San Pedro Sula, Honduras.
La premura con la que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el fallo contra el Estado de Honduras condenándolo a pagar 126 millones de lempiras sorprende a varios abogados que han venido esperando por años una resolución de los casos que mediante recurso de casación han presentado en la máxima corte.
Un caso concreto es el de la abogada Maribel Espinoza, quien representa a Banco Sogerin y lleva 18 años pidiendo justicia y todavía la Corte Suprema no resuelve el recurso de casación que interpuso hace 10 años. “Llama la atención la rapidez con la que resolvieron este fallo de los 126 millones. A manera de ejemplo, el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia de mi representado tiene 10 años y sigo esperando el fallo que dicen que ya fue emitido, pero no he podido verlo y tampoco me notifican. El expediente ha permanecido en la Corte y no han resuelto. Es un asunto económico igualmente enorme donde hay muchos intereses acumulados”, explicó Espinoza.
La abogada Espinoza no comprende cómo un caso que hace pocos meses la Corte conoció fue resuelto de forma expedita y otros que por antigüedad han estado esperando ser resueltos duermen el sueño de los justos.
“Hago esta comparación porque el pueblo hondureño debe preguntarse qué debemos hacer como ciudadanos para que la justicia no sea tardía, para que la justicia sea aplicada dentro de los plazos legales y para que las sentencias dictadas no se vuelvan controvertidas, pues el Poder Judicial debe garantizar a sus ciudadanos el Estado de derecho”, apuntó. Y es que la Sala de lo Constitucional resolvió el amparo interpuesto contra la sentencia dictada el 19 de julio de este año por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en la que se ordenó la ejecución forzosa de un título extrajudicial a favor de la sociedad mercantil Pharmas Sula S.A de C.V, a la que el Estado de Honduras deberá pagar 126.8 millones de lempiras. La abogada Espinoza agregó que “independientemente de cualquier fallo, debe perseguirse la responsabilidad que corresponda contra los funcionarios públicos que intervinieron en esos actos en los que por acción u omisión hicieron posible esa condena en contra del Estado. En todas las demandas que pierde el Estado hay una clara responsabilidad ya sea de funcionarios públicos o en su caso de algunos abogados que han participado en los procesos, ya sea por dolo, culpa o negligencia, por lo que se deben deducir responsabilidades. Eso es lo correcto” señaló.
Irregularidades
La polémica por la forma apresurada con la que se confirmó la condena , presenta, según expertos, varias irregularidades. Primero, los magistrados propietarios Víctor Lozano, German García, Lidia Estela Cardona, Silvia Trinidad Santos y Elmer Lizardo conocieron inicialmente el amparo y acordaron dejar en suspenso la resolución al considerar que ameritaba más estudio porque habían dudas en algunos aspectos con lo cual solo ellos podían fallar dicho asunto. Al incorporar otros magistrados al pleno pasan a conocer el mismo asunto dejado en suspenso. Aquí se violentó el acuerdo interno que ante la ausencia de al menos dos magistrados propietarios de una sala no se convocaría al pleno para resolver recursos.
Otra irregularidad es que la cédula de notificación de la sentencia aparece con seis firmas, en la que figura el nombre de Estela Cardona, sin haber participado ella.
Ante el escándalo que envuelve a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso la noche del miércoles un recurso de reposición, con el fin de que se revoque la sentencia.
“Esperamos que se reconsidere la decisión y que no tengamos que ejecutar esa decisión emanada por los órganos jurisdiccionales del Estado”, dijo el procurador general Abrahan Alvarenga.
Conforme a derecho
Reina Sagrario Solórzano, magistrada que participó en el pleno de la Sala Constitucional en representación de uno de los magistrados ausentes, dijo que las actuaciones que realizaron para fallar en el caso de Pharmassula fue conforme a derecho. “Nos sujetamos a lo que aparece en los expedientes. Nosotros teníamos que decidir si procede o no procede. No podemos hacer ni empates porque no se trata de un partido. Esta decisión fue conforme a derecho. Lo que hicimos fue conocer la ejecución de una sentencia que en la Corte de Apelaciones había sido confirmada.
