Texas, Estados Unidos.
Los niños hondureños que llegan deportados tres veces por semana desde México permanecen de siete días a dos meses en la estación migratoria Siglo XXI del estado de Chiapas, el centro de detención más grande de Latinoamérica.
El estudio Niñez Detenida: los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes en la frontera México-Guatemala, realizado por el centro Fray Matías de Córdova en coordinación con la Universidad Nacional de Lanús, de Argentina, revela de qué forma los niños se expresan durante sus días de encierro a la espera de la deportación: “Aunque la cárcel sea de oro no deja de ser prisión”, “Yo no quiero estar aquí en Navidad”, “No maté a nadie para estar encerrado”, “Que me den una llamada para hablar con mi mamá”...
En México hay 35 estaciones migratorias distribuidas en 24 estados del país para migrantes de todos los grupos de edad.
La investigación cita que desde el 2002 ya se había constatado un aumento en el número de menores migrantes no acompañados en la región, destacando que los indocumentados son cada vez más jóvenes y que se había incrementado la cantidad de niñas.
La frontera sur de México se encuentra conformada por cuatros estados: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y limita con Belice y Guatemala. Chiapas comparte 962 kilómetros de frontera con Guatemala, y entre ese país y México existen ocho cruces formales y un número indeterminado de cruces informales mejor conocidos como puntos ciegos.
Los menores y también los adultos que son capturados en el centro y sur de México son enviados a Chiapas, mientras que los que son aprehendidos en el norte son enviados vía aérea a Guatemala y luego a Honduras.
De Tapachula cada lunes y jueves salen tres autobuses con unos 80 niños que intentaron cruzar solos por México.
A comienzos del año solo enviaban dos. La situación ha cambiado con el drama humanitario que, según Estados Unidos, han propiciado los traficantes de personas quienes han propagado el rumor entre las comunidades de migrantes que si llevan sus hijos es más fácil alcanzar la legalización en este país donde muchos han podido prosperar.
No cesan las deportaciones
De México cada semana están llegando tres autobuses con niños y durante dos días, las unidades vienen con adultos. Todos ellos pasan un proceso riguroso de documentación por parte de las autoridades mexicanas.
Antes de ser deportados los oficiales de Migración establecen comunicación con los consulados de cada país para que localicen a los familiares. Una vez localizados se acuerda con el Consulado su entrega.
Pero hay otros factores más operativos que retrasan el regreso, según el Centro Fray Matías de Córdova, pues en ocasiones, se espera a que se complete el cupo de un autobús para autorizar su salida.
De enero a junio de 2013, han sido devueltos 4,522 menores a países de Centroamérica. En lo que va de 2014 ya han sido regresados de esta forma más de 5,000 niños, muchos de ellos menores de 10 años.
Texas blinda sus fronteras
Y mientras México sirve de filtro y detiene a cientos de ilegales, el estado de Texas, en Estados Unidos, ha anunciado que aumentará sus operaciones de seguridad en la frontera para “combatir” la oleada de inmigrantes, niños en su mayoría, y la “ausencia de recursos federales adecuados para asegurarla”.
El Gobierno de Texas vive la crisis humanitaria provocada por la llegada de miles de indocumentados a la frontera, muchos de los cuales son menores que arriban al país sin acompañamiento de familiares desde Centroamérica, sobre todo desde Honduras, Guatemala y El Salvador.
El gobernador de Texas, Rick Perry; el vicegobernador, David Dwhurst, y el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Joe Straus (todos ellos republicanos), autorizaron al Departamento de Seguridad Pública (DPS, en inglés) estatal a hacer “todo lo que pueda” para preservar la seguridad de los tejanos.
Texas estima que destinará aproximadamente 1.3 millones de dólares semanales a financiar estas operaciones fronterizas, que seguirán hasta finales de 2014, con lo que el coste total de la medida superará los 30 millones de dólares.
EUA busca frenar oleada
Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también reaccionó ayer y declaró ante el Congreso que considerará “cada opción legal concebible” para frenar la avalancha de miles de niños inmigrantes que se agolpan en la frontera sur del país.
En una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes para abordar la “crisis humanitaria”, Johnson delineó los esfuerzos que realiza la administración de Barack Obama al respecto, incluyendo la coordinación entre diversas agencias para atender a los menores y el incremento de instalaciones para poder albergarlos.
