San Pedro Sula, Honduras.
A 13 millones de lempiras podría ascender el supuesto fraude originado en las oficinas regionales del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) contra un grupo de aportantes, entre ellos un exalcalde sampedrano.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción inició una investigación sobre el caso y se están realizando varias auditorías para determinar la veracidad de las denuncias de afectados.
De acuerdo con la información en poder de La Prensa, a los aportantes se les hicieron las deducciones normales, pero dejaron de laborar y nunca fueron a recoger los fondos que les correspondían en el plazo establecido.
Al parecer, algunos empleados y exempleados del Régimen, que ya están plenamente identificados, comenzaron a revisar en el sistema los antecedentes de los aportantes, a quienes, según ellos, no les importaba ese dinero, en vista de que habían pasado varios años.
La Fiscalía investiga a los trabajadores que empezaron a sacar toda la información del sistema, emitían copias a color de las cédulas de los afectados y elaboraban las cartas poder valiéndose de un abogado y notario, que también está siendo investigado, para que les autenticara el documento.
Con esos documentos autenticados, comprobaban que la carta había sido elaborada en presencia de los usuarios afectados, pues anexaban la copia de la cédula y el historial.
Una vez hecho el trámite en la regional con la carta poder, los mismos empleados enviaban la documentación a Tegucigalpa para que les dieran el visto bueno y confirmaran que la información era correcta.
Ya finalizado ese trámite, los mismos empleados llamaban al banco para que ahí les entregaran el dinero a las personas, en este caso se valían de amigos, los que en contubernio con los empleados de la institución iban a cobrar el dinero, y el banco lo entregaba porque aparentemente no había nada que objetar.
Esa forma de operar afectó a extranjeros y nacionales, los que tenían ahorradas grandes cantidades de dinero.
Algunos de los afectados interpusieron denuncia en el Ministerio Público y se inició la investigación.
Se hicieron varias auditorías y hoy la Fiscalía contra la Corrupción presentará los requerimientos fiscales contra empleados y exempleados del RAP, así como a otras personas que se confabularon para poder retirar fondos de la institución.
Hasta el momento, según las investigaciones, son al menos 20 personas las involucradas que compraron viviendas y otros bienes, además su estilo de vida cambió.
