Tegucigalpa, Honduras.
La Procuraduría General de la República (PGR) actuó de inmediato ante los 10 días hábiles que le otorgaron los juzgados para interponer un recurso a la demanda millonaria que el Estado de Honduras perdió ante Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., por 430.8 millones de lempiras.
“El recurso de apelación ya fue presentado”, afirmó a LA PRENSA el procurador general de la República, Abraham Alvarenga. Debido a la investigación especial que el presidente Juan Orlando Hernández ordenó a la Dirección de Inteligencia del Estado sobre la pérdida de las demandas millonarias, el procurador fue escueto en sus declaraciones.
“La información que publicó LA PRENSA es correcta. Ya se presentó el recurso de apelación y quedan más recursos. La sentencia condenatoria en este caso fue en 2010. Ahora estamos peleando judicialmente para detener la ejecución de esta condena”, explicó Alvarenga.
LA PRENSA informó ayer que la demanda de Tradeco con número 352-07 en contra de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas y Transporte (Soptravi), hoy Infraestructura de Servicios Públicos (Insep), fue resuelta a favor de la empresa. “El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo manda ajustar la petición presentada por Tradeco, liquidar la sentencia definitiva del 11 de noviembre de 2010 y fijar como cantidad que el Estado de Honduras le debe pagar a Tradeco la cantidad de L.430,832,733.64”, se explica en el documento al que LA PRENSA tuvo acceso.
La notificación se generó luego de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo emitiera una resolución en la que ratifica que el Estado debe pagar a la compañía la millonaria cantidad, como lo había señalado en 2010.
El presidente Hernández se mostró sorprendido, ya que hace unos días la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado pagar unos L126 millones a una empresa farmacéutica.
La demanda
El 20 de marzo de 2003, Soptravi y Tradeco celebraron un contrato de construcción para la ejecución del proyecto “Rehabilitación de carretera Puerto Cortés-frontera con Guatemala, sección I” por un monto original de 388,998,015.01 lempiras a un plazo de 18 meses.
Ambas partes acordaron modificar el contrato original y subieron la cifra a L476,804,813.86, según documentación en poder de LA PRENSA. Tradeco informó en el juicio que cuando el proyecto estaba en su fase final presentaron reclamo porque solo se les pagó una parte.
La compañía informó a la Dirección General de Carreteras que suspendería los trabajos. El 27 de septiembre de 2005, Tradeco notificó a Soptravi la rescisión del contrato y solicitó que se les reconocieran los costos por los daños y perjuicios. Soptravi, liderada por Jorge Carranza en ese tiempo, alegó que Tradeco desde el inicio y de forma injustificada “retrasó la ejecución de la obra”.
Los alegatos de Soptravi no fueron suficientes y el Estado perdió la demanda, ya que Soptravi acordó en la cláusula 19 del contrato que “el contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación de este contrato o suspender temporalmente los trabajos si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos”.
La Procuraduría General de la República (PGR) actuó de inmediato ante los 10 días hábiles que le otorgaron los juzgados para interponer un recurso a la demanda millonaria que el Estado de Honduras perdió ante Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., por 430.8 millones de lempiras.
“El recurso de apelación ya fue presentado”, afirmó a LA PRENSA el procurador general de la República, Abraham Alvarenga. Debido a la investigación especial que el presidente Juan Orlando Hernández ordenó a la Dirección de Inteligencia del Estado sobre la pérdida de las demandas millonarias, el procurador fue escueto en sus declaraciones.
“La información que publicó LA PRENSA es correcta. Ya se presentó el recurso de apelación y quedan más recursos. La sentencia condenatoria en este caso fue en 2010. Ahora estamos peleando judicialmente para detener la ejecución de esta condena”, explicó Alvarenga.
LA PRENSA informó ayer que la demanda de Tradeco con número 352-07 en contra de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas y Transporte (Soptravi), hoy Infraestructura de Servicios Públicos (Insep), fue resuelta a favor de la empresa. “El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo manda ajustar la petición presentada por Tradeco, liquidar la sentencia definitiva del 11 de noviembre de 2010 y fijar como cantidad que el Estado de Honduras le debe pagar a Tradeco la cantidad de L.430,832,733.64”, se explica en el documento al que LA PRENSA tuvo acceso.
La notificación se generó luego de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo emitiera una resolución en la que ratifica que el Estado debe pagar a la compañía la millonaria cantidad, como lo había señalado en 2010.
El presidente Hernández se mostró sorprendido, ya que hace unos días la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado pagar unos L126 millones a una empresa farmacéutica.
La demanda
El 20 de marzo de 2003, Soptravi y Tradeco celebraron un contrato de construcción para la ejecución del proyecto “Rehabilitación de carretera Puerto Cortés-frontera con Guatemala, sección I” por un monto original de 388,998,015.01 lempiras a un plazo de 18 meses.
Ambas partes acordaron modificar el contrato original y subieron la cifra a L476,804,813.86, según documentación en poder de LA PRENSA. Tradeco informó en el juicio que cuando el proyecto estaba en su fase final presentaron reclamo porque solo se les pagó una parte.
La compañía informó a la Dirección General de Carreteras que suspendería los trabajos. El 27 de septiembre de 2005, Tradeco notificó a Soptravi la rescisión del contrato y solicitó que se les reconocieran los costos por los daños y perjuicios. Soptravi, liderada por Jorge Carranza en ese tiempo, alegó que Tradeco desde el inicio y de forma injustificada “retrasó la ejecución de la obra”.
Los alegatos de Soptravi no fueron suficientes y el Estado perdió la demanda, ya que Soptravi acordó en la cláusula 19 del contrato que “el contratista podrá solicitar la rescisión o cancelación de este contrato o suspender temporalmente los trabajos si el Gobierno injustificadamente retrasara los pagos”.