“Pero ¿por qué no estamos metiéndolos en un autobús, como hacemos normalmente y los enviamos de regreso a Guatemala?”, preguntó el republicano Mike Rogers en alusión a las deportaciones inmediatas que bajo la ley solo se aplican para los ciudadanos mexicanos.
El secretario de Seguridad Nacional respondió a este respecto que los pequeños que proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, en su mayoría, han de ser derivados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) para permanecer bajo su custodia en un plazo de 72 horas, algo que especifica la ley actual.
La ley Daca no aplica
Precisamente la sensibilización y las campañas informativas dirigidas a los padres de los menores son claves para el Gobierno estadounidense a la hora de atajar el problema, ya que según explicó Johnson, las organizaciones criminales son las que están divulgando información falsa sobre la capacidad de los centroamericanos de obtener un “permiso” de residencia a su llegada al país.
“He emitido personalmente una carta abierta a los padres que están enviando a sus hijos desde América Central a EUA, que se distribuirá ampliamente en Español e Inglés, para poner de relieve los peligros del viaje y hacer hincapié en que no hay pases gratuitos o ‘permisos’ en el otro lado (de la frontera)”, dijo. “Estamos insistiendo en que la Acción Diferida para la Infancia o Daca no se aplica a los niños que llegan ahora o en el futuro a Estados Unidos y que, para ser considerado para Daca, los individuos deben haber residido continuamente en EUA desde junio de 2007”, agregó Johnson en referencia a las acusaciones.
Pregunte por sus hijos
El Departamento de Seguridad Nacional habilitó una nueva línea telefónica para los padres centroamericanos que piensan que sus hijos están en los albergues o centros de detención en Estados Unidos.
Al llamar al número 1-800-203-7001, se pide a los padres o familiares, en español, dar el nombre del niño, la fecha de nacimiento, el lugar por donde cruzó (si lo saben) o si tienen algún número de expediente en caso de que hayan reportado el caso anteriormente.
Toda la información recogida se transfiere a la Oficina de Reasentamiento y Refugiados (ORR), quien se encarga de comunicar con los familiares al momento de identificar donde están los menores.
También está disponible la página web uacportal.org en donde también pueden ingresar los datos del menor.
Los niños hondureños que llegan deportados tres veces por semana desde México permanecen de siete días a dos meses en la estación migratoria Siglo XXI del estado de Chiapas, el centro de detención más grande de Latinoamérica.
El estudio Niñez Detenida: los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes en la frontera México-Guatemala, realizado por el centro Fray Matías de Córdova en coordinación con la Universidad Nacional de Lanús, de Argentina, revela de qué forma los niños se expresan durante sus días de encierro a la espera de la deportación: “Aunque la cárcel sea de oro no deja de ser prisión”, “Yo no quiero estar aquí en Navidad”, “No maté a nadie para estar encerrado”, “Que me den una llamada para hablar con mi mamá”...
En México hay 35 estaciones migratorias distribuidas en 24 estados del país para migrantes de todos los grupos de edad.
La investigación cita que desde el 2002 ya se había constatado un aumento en el número de menores migrantes no acompañados en la región, destacando que los indocumentados son cada vez más jóvenes y que se había incrementado la cantidad de niñas.
La frontera sur de México se encuentra conformada por cuatros estados: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y limita con Belice y Guatemala. Chiapas comparte 962 kilómetros de frontera con Guatemala, y entre ese país y México existen ocho cruces formales y un número indeterminado de cruces informales mejor conocidos como puntos ciegos.
Los menores y también los adultos que son capturados en el centro y sur de México son enviados a Chiapas, mientras que los que son aprehendidos en el norte son enviados vía aérea a Guatemala y luego a Honduras.
De Tapachula cada lunes y jueves salen tres autobuses con unos 80 niños que intentaron cruzar solos por México.
A comienzos del año solo enviaban dos. La situación ha cambiado con el drama humanitario que, según Estados Unidos, han propiciado los traficantes de personas quienes han propagado el rumor entre las comunidades de migrantes que si llevan sus hijos es más fácil alcanzar la legalización en este país donde muchos han podido prosperar.
No cesan las deportaciones
De México cada semana están llegando tres autobuses con niños y durante dos días, las unidades vienen con adultos. Todos ellos pasan un proceso riguroso de documentación por parte de las autoridades mexicanas.
