San Pedro Sula, Honduras.
Más de 200 mil vendedores informales de San Pedro Sula podrán tener acceso al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mayores oportunidades de financiamiento a la banca privada nacional y a la formalización de sus actividades.
El Congreso Nacional aprobó la Ley para la Protección, Beneficios y Regularización de la Actividad Informal, que entró en vigor el 26 de mayo de 2014, considerando el alza en la tasa de desempleo en el país (3.9%) y visto como una herramienta de apoyo para un gran sector generador de puestos de trabajo.
Mediante la normativa, los emprendedores, su cónyuge e hijos podrán tener acceso a los beneficios del (IHSS) con el pago de las cuotas o contribuciones que determine la institución.
También estarán aptos para abrir cuentas bancarias de ahorro o en cooperativas a nombre de sus empresas, subcontratar los servicios de otras microempresas formalizadas o contratistas independientes sin el establecimiento de un vínculo laboral con las mismas.
Las personas que gozarán de esta ley serán quienes desempeñen actividades dentro del sector informal y que generen rentas que no superen los montos que establezca el reglamento, que podría estar listo en los próximos días.
Además, tendrán que ser acreditados a través de un certificado de formalización que será extendido por cualquier Municipalidad y firmado por el alcalde, cualquiera de sus regidores, el juez municipal y el presidente de cualquier patronato.
El certificado extendido por primera vez será gratuito; sin embargo, debe renovarse semestralmente con un pago mínimo de L100.00.
La certificación exime a los emprendedores del pago de impuestos, tasas o contribuciones relacionadas con su actividad.
Según la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 45 de cada 100 hondureños hacen las actividades laborales por su cuenta; es decir, que no tienen un empleador, sino que generan su propio empleo.
“Estamos contentos”
Efraín Rodríguez, presidente en la zona norte de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras (Anmpih), dice que el acceso al financiamiento es uno de los mayores alicientes de las mipymes para certificar sus empresas.
“Al no tener acceso a préstamos las personas han tenido que recurrir a prestamistas independientes con altas tasas de interés”, expone.
Rodríguez indica que un 30% de las mipymes se van a la quiebra por falta de financiamiento.
“Como asociación estamos muy contentos porque la ley vendrá a favorecer al sector mipyme a nivel nacional”, refiere.
Según datos no oficiales, a nivel nacional existen más de un millón de mipymes. De esas, en San Pedro Sula hay unas 800 mil.
Eugenio Rodríguez, representante del Sindicato Único de Vendedores Ambulantes Nacionales de Honduras (Suvanh), se pronuncia en contra de la normativa porque no contempla las garantías laborales que representantes de tres asociaciones propusieron a través de varios debates el año pasado.
“Trabajamos un proyecto de ley. Lo discutimos en dos debates y en un tercero no apareció nuestra propuesta, sino el otro que fue el que aprobaron”, asevera. Rodríguez asegura que interpondrán un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.
El economista Guillermo Altamirano es del criterio que la banca cuenta con suficientes recursos para el sector informal, pero que ellos están obligados a buscar proyectos viables y que presenten condiciones de pago que permitan recuperar el dinero.
“Hay otro factor: el historial crediticio de la gente y esto perjudica”, concluye.
Más de 200 mil vendedores informales de San Pedro Sula podrán tener acceso al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mayores oportunidades de financiamiento a la banca privada nacional y a la formalización de sus actividades.
El Congreso Nacional aprobó la Ley para la Protección, Beneficios y Regularización de la Actividad Informal, que entró en vigor el 26 de mayo de 2014, considerando el alza en la tasa de desempleo en el país (3.9%) y visto como una herramienta de apoyo para un gran sector generador de puestos de trabajo.
Mediante la normativa, los emprendedores, su cónyuge e hijos podrán tener acceso a los beneficios del (IHSS) con el pago de las cuotas o contribuciones que determine la institución.
También estarán aptos para abrir cuentas bancarias de ahorro o en cooperativas a nombre de sus empresas, subcontratar los servicios de otras microempresas formalizadas o contratistas independientes sin el establecimiento de un vínculo laboral con las mismas.
Las personas que gozarán de esta ley serán quienes desempeñen actividades dentro del sector informal y que generen rentas que no superen los montos que establezca el reglamento, que podría estar listo en los próximos días.
Además, tendrán que ser acreditados a través de un certificado de formalización que será extendido por cualquier Municipalidad y firmado por el alcalde, cualquiera de sus regidores, el juez municipal y el presidente de cualquier patronato.
El certificado extendido por primera vez será gratuito; sin embargo, debe renovarse semestralmente con un pago mínimo de L100.00.
La certificación exime a los emprendedores del pago de impuestos, tasas o contribuciones relacionadas con su actividad.
Según la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 45 de cada 100 hondureños hacen las actividades laborales por su cuenta; es decir, que no tienen un empleador, sino que generan su propio empleo.
“Estamos contentos”
Efraín Rodríguez, presidente en la zona norte de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras (Anmpih), dice que el acceso al financiamiento es uno de los mayores alicientes de las mipymes para certificar sus empresas.
“Al no tener acceso a préstamos las personas han tenido que recurrir a prestamistas independientes con altas tasas de interés”, expone.
Rodríguez indica que un 30% de las mipymes se van a la quiebra por falta de financiamiento.
“Como asociación estamos muy contentos porque la ley vendrá a favorecer al sector mipyme a nivel nacional”, refiere.
Según datos no oficiales, a nivel nacional existen más de un millón de mipymes. De esas, en San Pedro Sula hay unas 800 mil.
Eugenio Rodríguez, representante del Sindicato Único de Vendedores Ambulantes Nacionales de Honduras (Suvanh), se pronuncia en contra de la normativa porque no contempla las garantías laborales que representantes de tres asociaciones propusieron a través de varios debates el año pasado.
“Trabajamos un proyecto de ley. Lo discutimos en dos debates y en un tercero no apareció nuestra propuesta, sino el otro que fue el que aprobaron”, asevera. Rodríguez asegura que interpondrán un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.
El economista Guillermo Altamirano es del criterio que la banca cuenta con suficientes recursos para el sector informal, pero que ellos están obligados a buscar proyectos viables y que presenten condiciones de pago que permitan recuperar el dinero.
“Hay otro factor: el historial crediticio de la gente y esto perjudica”, concluye.
