San Pedro Sula, Honduras.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitirá una resolución expedita sobre aceptar o no el envío de una solicitud de extradición de la chilena Natalia Patricia Ciuffardi Castro.
La semana anterior, el Ministerio Público (MP) presentó en la CSJ la formalización de una solicitud de extraditar a Ciuffardi para que sea juzgada en Honduras por lavado de activos.
La formalización la suscribe el fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, luego que el MP conociera de la captura de Ciuffardi, a quien requiere para que enfrente cargos por actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El MP obtendrá una respuesta expedita de la CSJ sobre si procede o no solicitar la extradición de la chilena.
“El trámite es expedito, es rápido. La Sala Penal ya está viendo la solicitud”, informó Melvin Duarte, portavoz de la CSJ.
Se cree que en esta semana estará lista la resolución, agregó el vocero.
La Sala Penal está conformada por tres magistrados: Carlos David Cálix Vallecillo, Jacobo Cálix y Marco Vinicio Zúniga.
Procedimiento
Este es un caso calificado como extradición activa, en el cual Honduras es el Estado requirente.
La Secretaría de la CSJ remitió el expediente a la Sala Penal, que inició un estudio del mismo para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos, informó el portavoz.
Entre ellos, que lo que se estipula como delito, en este caso lavado de activos, exista también en Chile. Verificar la prescripción, sobre el vencimiento del plazo para acusar, la identificación plena de la persona requerida, los tipos de penas y revisar los convenios que sustenta el MP para solicitar la extradición.
Si la Sala Penal acepta la extradición, remitirá el expediente a la Cancillería para que la remita a las autoridades chilenas, quienes decidirán si Ciuffardi es enviada o no a Honduras.
En Chile se evacuará un pequeño juicio para sentenciar si Ciuffardi es extraditada a Honduras para que sea juzgada por lavado de activos.
Sustento legal
Según las autoridades del MP, existe sustento legal para pedir la extradición de la chilena.
“Hicimos la solicitud conscientes de que hay un respaldo jurídico internacional para hacerlo. Si supiéramos que Chile no podría extraditar a esta ciudadana, no la hubiésemos instado”, manifestó Ramírez Aldana.
Para el caso, la petición de extradición se sustenta en una Convención Interamericana de Montevideo, suscrita en diciembre de 1933, en el que Honduras y Chile son Estados suscriptores. “Es el fundamento jurídico internacional que le permite al Ministerio Público de Honduras plantear esta solicitud y a las autoridades chilenas tomar una decisión al respecto”, apuntó.
Cabe señalar que en el anteproyecto de Ley de Extradición que conoce el Congreso Nacional se propone regular las extradiciones solicitadas por el MP.
El MP requiere a la chilena para juzgarla como autora directa del delito de lavado de activos, al ser considerada parte de una red de testaferros que saqueó al IHSS con “empresas fantasmas”.
