La sobrevaloración de 40 proyectos, aumentos exagerados a ejecutivos, compras amañadas y un pago de cheque a un proveedor muerto hace más de un año sin seguir los procedimientos correctos son algunas de las supuestas irregularidades que investiga el Ministerio Público en la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
En un operativo realizado el pasado 30 de abril, la Fiscalía Contra la Corrupción intervino la estatal luego de una serie de denuncias de la actual administración gerenciada por Darío Gámez.
Entre el equipo de profesionales que llegó a la intervención de la Portuaria estaban peritos especialistas en proyectos y obras técnicas, calígrafos y expertos financieros quienes se entrevistaron con varios empleados en la estatal. Más de 25 funcionarios ya comparecieron ante los fiscales a rendir su declaración, entre ellos el subgerente de la institución Fernando Boquín.
Otros han sido citados para rendir declaración a fin de acreditar o desvirtuar los hechos denunciados. Ha desfilado por el Ministerio Público todo el equipo del departamento de auditoría, unos 13 auditores, recursos humanos, contabilidad, compras y el asesor técnico de proyectos.
Las últimas citaciones fueron entregadas a los funcionarios portuarios en una reunión que sostenían en un hotel sampedrano la semana anterior hasta donde llegaron los representantes del Ministerio Público.
Las investigaciones
Uno de los casos investigados es la sobrevaloración de unos 40 proyectos. Según la denuncia, se hicieron las obras pero al mes se deterioraron porque supuestamente el material utilizado fue de menor categoría.
De acuerdo a la información en poder de LA PRENSA se investiga el hecho que para construir esas obras se contrataron directamente a personas y empresas que se constituyeron solo para esos proyectos y son consideradas “compañías de maletín”. Al parecer esas empresas no están registradas legalmente y la mayoría de constancias emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) son falsificadas; a eso se suma que las garantías exigidas por la Ley de Contratación del Estado no se cumplieron en algunos proyectos.
Según la información, los contratos que se firmaron son grandes y onerosos pero al final solo se cumple una parte porque no hay supervisión ni planificación para elaborar los proyectos.
El equipo de la Fiscalía también averigua el supuesto fraccionamiento de proyectos en varios puertos de cuya situación se entregó el informe al Consejo Ejecutivo por parte de la administración habiendo varias obras que no habían sido terminadas.
Contubernio y boyas
Las investigaciones que realiza la Fiscalía Contra la Corrupción van dirigidas a verificar si el personal encargado de la División Técnica de Servicios Generales y supervisores recibieron comisión para dejar pasar las irregularidades al contratar esos 40 proyectos sin que se cumplieran los requerimientos establecidos en Ley y sin verificar la calidad de la obra. Entre los proyectos investigados está la construcción de las boyas, un contrato adjudicado supuestamente por más de 900,000 lempiras a una empresa de maletín.
La denuncia establece que las boyas se estaban construyendo en las instalaciones de la estatal portuaria con materiales supuestamente comprados por la empresa y por personal de taller industrial. Lo anterior indica que si las boyas fueron construidas y reparadas por empleados no tenía sentido firmar contrato con una empresa para ello.
A raíz de la supuesta sobrevaloración de las obras, la Fiscalía intervino la División Técnica de Servicios Generales a fin de verificar toda la documentación correspondiente. Igualmente se decomisó todo lo referente al contrato de las boyas. Las inspecciones de los peritos y fiscales se extendieron al taller industrial.
Las investigaciones establecen que hay varias licitaciones privadas amañadas igualmente otras públicas y por las cuales ya existen demandas judiciales.
Favores y pagos a muertos
El rosario de irregularidades también alcanza al departamento de Recursos Humanos de la Portuaria ya que mediante decreto ejecutivo quedaron suspendidas todas las nuevas contrataciones, ajustes salariales, clasificaciones y todo lo que tuviera que ver con gastos financieros en el año fiscal 2013.
Pero, en la Portuaria a mediados del 2013 hubo aumentos entre L5,000 y L10,000 a varios ejecutivos además con carácter retroactivo desde enero del 2013.
Se menciona como beneficiados con esos aumentazos a auxiliares de la Policía Portuaria y Ejecutivos de Operaciones Administrativos. Para comprobar esos extremos se procedió a intervenir la oficina de personal y se decomisó la documentación de los casos denunciados.
En esa dependencia también se investiga el expediente de un ingeniero que fue trasladado de Puerto Cortés al Puerto de San Lorenzo el año anterior. Las averiguaciones establecen que cuando se concretó el traslado la oficina de Bienes y Propiedades verificó que no aparecía un motor de un carro que estaba cargado a su inventario.
Al parecer hubo un cruce de correspondencia entre el Puerto de San Lorenzo y la oficina de Recursos Humanos de la Portuaria donde pedían sanción para el ingeniero porque no se presentó a trabajar desde septiembre del 2013 y apareció en diciembre únicamente para recoger sus cosas. Pero, según la denuncia el ingeniero fue favorecido con un arreglo autorizado por el Gerente General donde le pagaron el 100% de sus prestaciones y además fue trasladado a la nueva operadora terminal de contenedores.
El expediente del ingeniero denunciado fue decomisado a fin de verificar el procedimiento que se llevó a cabo para extender el finiquito de solvencia de activos y comprobar si hubo o no responsabilidad de los encargados por irrespetar los procedimientos.
Pero las investigaciones además van encaminadas a comprobar si ha sido apegada a Ley la forma en que se han cancelado algunas deudas a proveedores, tal es el caso de un proveedor de la ENP que falleció en un accidente y a quien se le debía una fuerte cantidad de dinero por producto y contrato que vendió a la estatal.
Las primeras indagaciones establecen que un año después de su muerte, la ENP le pagó la deuda a una persona que no es pariente del occiso utilizando un poder falso donde aparece estampada la firma del proveedor fallecido de manera inexplicable ya que está fechado cuando el proveedor ya había muerto.
Los familiares del proveedor nunca se declararon herederos y supuestamente se efectuó el pago sin existir esa declaratoria por parte del Juzgado. Por este último caso la Fiscalía intervino el departamento de Contabilidad.
La Fiscalía investiga otras irregularidades como modificaciones presupuestarias internas, varias y millonarias contrataciones directas, modificaciones y ampliaciones de contratos de remolcadores de Puerto Cortés y San Lorenzo así como ejecutivos fantasmas que no llegan a la ENP y cobran jugosos salarios. Los empleados y ejecutivos siguen desfilando y se espera que en los próximos días se presenten los primeros requerimientos fiscales.
