Ciudad de México.
La matanza de Tlatlaya amenaza con convertirse en uno de los episodios más negros de la llamada “guerra contra el narco”. En una decisión casi sin precedentes, la justicia militar arrestó a siete soldados y un oficial.
La Secretaría de la Defensa informó que los militares fueron detenidos el jueves y presentados ante un tribunal castrense por su presunta responsabilidad en “delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes” en los hechos registrados el 30 de junio en la localidad de San
Pedro Limón. De acuerdo con la versión oficial difundida hasta ahora por el Ministerio de Defensa, los 22 civiles perdieron la vida en un choque armado registrado cuando un grupo de militares que realizaba labores de vigilancia fue agredido por desconocidos.
Sin embargo, esa versión fue puesta en entredicho por una testigo que aseguró a la revista Esquire Latinoamérica que los soldados fueron los que dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron. En el enfrentamiento, añadió, murió sólo uno de los civiles. Los demás se rindieron y, tras ser interrogados, los soldados los mataron horas después.
Nuevas pruebas
Dicha versión es fortalecida por la publicación este viernes de imágenes “inéditas” enviadas el miércoles pasado de manera anónima a la agencia de noticias MVT, con sede en Toluca, capital del central Estado de México. El director de dicha agencia, Mario Vázquez de la Torre, dijo que recibió las fotos el miércoles pasado en una memoria USB enviada por medio de una mensajería.
Tras contrastar las imágenes con las obtenidas por los fotógrafos supervisados por el ejército, la agencia pidió consejo a un especialista. El penalista José Luis Mejía concluyó que la escena “fue totalmente manipulada” y los cadáveres muestran señales de haber recibido disparos a corta distancia.
Los cuerpos no registran el “giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre de más de 20 metros de distancia”, apuntó MVT en una nota publicada con las fotografías respectivas. Según el experto, ello “evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible”.
Además, los cadáveres presentan manchas de lodo en la ropa, a pesar de que se encuentran tirados sobre un terreno totalmente seco, y la alineación de las armas está fuera de una lógica de enfrentamiento.Tampoco hay evidencia de un solo casquillo de los muchos que debieron quedar en la escena tras más de dos horas del supuesto enfrentamiento.
Victoria de los Derechos Humanos
La organización Human Rights Watch (HRW) celebró las detenciones asegurando que “poco a poco se está desmontando la versión oficial de estos hechos, que busca encubrir, proteger a los responsables de los crímenes cometidos, una vez más, por parte de las Fuerzas Militares”.
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo que se trata de la “peor masacre de los últimos años” a manos de militares y confió en que las autoridades civiles esclarezcan los hechos e identifiquen a los responsables y a quienes han intentado encubrirlos.
Además, lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta ahora haya brillado “por su ausencia” en el caso, si bien hoy uno de sus funcionarios argumentó que ha sido “muy complejo” y que en seis semanas esperan anunciar los resultados de su investigación.
En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, salió en defensa del Ejército al asegurar que en caso de que se determine la responsabilidad de los militares en las muertes, estas representarian “sólo una acción aislada”, y pidió tiempo para que la fiscalía avance en las pesquisas. Osorio añadió que la institución está “colaborando con responsabilidad”.