Antes de ser deportados los oficiales de Migración establecen comunicación con los consulados de cada país para que localicen a los familiares. Una vez localizados se acuerda con el Consulado su entrega.
Pero hay otros factores más operativos que retrasan el regreso, según el Centro Fray Matías de Córdova, pues en ocasiones, se espera a que se complete el cupo de un autobús para autorizar su salida.
De enero a junio de 2013, han sido devueltos 4,522 menores a países de Centroamérica. En lo que va de 2014 ya han sido regresados de esta forma más de 5,000 niños, muchos de ellos menores de 10 años.
Texas blinda sus fronteras
Y mientras México sirve de filtro y detiene a cientos de ilegales, el estado de Texas, en Estados Unidos, ha anunciado que aumentará sus operaciones de seguridad en la frontera para “combatir” la oleada de inmigrantes, niños en su mayoría, y la “ausencia de recursos federales adecuados para asegurarla”.
El Gobierno de Texas vive la crisis humanitaria provocada por la llegada de miles de indocumentados a la frontera, muchos de los cuales son menores que arriban al país sin acompañamiento de familiares desde Centroamérica, sobre todo desde Honduras, Guatemala y El Salvador.
El gobernador de Texas, Rick Perry; el vicegobernador, David Dwhurst, y el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Joe Straus (todos ellos republicanos), autorizaron al Departamento de Seguridad Pública (DPS, en inglés) estatal a hacer “todo lo que pueda” para preservar la seguridad de los tejanos.
Texas estima que destinará aproximadamente 1.3 millones de dólares semanales a financiar estas operaciones fronterizas, que seguirán hasta finales de 2014, con lo que el coste total de la medida superará los 30 millones de dólares.
EUA busca frenar oleada
Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también reaccionó ayer y declaró ante el Congreso que considerará “cada opción legal concebible” para frenar la avalancha de miles de niños inmigrantes que se agolpan en la frontera sur del país.
En una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes para abordar la “crisis humanitaria”, Johnson delineó los esfuerzos que realiza la administración de Barack Obama al respecto, incluyendo la coordinación entre diversas agencias para atender a los menores y el incremento de instalaciones para poder albergarlos.
“Pero ¿por qué no estamos metiéndolos en un autobús, como hacemos normalmente y los enviamos de regreso a Guatemala?”, preguntó el republicano Mike Rogers en alusión a las deportaciones inmediatas que bajo la ley solo se aplican para los ciudadanos mexicanos.
El secretario de Seguridad Nacional respondió a este respecto que los pequeños que proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, en su mayoría, han de ser derivados al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) para permanecer bajo su custodia en un plazo de 72 horas, algo que especifica la ley actual.
La ley Daca no aplica
Precisamente la sensibilización y las campañas informativas dirigidas a los padres de los menores son claves para el Gobierno estadounidense a la hora de atajar el problema, ya que según explicó Johnson, las organizaciones criminales son las que están divulgando información falsa sobre la capacidad de los centroamericanos de obtener un “permiso” de residencia a su llegada al país.
“He emitido personalmente una carta abierta a los padres que están enviando a sus hijos desde América Central a EUA, que se distribuirá ampliamente en Español e Inglés, para poner de relieve los peligros del viaje y hacer hincapié en que no hay pases gratuitos o ‘permisos’ en el otro lado (de la frontera)”, dijo. “Estamos insistiendo en que la Acción Diferida para la Infancia o Daca no se aplica a los niños que llegan ahora o en el futuro a Estados Unidos y que, para ser considerado para Daca, los individuos deben haber residido continuamente en EUA desde junio de 2007”, agregó Johnson en referencia a las acusaciones.
Pregunte por sus hijos
El Departamento de Seguridad Nacional habilitó una nueva línea telefónica para los padres centroamericanos que piensan que sus hijos están en los albergues o centros de detención en Estados Unidos.
Al llamar al número 1-800-203-7001, se pide a los padres o familiares, en español, dar el nombre del niño, la fecha de nacimiento, el lugar por donde cruzó (si lo saben) o si tienen algún número de expediente en caso de que hayan reportado el caso anteriormente.
Toda la información recogida se transfiere a la Oficina de Reasentamiento y Refugiados (ORR), quien se encarga de comunicar con los familiares al momento de identificar donde están los menores.
También está disponible la página web uacportal.org en donde también pueden ingresar los datos del menor.
