Texas, Estados Unidos.
Tal como lo habían adelantado algunos senadores republicanos, una coalición de 17 estados liderada por Texas interpuso hoy una demanda contra la acción ejecutiva sobre inmigración anunciada en noviembre por el presidente estadounidense, Barack Obama, misma que pretenden legalizar temporalmente a unos cinco millones de indocumentados.
Así lo anunció el procurador general de Texas y gobernador electo, Greg Abbott, que interpuso la demanda ante un tribunal federal al considerar que Obama se extralimitó en sus poderes.
Tal como lo habían adelantado algunos senadores republicanos, una coalición de 17 estados liderada por Texas interpuso hoy una demanda contra la acción ejecutiva sobre inmigración anunciada en noviembre por el presidente estadounidense, Barack Obama, misma que pretenden legalizar temporalmente a unos cinco millones de indocumentados.
Así lo anunció el procurador general de Texas y gobernador electo, Greg Abbott, que interpuso la demanda ante un tribunal federal al considerar que Obama se extralimitó en sus poderes.
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'El presidente está renunciando a su responsabilidad de hacer cumplir fielmente las leyes que fueron debidamente promulgadas por el Congreso y está intentando reescribir las leyes de inmigración, lo cual no tiene autoridad de hacer', dijo Abbott en rueda de prensa.
Los estados que acompañan a Texas en la demanda son Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Misisipi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah, Virginia del Este y Wisconsin.
Se trata de la segunda demanda de alto perfil en contra de las medidas promovidas por Obama, tras la anunciada por el polémico alguacil de Arizona Joe Arpaio, conocido por su mano dura contra los indocumentados y sus redadas en negocios que les dan trabajo.
Por su parte, el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, instó el martes a sus compañeros a aprobar un presupuesto que solamente financie al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el encargado de ejecutar dichas medidas migratorias, hasta marzo de 2015, cuando está prevista su puesta en vigor.
