Tegucigalpa, Honduras.
En el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) operaba una bien montada red de corrupción compuesta por amigos y parientes cercanos del exdirector Andrés Torres Rodríguez, quienes laboraban en puestos claves y de decisión dentro y fuera de esa entidad, según informe investigativo.
Entre los hechos investigados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) están la compra irregular de bonos por 250 millones de lempiras a la Unah, transacción que generó un perjuicio económico al Estado de Honduras por 5.4 millones de lempiras en comisiones pagadas a la sociedad fantasma Diazgar, S.A.
LA PRENSA sacó a la luz pública en febrero y marzo la transacción irregular de bonos y el pago de comisiones a funcionarios de la institución, así como la adquisición irregular de viviendas en el proyecto Rosa Elena de Lobo, la compra de regalos suntuosos y el pago millonario a procuradores externos.
En este caso, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el CNA detectaron que las comisiones fueron a parar a cuentas bancarias particulares del exdirector del Injupemp y de su yerno Manuel de Jesús Barahona.
A Barahona se le involucra en el cobro de un cheque por 1.8 millones de lempiras endosado a la empresa Diazgar, sociedad que operó como intermediaria bursátil en una de las transacciones de bonos negociados entre la Unah e Injupemp.
Diazgar no estaba autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para realizar operaciones de intermediación bursátil. En una segunda compra de bonos se pagó una comisión de 3.5 millones de lempiras, monto que según las indagaciones del CNA fue retirado por el representante legal de Diazgar, pero Andrés Torres hizo 40 días después un depósito por esa misma cantidad en una institución financiera local.
El CNA también investigó la millonaria contratación de profesionales del derecho como consultores externos, la compra de regalos suntuosos para los miembros de la junta directiva del Injupemp, el pago de ayudas humanitarias, el gasto millonario de publicidad institucional y la compra de viviendas en el proyecto habitacional Rosa Elena de Lobo.
Listos requerimientos
Dagoberto Aspra, jefe de la unidad de investigación y seguimiento de casos del CNA, informó a LA PRENSA que los titulares de la Fiscalía contra la Corrupción y la Dirección de Fiscales le confirmaron que en los próximos días se deducirán las responsabilidades penales a los supuestos responsables en la compra irregular de bonos, que es el caso más elaborado y documentado.
Sobre este caso, el Ministerio Público solicitó recientemente un análisis financiero a la CNBS, con lo cual estarían concluyendo la etapa investigativa para dar paso a la presentación de los primeros requerimientos fiscales contra los involucrados en este supuesto acto de corrupción.
“Hemos presentado un análisis al Ministerio Público y tenemos la certeza de que el señor Andrés Torres es un autor mediato, lo que nosotros conocemos como el hombre o la persona que estaba detrás de haber comprado los bonos a la Universidad y haber puesto a las empresas que recibieron las comisiones”, dijo.
En el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) operaba una bien montada red de corrupción compuesta por amigos y parientes cercanos del exdirector Andrés Torres Rodríguez, quienes laboraban en puestos claves y de decisión dentro y fuera de esa entidad, según informe investigativo.
Entre los hechos investigados por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) están la compra irregular de bonos por 250 millones de lempiras a la Unah, transacción que generó un perjuicio económico al Estado de Honduras por 5.4 millones de lempiras en comisiones pagadas a la sociedad fantasma Diazgar, S.A.
LA PRENSA sacó a la luz pública en febrero y marzo la transacción irregular de bonos y el pago de comisiones a funcionarios de la institución, así como la adquisición irregular de viviendas en el proyecto Rosa Elena de Lobo, la compra de regalos suntuosos y el pago millonario a procuradores externos.
En este caso, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el CNA detectaron que las comisiones fueron a parar a cuentas bancarias particulares del exdirector del Injupemp y de su yerno Manuel de Jesús Barahona.
A Barahona se le involucra en el cobro de un cheque por 1.8 millones de lempiras endosado a la empresa Diazgar, sociedad que operó como intermediaria bursátil en una de las transacciones de bonos negociados entre la Unah e Injupemp.
Diazgar no estaba autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para realizar operaciones de intermediación bursátil. En una segunda compra de bonos se pagó una comisión de 3.5 millones de lempiras, monto que según las indagaciones del CNA fue retirado por el representante legal de Diazgar, pero Andrés Torres hizo 40 días después un depósito por esa misma cantidad en una institución financiera local.
