San Pedro Sula, Honduras.
“Hay información de personas que van a comerciar dentro del hospital, que intentan sabotear equipos para acelerar la muerte de pacientes. No hay evidencias aun, pero se está investigando”, reveló Merlin Fernández, presidente de la comisión interventora.
Las declaraciones de la ministra de Salud, Yolany Batres, donde informa que el Mario Rivas está secuestrado por el crimen organizado está entre las investigaciones que ya empezó a hacer la comisión interventora.
Fernández señaló que han tenido conocimiento que en los alrededores del sanatorio se venden medicamentos que son propiedad del Estado y que deberían proporcionarse de forma gratuita al enfermo.
El exministro de Salud señaló que para el proceso de investigación se contará con la colaboración de las personas que ocupaban cargos administrativos en el Rivas. “Se ha decidido que nos seguirán apoyando como personas que conocen los procesos, pero no van a tomar ninguna decisión. Todas las decisiones van a ser colegiadas por la comisión interventora y se comunicarán mediante oficios”, aseveró Fernández.
Dejó claro que los cargos de dirección, jefe de personal y otros de carácter administrativo quedan suspendidos para dar el poder a la comisión interventora. “Hemos consultado con Asesoría Legal de Salud. Las personas que están suspendidas ocupaban los cargos recientemente y solo si se encuentra evidencia de actos indebidos de parte de ellos podrían estar sustituidos, de lo contrario seguirán en el hospital”, explicó.
Restringen acceso
Para hacer sus investigaciones la comisión tiene la colaboración de elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) desde el jueves anterior.
Desde ese día se ha mejorado en el tema de seguridad, pero también se ha obstaculizado el acceso a los medios de comunicación.
“Se regulará la entrada de los medios de comunicación para garantizar la privacidad del acto médico y del paciente”, dijo Fernández.
Sin embargo, esta restricción al hospital ha estado acompañada de agresiones verbales y físicas contra los comunicadores.
Por ejemplo, ayer no se permitía el acceso a los medios con sus herramientas de trabajo como micrófonos y cámaras.
Representantes del Colegio de Periodistas se reunieron ayer con las autoridades de Fusina para exponer las incidencias ocurridas.
German Alfaro, jefe de Fusina, se comprometió a hablar con su personal para que no se repitan las acciones.
Lisseth García, presidenta del Colegio de Periodistas de la zona norte, expresó que “cada periodista tiene acreditación de su medio de comunicación y vemos innecesario que se extienda un carné tomando en cuenta las necesidades que tiene el hospital. Lo mejor es que con esos recursos compren gasas y alcohol”.
Jóvenes exigen soluciones
Ayer en horas de la mañana un grupo de jóvenes que se identificaron como “ciudadanos responsables” protestaron en las afueras del Mario Rivas.
“Es un llamado al señor Presidente para decirle que queremos respuestas, que después de esta intervención se den acciones puntuales y verdades. Soy una ciudadana más que está indignada por todo lo que sucede en el hospital”, expresó Katherin Calderón.
Los jóvenes protestaron exigiendo el pago a los guardias de seguridad, el abastecimiento de medicinas y materiales y la contratación de personal en las áreas donde hay déficit.
“Hay información de personas que van a comerciar dentro del hospital, que intentan sabotear equipos para acelerar la muerte de pacientes. No hay evidencias aun, pero se está investigando”, reveló Merlin Fernández, presidente de la comisión interventora.
Las declaraciones de la ministra de Salud, Yolany Batres, donde informa que el Mario Rivas está secuestrado por el crimen organizado está entre las investigaciones que ya empezó a hacer la comisión interventora.
Fernández señaló que han tenido conocimiento que en los alrededores del sanatorio se venden medicamentos que son propiedad del Estado y que deberían proporcionarse de forma gratuita al enfermo.
El exministro de Salud señaló que para el proceso de investigación se contará con la colaboración de las personas que ocupaban cargos administrativos en el Rivas. “Se ha decidido que nos seguirán apoyando como personas que conocen los procesos, pero no van a tomar ninguna decisión. Todas las decisiones van a ser colegiadas por la comisión interventora y se comunicarán mediante oficios”, aseveró Fernández.
Dejó claro que los cargos de dirección, jefe de personal y otros de carácter administrativo quedan suspendidos para dar el poder a la comisión interventora. “Hemos consultado con Asesoría Legal de Salud. Las personas que están suspendidas ocupaban los cargos recientemente y solo si se encuentra evidencia de actos indebidos de parte de ellos podrían estar sustituidos, de lo contrario seguirán en el hospital”, explicó.
Restringen acceso
Para hacer sus investigaciones la comisión tiene la colaboración de elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) desde el jueves anterior.
Desde ese día se ha mejorado en el tema de seguridad, pero también se ha obstaculizado el acceso a los medios de comunicación.
“Se regulará la entrada de los medios de comunicación para garantizar la privacidad del acto médico y del paciente”, dijo Fernández.
Sin embargo, esta restricción al hospital ha estado acompañada de agresiones verbales y físicas contra los comunicadores.
Por ejemplo, ayer no se permitía el acceso a los medios con sus herramientas de trabajo como micrófonos y cámaras.
Representantes del Colegio de Periodistas se reunieron ayer con las autoridades de Fusina para exponer las incidencias ocurridas.
German Alfaro, jefe de Fusina, se comprometió a hablar con su personal para que no se repitan las acciones.
Lisseth García, presidenta del Colegio de Periodistas de la zona norte, expresó que “cada periodista tiene acreditación de su medio de comunicación y vemos innecesario que se extienda un carné tomando en cuenta las necesidades que tiene el hospital. Lo mejor es que con esos recursos compren gasas y alcohol”.
Jóvenes exigen soluciones
Ayer en horas de la mañana un grupo de jóvenes que se identificaron como “ciudadanos responsables” protestaron en las afueras del Mario Rivas.
“Es un llamado al señor Presidente para decirle que queremos respuestas, que después de esta intervención se den acciones puntuales y verdades. Soy una ciudadana más que está indignada por todo lo que sucede en el hospital”, expresó Katherin Calderón.
Los jóvenes protestaron exigiendo el pago a los guardias de seguridad, el abastecimiento de medicinas y materiales y la contratación de personal en las áreas donde hay déficit.
