Tocoa, Colón.
La creación de la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán, es el resultado de la presión de todo el pueblo de Colón que exige justicia por las 123 víctimas que dejó la lucha por la tenencia de la tierra en esta región.
La Unidad Especial, que tiene su sede en Tocoa desde el pasado mes de abril del presente año, empezó a funcionar con su primer trabajo encomendado, que es investigar unos 147 casos de muertes producto del conflicto agrario que volvió a resurgir con la invasión de la finca Panamá.
También nació con el compromiso de evaluar las denuncias a terratenientes de esta zona, a quienes se les responsabiliza de participar en algunos delitos.
“El trabajo que se le ha encomendado a los fiscales y que hemos sido muy claros con ellos, es que sean objetivos, profesionales y que sin inclinarse a ningún sector se lleven a cabo todas las investigaciones de las denuncias presentadas en contra de cualquier sector”, explicó Rigoberto Cuellar, en su reciente visita a la ciudad de La Ceiba.
Desde hace un mes que esta Unidad Especial empezó a funcionar, “ya se tienen adelantos y avances, nosotros establecimos un período de tiempo de tres meses, después de los cuales queríamos ver resultados”, dijo.
“Rendiremos un informe a los tres meses sobre los avances que se han obtenido con esta unidad y ahí podremos entrar en más detalles”, indicó Cuellar.
Aclaró que esta Unidad Especial no solo fue creada para atender crímenes y delitos generados por el conflicto agrario. “Por lo tanto no se establece, ni muertes violentas cometidas por un sector en particular; sino de todas”, puntualizó.
De momento se está trabajando es sistematizar la información de los esfuerzos que se están llevando a cabo, “para que sea mucho más fácil rendir informes ante instancias internacionales cuando así se requiera. Esta información también estará centralizada en Tegucigalpa”, expresó el funcionario.
Las luchas agrarias que se gestaron hace dos décadas en la zona han dejado muertes, familias desamparadas y un pasado que sigue siendo cuestionado, donde grupos campesinos y terratenientes han sido protagonistas.
Los asesinatos, desapariciones y amenazas a dirigentes campesinos, abogados, guardias de seguridad y personas ajenas a este conflicto, han sido las consecuencias de esta larga lucha de los que hicieron prevalecer su derecho por la tenencia de la tierra.
En estos reclamos antagónicos fueron protagonistas el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (Marca), guardias de seguridad de los empresarios Miguel Facussé y René Morales.
La cifra de muertos supera el centenar de víctimas desde el año 2008 hasta el 2013, según el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán. La impunidad continúa y los responsables materiales e intelectuales de la mayoría de estos asesinatos aun no han sido llevados ante la justicia.
El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán registra 129 casos entre violaciones a la vida o desapariciones forzadas, de estos casos 12 fueron masacres, en las que se registraron de 3 a 11 víctimas en un mismo hecho.
Vigente Ley de Desarme
Debido al clima de inseguridad y las constantes muertes violentas provocadas por el conflicto agrario en esta región, el Congreso Nacional aprobó en el año 2012, la Ley de Tenencia y Portación de Armas, para el departamento de Colón; desde entonces en esta región continúa vigente un desarme general.
Hasta la fecha se han decomisado unas 100 armas de guerra en esta región.
“Estas armas se han incautado más en los municipios de Tocoa, Sabá y Sonaguera; las personas que las portaban han sido puestas a la orden de los tribunales.
Esto ha permitido que los índices de personas armadas haya disminuido, y nosotros estamos aquí para hacer cumplir la ley”, explicó el coronel René Jovel Martínez, jefe de la Operación Xatruch en el Bajo Aguán.
Los operativos conjuntos entre policías y militares continúan en esta región con el propósito de hacer cumplir este decreto, aunque esta continúa siendo vista como una zona militarizada por sectores populares y organizaciones campesinas. “La violencia en el Aguán aun no ha cesado, todavía sigue la persecución a los campesinos. Estamos pidiendo que cese esta ola de violencia que estamos viviendo.
Con la militarización más bien se ha perdido la tranquilidad”, aseguró Aidé Sararia, titular de la Coordinación de Organizaciones Populares del Aguán (Copa).
El 24 de octubre de 2012 se materializó la firma del traspaso de 3,962.50 hectáreas de tierra en producción de palma africana a grupos campesinos aglutinados en al menos 30 empresas asociativas que le darían sustento a alrededor de 3,500 familias campesinas de la zona.
Pese al acuerdo firmado entre el gobierno, la Corporación Dinant y el Muca que le permite a las familias campesinas contar con un patrimonio de más de 500 millones de lempiras, aún no se le pone fin al conflicto armado interno que se vive en esa zona del país.
Ellos todavía reclaman el cumplimiento de algunos apartados relativos al desarrollo de obras sociales.
