Tegucigalpa, Honduras
Desde diciembre de 2014, la Secretaría de Seguridad suspendió a 71 miembros de dos unidades especializadas de la Policía Nacional involucradas en el hurto de 1.3 millones de dólares. La sanción establecía el retiro de los uniformados de sus labores y solo se les ordenó que debían presentarse los viernes de cada semana a firmar un libro en el cuartel en Casamata.
La medida desde la suspensión, aseguran las autoridades policiales, se cumplió, solo el pasado viernes 20 de febrero los nueve miembros de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial (Tigres) que están acusados no llegaron a firmar.
“Desde que se dieron a conocer los nombres de los nueve policías a los que el Ministerio Público les presentó un requerimiento fiscal por abuso de autoridad, no se presentaron a firmar tal como se acordó desde su suspensión. El procedimiento administrativo interno establece una espera de 72 horas, que se cumplen hoy, y si no se presentan, entonces se declarará la acción como un abandono y esto permitirá la cancelación del acuerdo, mediante una audiencia de descargo”, detalló Leonel Sauceda, vocero de la Secretaría de Seguridad.
La Fiscalía presentó el requerimiento contra ellos y se emitió una orden de captura. Junto con los 50 tigres investigados, también hay 22 elementos de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (USI), a los que también se les sigue la pista para determinar el papel que tuvieron en el hecho ilícito.
Otros delitos
La Dirección de Investigación de Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) asegura que envió al Ministerio Público un expediente que contiene las investigaciones realizadas por esa entidad, que comprende 216 folios útiles y dos anexos, en los que se establece que hay indicios suficientes para que el requerimiento fiscal pueda ampliarse y no solo contra los nueve acusados inicialmente.
“Hay otras figuras que pueden acreditárseles de responsabilidad penal como apropiación indebida de fondos, violación de los deberes de los funcionarios y responsabilidad en la custodia de bienes incautados. Ese requerimiento puede ampliarse a más personas, incluso a algunos que no estuvieron en el operativo que por su función tenían responsabilidad en el caso investigado”, dijo Eduardo Villanueva, director de la DIECP.
Para el funcionario, las acciones comprenden también la ubicación del dinero que los soldados hurtaron, como parte de las acciones que en el proceso de investigación se realiza.
La DIECP solicitará al Ministerio Público la asignación de un fiscal para que les respalde las acciones que en el marco de las investigaciones que en el caso de los tigres se realizan para allanamientos e intervenciones telefónicas que deben ser avaladas por la figura legal de un fiscal para que sea una prueba válida.
