Tegucigalpa, Honduras.
La Fiscalía contra la Corrupción detectó nuevas irregularidades en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) que se han derivado de la investigación relacionada con la compra anómala de bonos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) por más de 250 millones de lempiras.
En vista de estos hallazgos, la Fiscalía ha abierto 14 nuevas líneas de investigación que incluyen el pago irregular de asesorías legales, compra de regalos suntuosos para los directivos, transacciones de terrenos e inversiones en proyectos habitacionales, contratación de personal supernumerario, despilfarro en supuestas ayudas humanitarias y millonarios pagos de publicidad, entre otras.
La semana anterior un equipo de fiscales intervino las unidades de Vivienda, Legal e Ingeniería del Injupemp para recabar nueva información o elementos que permitan sustentar las indagaciones y los requerimientos fiscales que están por presentarse en contra de los supuestos responsables de estos hechos.
Como parte de las indagaciones por la compra irregular de bonos del Estado, la Fiscalía amplió la toma de declaraciones testificales a las autoridades y responsables administrativos de la Unah y continuará con otras personas implicadas directa o indirectamente en la irregular transacción.
Vienen acusaciones
Una fuente del Ministerio Público confió a LA PRENSA que las investigaciones sobre este supuesto acto de corrupción se encuentran bastante avanzadas y posiblemente en junio próximo se estarían presentando los primeros requerimientos fiscales en contra de los implicados.
El pasado 24 de abril la Fiscalía contra la Corrupción tomó declaración al exdirector del Injupemp, Andrés Torres Rodríguez; el exgerente financiero Carlos Zúniga y al yerno del primero Manuel de Jesús Barahona, quien habría recibido parte de las comisiones por la compra de los bonos.
También fueron citados los hermanos Iván y César Díaz García, supuestos propietarios de la empresa Diazgar, que intermedió para comprar bonos a la Unah.
Una auditoría del tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló que en dicha transacción el Estado de Honduras sufrió un perjuicio económico por el orden de 5.4 millones de lempiras por bonificaciones pagadas a Diazgar, un supuesto bróker que no estaba autorizado para realizar transacciones de intermediación financiera.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) confirmó que Torres Rodríguez y su yerno recibieron las comisiones y las depositaron en sus respectivas cuentas bancarias. En una amplia investigación periodística, LA PRENSA reveló la compra irregular de bonos de inversión por 250 millones de lempiras, así como el reparto de regalos suntuosos para los directivos, inversiones amañadas de proyectos habitacionales y pagos de millonarios servicios a procuradores externos. Uno de estos hechos es la compra de viviendas en el proyecto habitacional Rosa Elena de Lobo a pesar de existir dictámenes técnicos y de auditoría que recomendaban abstenerse de invertir en dicha urbanización debido a graves fallas de construcción.
Amplían investigación
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, amplió que la Fiscalía ha encontrado nuevos hallazgos, pero debido a la falta de personal por ahora se ha centrado en la compra irregular de bonos del Estado a la Unah.
“A razón de las declaraciones de los citados como sospechosos se ampliaron las investigaciones y se tomaron nuevas declaraciones a los responsables de la Universidad y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, incluso hemos efectuado pericias a documentos que han generado otra información”, acotó.
Cálix confirmó que la Fiscalía recibió formalmente tres denuncias de irregularidades en el Injupemp, pero de esas se han desprendido 14 líneas de investigación de carácter oficioso.