La creación de la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán, es el resultado de la presión de todo el pueblo de Colón que exige justicia por las 123 víctimas que dejó la lucha por la tenencia de la tierra en esta región.
La Unidad Especial, que tiene su sede en Tocoa desde el pasado mes de abril del presente año, empezó a funcionar con su primer trabajo encomendado, que es investigar unos 147 casos de muertes producto del conflicto agrario que volvió a resurgir con la invasión de la finca Panamá.
También nació con el compromiso de evaluar las denuncias a terratenientes de esta zona, a quienes se les responsabiliza de participar en algunos delitos.
“El trabajo que se le ha encomendado a los fiscales y que hemos sido muy claros con ellos, es que sean objetivos, profesionales y que sin inclinarse a ningún sector se lleven a cabo todas las investigaciones de las denuncias presentadas en contra de cualquier sector”, explicó Rigoberto Cuellar, en su reciente visita a la ciudad de La Ceiba.
Desde hace un mes que esta Unidad Especial empezó a funcionar, “ya se tienen adelantos y avances, nosotros establecimos un período de tiempo de tres meses, después de los cuales queríamos ver resultados”, dijo.
“Rendiremos un informe a los tres meses sobre los avances que se han obtenido con esta unidad y ahí podremos entrar en más detalles”, indicó Cuellar.
Aclaró que esta Unidad Especial no solo fue creada para atender crímenes y delitos generados por el conflicto agrario. “Por lo tanto no se establece, ni muertes violentas cometidas por un sector en particular; sino de todas”, puntualizó.
De momento se está trabajando es sistematizar la información de los esfuerzos que se están llevando a cabo, “para que sea mucho más fácil rendir informes ante instancias internacionales cuando así se requiera. Esta información también estará centralizada en Tegucigalpa”, expresó el funcionario.
Las luchas agrarias que se gestaron hace dos décadas en la zona han dejado muertes, familias desamparadas y un pasado que sigue siendo cuestionado, donde grupos campesinos y terratenientes han sido protagonistas.
Los asesinatos, desapariciones y amenazas a dirigentes campesinos, abogados, guardias de seguridad y personas ajenas a este conflicto, han sido las consecuencias de esta larga lucha de los que hicieron prevalecer su derecho por la tenencia de la tierra.
En estos reclamos antagónicos fueron protagonistas el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (Marca), guardias de seguridad de los empresarios Miguel Facussé y René Morales.
La cifra de muertos supera el centenar de víctimas desde el año 2008 hasta el 2013, según el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán. La impunidad continúa y los responsables materiales e intelectuales de la mayoría de estos asesinatos aun no han sido llevados ante la justicia.
El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán registra 129 casos entre violaciones a la vida o desapariciones forzadas, de estos casos 12 fueron masacres, en las que se registraron de 3 a 11 víctimas en un mismo hecho.
Vigente Ley de Desarme
Debido al clima de inseguridad y las constantes muertes violentas provocadas por el conflicto agrario en esta región, el Congreso Nacional aprobó en el año 2012, la Ley de Tenencia y Portación de Armas, para el departamento de Colón; desde entonces en esta región continúa vigente un desarme general.
Hasta la fecha se han decomisado unas 100 armas de guerra en esta región.
“Estas armas se han incautado más en los municipios de Tocoa, Sabá y Sonaguera; las personas que las portaban han sido puestas a la orden de los tribunales.
Esto ha permitido que los índices de personas armadas haya disminuido, y nosotros estamos aquí para hacer cumplir la ley”, explicó el coronel René Jovel Martínez, jefe de la Operación Xatruch en el Bajo Aguán.
Los operativos conjuntos entre policías y militares continúan en esta región con el propósito de hacer cumplir este decreto, aunque esta continúa siendo vista como una zona militarizada por sectores populares y organizaciones campesinas. “La violencia en el Aguán aun no ha cesado, todavía sigue la persecución a los campesinos. Estamos pidiendo que cese esta ola de violencia que estamos viviendo.
Con la militarización más bien se ha perdido la tranquilidad”, aseguró Aidé Sararia, titular de la Coordinación de Organizaciones Populares del Aguán (Copa).
El 24 de octubre de 2012 se materializó la firma del traspaso de 3,962.50 hectáreas de tierra en producción de palma africana a grupos campesinos aglutinados en al menos 30 empresas asociativas que le darían sustento a alrededor de 3,500 familias campesinas de la zona.
Pese al acuerdo firmado entre el gobierno, la Corporación Dinant y el Muca que le permite a las familias campesinas contar con un patrimonio de más de 500 millones de lempiras, aún no se le pone fin al conflicto armado interno que se vive en esa zona del país.
Ellos todavía reclaman el cumplimiento de algunos apartados relativos al desarrollo de obras sociales.
