Tegucigalpa, Honduras.
Sin requerimientos fiscales ni detalles de los avances en la investigación se encuentra el hurto de los 1.3 millones de dólares que un grupo de la unidad Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), junto con agentes de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (USI), sustrajeron luego de la captura de los hermanos Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle en la comunidad de Potrerillos, Florida, Copán.
Los implicados en la sustracción de dos sacos llenos de dólares fueron suspendidos por seis meses mientras se hacían las investigaciones, y pese a que la propia Secretaría de Seguridad cuenta con videos y confesiones escritas y firmadas de los implicadas, todo apunta a que el caso no será judicializado. “Todo indica que el procedimiento de indagación interna que realizaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad no tiene la posibilidad de judicializar el caso donde se dio el hurto de los dólares por elementos de la unidad Tigres.
Esto parece que se va a quedar en una sanción administrativa, porque se han negado ahora a recibir esas pruebas, porque no fue la Fiscalía la que investigó, sino la Policía, ese caso va para la impunidad”, dijo Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en su participación en el programa Frente a Frente de Televicentro, la semana anterior. Las autoridades habían anunciado que en enero las investigaciones de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) con el Ministerio Público permitirían individualizar las sanciones a cada uno de los oficiales y agentes investigados para determinar quiénes fueron los autores, encubridores y cómplices en el caso; pero hasta la fecha esas posibilidades parece que se esfuman.
“Hay fallas en el sistema judicial, porque hay videos y confesiones escritas y firmas, pero no tienen peso ante un juez. Yo me quedé sorprendido sobre eso, porque tienen que probar que el pisto lo gastaron. Aunque con su puño y letra confiesa que él recibió el dinero, ante el juez no vale. No me pregunte por qué”, explicó Arturo Corrales, Ministro de Relaciones Exteriores.
Los protegen
La lentitud para deducir más que una responsabilidad administrativa a los agentes y oficiales implicados en la millonaria sustracción de dinero, para la rectora de la Unah no es más que un vivo ejemplo de cómo la institucionalidad los protege incluso al ocultar sus identidades.
“Nunca aparecieron los nombres y aquí hubo un robo. La institución les cuida su integridad, pero cuando es un civil eso no pasa, y no es correcto. Por eso se crean castas que se sienten por encima de la ley y eso fomenta la impunidad”, dijo Castellanos.
A casi cuatro meses del hurto millonario, la investigación poco o nada ha avanzado, pese al escándalo en que se ha envuelto una de las unidades de élite de la Policía que fue certificada por la Embajada de Estados Unidos.
Desde el 22 de diciembre de 2014 que los señalados de sustraer 1.3 millones de dólares comparecieron ante la Fiscalía se siguen esperando los requerimientos fiscales que no se libran y al parecer todo indica que este será un caso más que dormirá el sueño de los justos.
Sin requerimientos fiscales ni detalles de los avances en la investigación se encuentra el hurto de los 1.3 millones de dólares que un grupo de la unidad Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), junto con agentes de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (USI), sustrajeron luego de la captura de los hermanos Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle en la comunidad de Potrerillos, Florida, Copán.
Los implicados en la sustracción de dos sacos llenos de dólares fueron suspendidos por seis meses mientras se hacían las investigaciones, y pese a que la propia Secretaría de Seguridad cuenta con videos y confesiones escritas y firmadas de los implicadas, todo apunta a que el caso no será judicializado. “Todo indica que el procedimiento de indagación interna que realizaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad no tiene la posibilidad de judicializar el caso donde se dio el hurto de los dólares por elementos de la unidad Tigres.
Esto parece que se va a quedar en una sanción administrativa, porque se han negado ahora a recibir esas pruebas, porque no fue la Fiscalía la que investigó, sino la Policía, ese caso va para la impunidad”, dijo Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en su participación en el programa Frente a Frente de Televicentro, la semana anterior. Las autoridades habían anunciado que en enero las investigaciones de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) con el Ministerio Público permitirían individualizar las sanciones a cada uno de los oficiales y agentes investigados para determinar quiénes fueron los autores, encubridores y cómplices en el caso; pero hasta la fecha esas posibilidades parece que se esfuman.
“Hay fallas en el sistema judicial, porque hay videos y confesiones escritas y firmas, pero no tienen peso ante un juez. Yo me quedé sorprendido sobre eso, porque tienen que probar que el pisto lo gastaron. Aunque con su puño y letra confiesa que él recibió el dinero, ante el juez no vale. No me pregunte por qué”, explicó Arturo Corrales, Ministro de Relaciones Exteriores.
Los protegen
La lentitud para deducir más que una responsabilidad administrativa a los agentes y oficiales implicados en la millonaria sustracción de dinero, para la rectora de la Unah no es más que un vivo ejemplo de cómo la institucionalidad los protege incluso al ocultar sus identidades.
“Nunca aparecieron los nombres y aquí hubo un robo. La institución les cuida su integridad, pero cuando es un civil eso no pasa, y no es correcto. Por eso se crean castas que se sienten por encima de la ley y eso fomenta la impunidad”, dijo Castellanos.
A casi cuatro meses del hurto millonario, la investigación poco o nada ha avanzado, pese al escándalo en que se ha envuelto una de las unidades de élite de la Policía que fue certificada por la Embajada de Estados Unidos.
Desde el 22 de diciembre de 2014 que los señalados de sustraer 1.3 millones de dólares comparecieron ante la Fiscalía se siguen esperando los requerimientos fiscales que no se libran y al parecer todo indica que este será un caso más que dormirá el sueño de los justos.
