San Pedro Sula, Honduras.
Los hornos de la panadería están dañados, el zinc del local donde funciona la escuela no sirve y la empresa que donaba el paquete de limpieza que recibían los 32 internos cada mes como pago por impartir clases, dejó de darlo.
Las condiciones de los talleres que funcionan en el centro penal son lamentables y la Pastoral Penitenciaria, único grupo que trabaja en la rehabilitación de los reos, hace lo que puede por ayudar.
La situación sería otra si se hubiese cumplido lo acordado en una reunión del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que se aprobó un proyecto de reinserción penitenciaria con la Pastoral de la Iglesia Católica para dotar de equipo a los talleres del presidio.
La asignación que se había hecho era de L10 millones, pero esos fondos nunca fueron desembolsados.
LA PRENSA publicó en exclusiva que existen L30 millones de la tasa de seguridad que están engavetados en una cuenta municipal y que, por burocracia, no se han utilizado.
Zobeyda Mendoza, coordinadora de la Pastoral Penitenciaria, refirió que presentaron el proyecto y les dijeron que establecieran sus necesidades.
Hasta los motivaron a que pusieran entre los requerimientos la compra de un carro, recuerda Mendoza.
Ese proyecto fue presentado en agosto del año pasado con el fin de trabajar en la rehabilitación y reinserción laboral de los privados de libertad. Mendoza admite que se sintieron esperanzados, sin embargo, también utilizados, porque hasta la fecha no han logrado obtener ningún lempira de esos L10 millones que le prometieron, provenientes de la tasa de seguridad y como parte del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana de San Pedro Sula 2013-2018.
Los integrantes de la Pastoral desconocen si esos L10 millones son los L30 millones que están engavetados en esa cuenta.
La existencia de esos L30 millones de la tasa de seguridad es conocido por todos y confirmada por las autoridades municipales, quienes se han convertido en guardianes de esos fondos.
Transparencia
Samuel Madrid, regidor comisionado de seguridad, dice que no han recibido ningún informe.
“En ese tema estamos pendientes que se nos diga en qué se va a invertir ese dinero. Creemos que el alcalde tendrá que informar al pleno”.
“Sabemos que el dinero está en reserva y, como comisionado de seguridad, no he tenido acceso y desconozco las razones por las que no se ha ejecutado”.
Madrid dijo que el Plan Local de Convivencia y Seguridad no ha sido ejecutado como se esperaba, pero la alcaldía a través de la gerencia de prevención y seguridad ha realizado acciones encaminadas al papel que le corresponde.
El regidor Luis Cardona refiere que se han dado varios intentos por ejecutar esos recursos y desafortunadamente hay algunas cosas que no se han podido hacer como equipo. “Estamos esperando llegar a un consenso con la Cámara”. Benito Zelaya, comisionado de transparencia municipal, dijo: “Acabo de ver la noticia en el periódico y vamos a investigar qué es lo que está pasando con eso”.
Los hornos de la panadería están dañados, el zinc del local donde funciona la escuela no sirve y la empresa que donaba el paquete de limpieza que recibían los 32 internos cada mes como pago por impartir clases, dejó de darlo.
Las condiciones de los talleres que funcionan en el centro penal son lamentables y la Pastoral Penitenciaria, único grupo que trabaja en la rehabilitación de los reos, hace lo que puede por ayudar.
La situación sería otra si se hubiese cumplido lo acordado en una reunión del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que se aprobó un proyecto de reinserción penitenciaria con la Pastoral de la Iglesia Católica para dotar de equipo a los talleres del presidio.
La asignación que se había hecho era de L10 millones, pero esos fondos nunca fueron desembolsados.
LA PRENSA publicó en exclusiva que existen L30 millones de la tasa de seguridad que están engavetados en una cuenta municipal y que, por burocracia, no se han utilizado.
Zobeyda Mendoza, coordinadora de la Pastoral Penitenciaria, refirió que presentaron el proyecto y les dijeron que establecieran sus necesidades.
Hasta los motivaron a que pusieran entre los requerimientos la compra de un carro, recuerda Mendoza.
Ese proyecto fue presentado en agosto del año pasado con el fin de trabajar en la rehabilitación y reinserción laboral de los privados de libertad. Mendoza admite que se sintieron esperanzados, sin embargo, también utilizados, porque hasta la fecha no han logrado obtener ningún lempira de esos L10 millones que le prometieron, provenientes de la tasa de seguridad y como parte del Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana de San Pedro Sula 2013-2018.
Los integrantes de la Pastoral desconocen si esos L10 millones son los L30 millones que están engavetados en esa cuenta.
La existencia de esos L30 millones de la tasa de seguridad es conocido por todos y confirmada por las autoridades municipales, quienes se han convertido en guardianes de esos fondos.
Transparencia
Samuel Madrid, regidor comisionado de seguridad, dice que no han recibido ningún informe.
“En ese tema estamos pendientes que se nos diga en qué se va a invertir ese dinero. Creemos que el alcalde tendrá que informar al pleno”.
“Sabemos que el dinero está en reserva y, como comisionado de seguridad, no he tenido acceso y desconozco las razones por las que no se ha ejecutado”.
Madrid dijo que el Plan Local de Convivencia y Seguridad no ha sido ejecutado como se esperaba, pero la alcaldía a través de la gerencia de prevención y seguridad ha realizado acciones encaminadas al papel que le corresponde.
El regidor Luis Cardona refiere que se han dado varios intentos por ejecutar esos recursos y desafortunadamente hay algunas cosas que no se han podido hacer como equipo. “Estamos esperando llegar a un consenso con la Cámara”. Benito Zelaya, comisionado de transparencia municipal, dijo: “Acabo de ver la noticia en el periódico y vamos a investigar qué es lo que está pasando con eso”.
