mismo pueblo hondureño para que conozcan sus derechos, los reclamen y los hagan valer para tener un estandar óptimo en derechos humanos', indicó.