Tegucigalpa, Honduras.
Las anomalías administrativas y el despilfarro de recursos en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) continuó sin ningún control de la dirección ejecutiva con la contratación de personal que devenga jugosos salarios y el pago irregular de compensaciones laborales a ciertos funcionarios.
Documentación oficial a la que tuvo acceso diario LA PRENSA revela que la reducción de personal y el recorte del gasto corriente ordenados por el Poder Ejecutivo no se han cumplido en esta institución pública.
Para el caso, entre febrero y mayo, la planilla de personal por contrato aumentó en más de 90 empleados temporales que representaron una erogación mensual de 1.5 millones de lempiras.
Las anomalías administrativas y el despilfarro de recursos en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) continuó sin ningún control de la dirección ejecutiva con la contratación de personal que devenga jugosos salarios y el pago irregular de compensaciones laborales a ciertos funcionarios.
Documentación oficial a la que tuvo acceso diario LA PRENSA revela que la reducción de personal y el recorte del gasto corriente ordenados por el Poder Ejecutivo no se han cumplido en esta institución pública.
Para el caso, entre febrero y mayo, la planilla de personal por contrato aumentó en más de 90 empleados temporales que representaron una erogación mensual de 1.5 millones de lempiras.
Ver además: Fiscalía abre 14 líneas de investigación por corrupción en Injupemp
La directora del Injupemp, Martha Doblado, anunció recientemente el despido de unos 300 trabajadores por contrato como parte de las medidas para sanear las finanzas de la institución; pero, inexplicablemente, la cuenta de servicios personales volvió a ensancharse en los últimos días con estas nuevas contrataciones.
LA PRENSA tuvo acceso a la planilla de contratos correspondiente a mayo del presente año y en ella se cotejó la contratación de funcionarios y empleados administrativos con sueldos de entre 30,000, 50,000 y 75,000 lempiras mensuales, que representan un impacto mensual de 1,471,300 lempiras.
Llaman la atención los casos del asistente de recursos humanos y el jefe de servicios legales del Injupemp, a quienes se les pagaron sus compensaciones laborales, según cheques número 131958 y 151514, pero luego fueron recontratados con salarios de 40,000 y 75,000 lempiras mensuales, respectivamente.
Una fuente de la institución explicó que el gerente de servicios legales, Ramón Echeverría, fue cesanteado porque los tribunales de trabajo ordenaron reintegrar al anterior jefe de esa unidad, Fredy Hernández, separado irregularmente de su cargo en la pasada administración, pero este acudió en amparo a la Corte Suprema de Justicia.
Según consta en las copias de los cheques, a Echeverría se le pagaron beneficios y prestaciones laborales por 230,959 lempiras, pero en mayo fue recontratado como asesor legal del Injupemp por la directora Martha Doblado con un sueldo mensual de 75,000 lempiras.
Lo mismo ocurrió con el asistente de recursos humanos, Héctor Guillermo Bueso, a quien se le pagaron en derechos laborales 161,576 lempiras, según el cheque número 131958 emitido el 15 de mayo de 2014; sin embargo fue recontratado con un estipendio mensual de 40,000 lempiras. Las anteriores son solo algunas de las anomalías detectadas en la actual administración del Injupemp, que ya es investigada por los órganos contralores del Estado.
La Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción, del Ministerio Público, investiga la compra irregular de bonos del Estado por 250 millones de lempiras durante la gestión del exdirector Andrés Torres Rodríguez, en el que se pagaron comisiones por 5.4 millones de lempiras en perjuicio del Estado. También se investiga la millonaria contratación de profesionales del derecho como consultores externos, la compra de regalos suntuosos para los miembros de la junta directiva del Injupemp, el pago de ayudas humanitarias, el gasto millonario de publicidad institucional y la adquisición de viviendas en el proyecto habitacional Rosa Elena de Lobo.
La semana anterior, el director de fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, anunció que en los próximos días se entablarán los primeros requerimientos fiscales contra los supuestos responsables del despilfarro y latrocinio de los bienes del Injupemp.
Continúan investigaciones
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), confirmó que se ha avanzado en las líneas de investigación que se abrieron en el Injupemp por el escándalo de la compra irregular de bonos por 250 millones a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
“Las investigaciones en el Injupemp van bien y quiero ser bien honesta: aquí quien nos retrasa es el Ministerio Público porque toda la información que le hemos dado, más la información que han recabado, es suficientemente importante como para que presenten los primeros requerimientos fiscales”, dijo.
No obstante, Castellanos indicó que el CNA está dando tiempo al Ministerio Público para que emprenda acciones judiciales contra los responsables del latrocinio en esta institución porque saben que los fiscales requieren más espacio de tiempo para sustanciar las acusaciones que se presentarán en los tribunales.
“Lo importante es que estamos trabajando en esas líneas de investigación, como la compra de bonos y la contratación de abogados externos. Estamos trabajando en la contratación de parientes que hizo el señor Andrés Torres, que le ayudaban en actos preparatorios para cometer algunos delitos”.
La funcionaria puntualizó que se sigue investigando la administración del Injupemp y toda la documentación y los hallazgos se trasladan al Ministerio Público para que haga sus indagaciones y sustancie las acusaciones contra los involucrados en dichas anomalías.
Dijo que gran parte de la información que tiene en su poder la Fiscalía contra la Corrupción fue documentada por el CNA, específicamente lo que tiene que ver con la compra de bonos a la Unah, la millonaria contratación de abogados externos y la contratación de familiares y amigos del anterior director. “Hemos presentado como cinco líneas de investigación de las irregularidades cometidas en el Injupemp, pero la acción penal pública la tiene el Ministerio Público y luego se traslada al Poder Judicial. No podemos hacer más”.
Informó que en estos momentos está trabajando en las reformas de la Ley Orgánica del CNA con el fin de que esta institución tenga la capacidad legal de entablar procesos ante los tribunales de justicia en los casos que el Ministerio Público no quiera hacerlo. “Queremos instar procesos si el Ministerio Público no quiere hacerlo”.
