Tegucigalpa, Honduras.
Luego de conocer la decisión del Gobierno de que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) traspasará 33 bienes asegurados del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Mario Zelaya y sus testaferros, Germán Leitzelar, miembro de la junta interventora, manifestó que deben esperar la publicación de las reformas en el diario oficial La Gaceta, además de analizar si son los bienes o el valor en efectivo de estos el que será traspasado.
“Tendremos que ver qué es lo qué más convenga al IHSS, porque si quisiéramos venderlos tenemos que ir a solicitar autorización al Congreso. Todo un proceso legal, entonces ¿qué conviene más, que ellos (Oabi) subasten y nos entreguen el dinero? Eso es lo que tenemos que analizar”, explicó Leitzelar.
Luego de conocer la decisión del Gobierno de que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) traspasará 33 bienes asegurados del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Mario Zelaya y sus testaferros, Germán Leitzelar, miembro de la junta interventora, manifestó que deben esperar la publicación de las reformas en el diario oficial La Gaceta, además de analizar si son los bienes o el valor en efectivo de estos el que será traspasado.
“Tendremos que ver qué es lo qué más convenga al IHSS, porque si quisiéramos venderlos tenemos que ir a solicitar autorización al Congreso. Todo un proceso legal, entonces ¿qué conviene más, que ellos (Oabi) subasten y nos entreguen el dinero? Eso es lo que tenemos que analizar”, explicó Leitzelar.
Vea especial multimedia: Crisis en el Seguro Social de Honduras
Según la última disposición del presidente Juan Orlando Hernández con el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, los 33 bienes hasta ahora asegurados pasarán al IHSS gracias a las reformas que el Congreso Nacional hizo semanas atrás a la Ley de Privación de Dominio y a la de Lavado de Activos.
Valoración
Según el Ministerio Público, los bienes asegurados a Zelaya y sus testaferros ascienden a unos 167 millones de lempiras.
Leitzelar aseguró que es más factible que la Oabi subaste los bienes y entregue el dinero al IHSS, ya que si se traspasan los bienes, la institución deberá venderlos con autorización.
“Mejor que la Oabi venda los bienes y pase el dinero al IHSS, porque definitivamente lo que el Seguro Social necesita es dinero para pagar impuestos, energía eléctrica, agua etc. Esa valoración de 167 millones apenas es un pelito del despilfarro hecho al IHSS, pero ese pelito empieza a llenar la cabeza”, expresó el interventor. Y es que los aseguramientos de bienes supuestamente ligados al exdirector del IHSS -prófugo de la justicia hondureña- podrían continuar en los próximos días, ya que la Fiscalía investiga unos 18 más. El Consejo Nacional Anticorrupción informó que las propiedades ligadas a Zelaya por medio de testaferros podrían ascender a unos 50. “Las actividades en el IHSS continúan, ya hemos equilibrado el presupuesto cubriendo obligaciones, con limitaciones, pero estamos saliendo adelante en la administración de la crisis”, puntualizó Leitzelar.
Bienes serán subastados
Las 33 propiedades incautadas que serán entregadas al IHSS, obtenidas mediante un desfalco a la entidad, serán subastadas.
Antes de la subasta, la Oabi culminará el proceso de avalúo de esos bienes en un plazo no mayor de 17 días, dijo el director interino de esa entidad, Francisco Zavala.
Los 33 bienes (19 casas, 10 oficinas y 4 terrenos) se encuentran como incautados. “Estamos iniciando la coordinación con la interventora del Seguro para determinar si se hace una subasta en conjunto entre el Seguro y la Oabi o trasladar directamente al Seguro y que sea este el que realice el proceso”, dijo Zavala.
Los capitales incautados tienen el valor de unos 200 millones de lempiras, según los valores en las escrituras públicas, pero se presume que muchas de esas posesiones están subvaluadas.
Hace dos semanas, el Congreso Nacional aprobó el artículo 78-A de la Ley de Privación de Dominio que ordena que en casos de secuestro, extorsión y corrupción, los bienes obtenidos por medios de estos ilícitos puedan ser entregados a la “víctima debidamente identificada”.
No obstante, ese mismo artículo también es claro en que la entrega de los bienes a víctimas de corrupción, secuestro o extorsión se hará “cuando la sentencia definitiva declare la privación de dominio (comiso o decomiso)” y todavía no se ha emitido fallo sobre esas posesiones.
La incautación se define como la prohibición temporal de la posesión de un bien sobre el que haya sospecha de que se vaya a utilizar para un crimen o el dueño no justifique su origen legal, según la Ley de Privación de Dominio.
El director interino de la Oabi aclaró que el artículo 196 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de 2014 permiten, no obstante, que un bien en calidad de incautado sea entregado a las instituciones operadoras de justicia o las víctimas de la corrupción.