El CNA también investigó la millonaria contratación de profesionales del derecho como consultores externos, la compra de regalos suntuosos para los miembros de la junta directiva del Injupemp, el pago de ayudas humanitarias, el gasto millonario de publicidad institucional y la compra de viviendas en el proyecto habitacional Rosa Elena de Lobo.
Listos requerimientos
Dagoberto Aspra, jefe de la unidad de investigación y seguimiento de casos del CNA, informó a LA PRENSA que los titulares de la Fiscalía contra la Corrupción y la Dirección de Fiscales le confirmaron que en los próximos días se deducirán las responsabilidades penales a los supuestos responsables en la compra irregular de bonos, que es el caso más elaborado y documentado.
Sobre este caso, el Ministerio Público solicitó recientemente un análisis financiero a la CNBS, con lo cual estarían concluyendo la etapa investigativa para dar paso a la presentación de los primeros requerimientos fiscales contra los involucrados en este supuesto acto de corrupción.
“Hemos presentado un análisis al Ministerio Público y tenemos la certeza de que el señor Andrés Torres es un autor mediato, lo que nosotros conocemos como el hombre o la persona que estaba detrás de haber comprado los bonos a la Universidad y haber puesto a las empresas que recibieron las comisiones”, dijo.
Lea además: Fiscalía abre 14 líneas de investigación por corrupción en Injupemp
Aspra indicó que el exdirector de Injupemp dirigía y ordenaba las transacciones, pero los autores materiales o quienes ejecutaban las órdenes eran el exjefe de Finanzas, Carlos Zúniga; el exjefe de Tesorería, Mario Ramón Córdova; su yerno Manuel de Jesús Barahona y los representantes de la empresa intermediaria Diazgar.
“Esperamos que el señor Andrés Torres sea imputado como autor mediato y las otras personas señaladas como autores materiales”, dijo.
Si se concretan las acciones penales, Torres y sus subordinados serán acusados ante la justicia de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la calidad de funcionario, fraude y abuso de autoridad. “Esos son los delitos en que hemos estado sustentado toda la carga probatoria para que el Ministerio Público ejerza la acción penal”.
Nuevas investigaciones
El CNA ha avanzado en otras líneas de investigación, como la contratación de abogados externos, a los que se les pagaron contratos millonarios por servicios profesionales sin contar con imputación presupuestaria.
Sobre esta investigación, Aspra dijo que los peritos del CNA tuvieron la capacidad de ubicar a uno de los abogados, quien rindió una declaración testifical en la que responsabiliza a Andrés Torres de haberle exigido el pago de una parte de la comisión y de ese hecho existe una denuncia en el Ministerio Público. “Tuvimos acceso a esa declaración en la que él señala que el señor Andrés Torres lo llamó a su oficina para negociar los honorarios que en ese momento él estaba reclamando judicialmente”, mencionó.
Asimismo se investiga la compra irregular de un terreno en el que se han detectado serias inconsistencias y otras inversiones irregulares.
“Los bonos son solo la punta del iceberg. Hemos recibido denuncias de que se hicieron inversiones irregulares. Estamos apuntando a eso y trabajando con nuestro analista financiero, viendo comportamientos sospechosos en algunas inversiones en las cuales se modificaron los tiempos de depósito y se modificaron los intereses drásticamente”, dijo. Sobre esta nueva línea de investigación se solicitó información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y a otras instituciones del sistema financiero que contribuyan a sustentar los hechos denunciados.
Red de corrupción
Aspra dijo que con las investigaciones se detectó una red organizada de corrupción compuesta por parientes, amigos y cercanos colaboradores del exdirector del Injupemp que ocupaban puestos claves y tenían capacidad de decisión para afectar el patrimonio de la institución.
“Pudimos detectar, y eso lo hemos planteado en nuestros informes, que el señor Andrés Torres realizó actos preparatorios para se cometieran estas irregularidades. Llegó a tener más de 21 amigos y familiares empleados en puestos claves. Estamos hablando de personas que tenían firmas y don de mando; quienes estaban al frente de direcciones y unidades para tomar decisiones financieras o afectar el patrimonio de la institución”.
Detalló que Torres desarrolló durante su gestión esa estructura de personas que le facilitaban cualquier acción.
“Los consideramos actos preparatorios para las irregularidades que hemos detectado al final”.
Se conoció que el exdirector del Injupemp acudirá el martes de esta semana a las oficinas del CNA para reunirse con el directorio de esa institución. Se supo que ha pedido que no estén presentes la directora Gabriela Castellanos ni Dagoberto Aspra.
