Tegucigalpa, Honduras
Las decisiones administrativas, el improcedente manejo financiero y el despilfarro de recursos al que fue sometido el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) en la última administración le pasará otra factura millonaria a los miles de afiliados de este sistema previsional.
Nuevos hallazgos revelan que en la administración del exdirector de Injupemp, Andrés Torres Rodríguez, se comprometió el patrimonio de la institución en diversas negociaciones incompatibles que le causaron un grave perjuicio económico a esta entidad, según se desprende de información y documentos a los que tuvo acceso Diario LA PRENSA.
De acuerdo a las investigaciones, los fondos de reserva y el capital del Injupemp sufrió un perjuicio económico de más de 10.1 millones de lempiras en la permuta de un terreno que las autoridades de la institución negociaron con la Secretaría de Finanzas como pago por la millonaria deuda que mantenía el Gobierno con este organismo previsional.
La negociación se fraguó entre 2010 y 2012 a petición del entonces director ejecutivo, Andrés Torres Rodríguez, quien propuso a la junta directiva de ese momento el traspaso en pago del inmueble localizado frente al edificio principal del Injupemp, en la residencial Loma Linda, con el fin de construir una torre de aparcamientos.
Esta es una de las 14 líneas investigativas en las que trabaja actualmente la Fiscalía Especial Contra la Corrupción del Ministerio Público y es parte de todas las anomalías descubiertas y documentadas en la administración de Torres Rodríguez que comprendió el periodo 2010-2014.
La Fiscalía concluyó recientemente una primera línea de investigación relacionada con la compra irregular de bonos del Estado por 250 millones de lempiras, hecho por el cual se decretó prisión preventiva al exgerente financiero, Carlos Humberto Zúniga. Por este mismo caso están acusados Manuel de Jesús Barahona, yerno de Andrés Torres, y César Antonio Díaz García.
Por este caso, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exigió al Ministerio Público que se interpongan las acciones judiciales contra el exdirector de Injupemp, quien, según sus investigaciones, “actuó como autor mediato al recibir 3.4 millones de lempiras en comisiones que luego depositó en una cuenta de una institución financiera”.
También están en proceso de investigación otros hechos como la contratación millonaria de procuradores externos, el millonario pago de publicidad y otorgamiento de supuestas ayudas humanitarias, la compra de terrenos en el fracasado proyecto habitacional Rosa Elena de Lobo y el otorgamiento de bonos y regalos suntuosos a los directivos del Injupemp.
El traspaso del terreno
El inmueble en referencia, con una extensión de 15,407.35 metros cuadrados, venía siendo utilizado por el Injupemp como parqueo para sus afiliados y empleados ante el problema de aparcamientos que existe en esa exclusiva zona residencial de la ciudad, pero hasta el año 2012 legalmente perteneció a la Secretaría de Finanzas.
La transacción financiera aparentemente era beneficiosa para el Injupemp porque permitiría recuperar la millonaria mora que arrastraba el Poder Ejecutivo con esta entidad de previsión por concepto de aportaciones deducidas a los empleados del sector oficial, pero que no habían sido enteradas por el Gobierno.
En aquel momento el predio tenía un valor de mercado de 89.9 millones de lempiras, pero según investigaciones las autoridades del Injupemp consintieron que el inmueble se adquiriera a Finanzas por 100 millones de lempiras, es decir, 10.1 millones más de lo estipulado en el avalúo efectuado por una comisión especial integrada al efecto.
Por este hecho que comprometió los fondos aportados por los participantes del sistema y los retiros de los jubilados, el Ministerio Público investiga la posible comisión de los delitos penales de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, entre otros.
Cómo se fraguó el negocio
El 22 de febrero de 2010 la junta directiva del Injupemp aprobó en sesión extraordinaria el acta 1160 que autorizaba al director ejecutivo a efectuar la transacción del referido terreno como pago por la mora que mantenía la Secretaría de Finanzas. En esa ocasión se justificó que el predio sería utilizado en la inmediata construcción de una torre de estacionamientos.
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Luego el 01 de septiembre de ese mismo año, Andrés Torres propuso, mediante comunicación oficial, a Finanzas la transacción del inmueble en dación de pago por las cuotas en mora de los empleados de esa y otras dependencias estatales, bajo el argumento que el terreno “contribuye a solventar la necesidad de espacio físico para parqueo de la institución a su cargo”.
En enero de 2011 se constituyó una comisión especial de avalúo compuesta por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Secretaría de Finanzas, la Procuraduría General de la República y la Oficina Administradora de Bienes Nacionales de la Contaduría General de la República.
Después de realizar minuciosos estudios y comparar los precios del mercado, esta comisión especial concluyó que el valor del terreno era de 89,870,498.39 de lempiras y que por consiguiente “este es el valor recomendado a fin de continuar con las gestiones correspondientes”.
Además de eso, la comisión de avalúo hizo la observación que el predio tenía una extensión de 14,825.96 metros cuadrados, mucho menor a lo que establecía la escritura pública original, por lo tanto, recomendaba hacer las indagaciones en el Instituto de la Propiedad para cotejar la situación legal de los terrenos colindantes.
Pese a estas observaciones y recomendaciones, el exdirector de Injupemp siguió adelante con el proceso y en noviembre de 2012 suscribió con el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, la escritura pública dando por cerrado el trato por un valor de 100 millones de lempiras, 10.1 millones más de lo sugerido por la comisión de avalúo.
El 19 de diciembre de ese mismo año, es decir, 28 días después, Torres Rodríguez giró un memorando a los jefes de servicios legales, de Ingeniería de Proyectos, Finanzas y la División Administrativa, instruyéndolos a “realizar las operaciones que corresponden y concretar la dación, registrar el inmueble como propiedad del instituto e iniciar el proceso de licitación para construir la torre de estacionamiento”.
Una fuente del Injupemp indicó que al final el proyecto no se concretó, pero quedó la duda sobre las motivaciones que llevaron a negociar por un valor mucho más alto el terreno, lo que al final causó un perjuicio económico a las finanzas de la institución por más de 10 millones de lempiras.
