Cortés, Honduras
El excesivo pago de horas extras tiene en rojo las finanzas de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). Las cifras son exorbitantes en la estatal de Puerto Cortés y no parecen haber argumentos válidos para explicar cómo es posible que aún se pague tanto si ya no se encargan de la operatividad del puerto. Los casos son extremos y dejan al descubierto el descontrol en el otorgamiento de tiempo adicional de trabajo.
Una investigación de Diario LA PRENSA revela que empleados con un salario de 34 mil lempiras llegan a cobrar solo por horas extras más de 100 mil lempiras en un mes.
Además hay trabajadores con el cargo de mensajeros que tienen salarios de 15 mil lempiras, pero llegan a cobrar solo por horas extras hasta una mensualidad de 74 mil lempiras.
Estas cifras son parte de los pagos hechos durante este año. En apenas los primeros cuatro meses de 2014, de enero a abril, se ha pagado un total de 20.5 millones de lempiras por horas extras. Durante 2013, la ENP pagó más de 110 millones de lempiras por horas extras, pagos que corresponden aproximadamente en 86% a Puerto Cortés.
El gerente de la ENP, José Darío Gámez, dijo en su momento que se pagó demasiado por horas extras. “En 2013 se pagaron unos 60 millones más de lo necesario”, indicó.
En ese momento, la ENP aún era la encargada de la operatividad del puerto, función que ahora está a cargo de operadores privados, por lo que se esperaba que ya no se erogara tanto dinero en pago de tiempo adicional.
Muchos cambios, poco ahorro
Tras las concesiones del año anterior por el Gobierno con el fin de mejorar el rendimiento de la Portuaria, esta quedó dividida en tres partes: la terminal de contenedores que es manejada ahora por la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), la terminal de graneles que es operada por el Grupo Logra/PMH (Puertos Marítimos de Honduras); mientras que la ENP quedó solo encargada de brindar servicios marítimos (que incluye el atraque, desatraque, pilotaje de barcos), la seguridad del puerto, que es dada por los integrantes de la Unidad de Protección Portuaria
(UPP) y la parte administrativa.
Con estos cambios, la ENP pasó de tener 1,753 empleados a quedar con unos 1,153; pero incluso, pagar a esta cantidad de trabajadores en pocos meses puede ser un verdadero problema, pues ya no tener la operatividad de las terminales también le significó perder gran parte de sus ingresos, los cuales pueden bajar hasta unos L500 millones.
En 2013 el presupuesto de la ENP fue de L1,599 millones, de los cuales más de L500 millones fueron para el pago de planilla.
Para este año, provisionalmente se asignó el mismo presupuesto, pero la cantidad real podría ser unos L950 millones, ahora que las operadoras privadas manejan las terminales.
Abuso a placer
Expertos consideran que en la Portuaria se debe hacer una reestructuración de personal que permita tener una planilla en función de la realidad de la empresa; pero en la práctica el camino que sigue la estatal está alejado de la austeridad. Los casos de elevados pagos de horas extras son innumerables en la ENP de Puerto Cortés.
Hay asistentes de superintendencia en asesoría y ejecución, con sueldos entre L30 mil y L34 mil, que de enero a abril de este año recibieron ya miles de lempiras por tiempo adicional.
A uno se le pagó L146 mil, a otro L150 mil, uno de los asistentes recibió L170 mil e incluso hay quien recibió L189 mil solo por horas extras en cuatro meses. En las planillas también hay jornaleros misceláneos con sueldo de L16,791 pero que en un mes de horas extras recibieron L63 mil o L73 mil y que de enero a abril cobraron más de L180 mil. Otro caso desconcertante es el de los mensajeros, a quienes se les permite hacer labores fuera de ese cargo, con lo que acumulan tiempo adicional. Algunos de ellos triplican, cuadriplican y hasta quintuplican su salario base, que en promedio es de L15 mil. Hay uno de ellos que en cuatro meses cobró L200 mil por horas extras y otro L162 mil.
Hasta marzo, a los empleados de confianza se les había pagado más de tres millones de lempiras por tiempo adicional en Puerto Cortés.
En ese mismo período a los trabajadores, clasificados dentro del grupo general, se les pagó nueve millones de lempiras.
“Trabajan” 20 horas diarias
Según evaluaciones de expertos consultados por Diario LA PRENSA, debido a que la ENP tiene más de mil empleados entre trabajadores de confianza, generales, eventuales continuos y por servicios profesionales, no es necesario seguir pagando tanto en horas extras, pues la ENP ya no está encargada de la operatividad de las terminales.
Además, los trabajadores podrían ser puestos en diferentes turnos para distribuirse el trabajo y así evitar que se erogue tanto dinero por tiempo adicional.
Los montos que cobran ciertos trabajadores por horas extras son tan elevados en la ENP que el cálculo para saber cómo los obtienen indica que debieron trabajar 20 horas diarias de lunes a domingo o más, lo cual parece humanamente imposible.
Pero algunos hallaron la forma de hacerlo, pues solicitan permisos para no trabajar en el día y así solo llegan por la noche a sumar horas extras.
Un informe trimestral de permisos sindicales revela que de enero a marzo de este año se pidió un total de 410 permisos.
Solo en febrero pasado, que tuvo 28 días, hay empleados a los que se les dio hasta 25 o 22 días de permiso.
Un ejemplo de lo que sucede en la ENP es lo que pasa en el área de servicios marítimos, donde hay cuatro remolcadores (Harry Brautigam, Francisco Morazán, Marco A. Soto y Tiburcio Carías Andino) que son propiedad de la Portuaria, pero de enero a abril tres de ellos han estado parados prácticamente por completo debido a distintas razones.
Casi solo el Harry Brautigam ha hecho movimientos (78 hasta marzo), pero son dos remolcadores alquilados los que hacen casi todos los remolques (474 y 346 movimientos). Aún con esta falta de actividad de los remolcadores de la ENP, la planilla de horas extras es inmensa en servicios marítimos, con operadores de bote que cobraron L199 mil de tiempo adicional de enero a abril, marinos con L174 mil o un capitán con L129 mil.
Aumentos
En 2012 José Darío Gámez, gerente de la ENP, aprobó un aumento salarial a los empleados, como resultado de las negociaciones del contrato colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria (Sitraenp). Desde ese año, la Secretaría de Finanzas calificó como ilegal el incremento por no cumplir con las Disposiciones Generales del Presupuesto 2012.
Por orden de Finanzas, el gerente de la ENP se vio obligado a suspender el aumento y hacer una deducción a los empleados que recibieron dicho beneficio; pero estos respondieron demandando a la Portuaria. El 20 de mayo de 2013, el Juzgado de Letras ordenó devolver el dinero deducido a los empleados, que no se les hiciera más retenciones y que se les siguiera pagando el aumento provisionalmente mientras se resuelve el caso.
Pero el conflicto no se olvidó, pues el pasado 10 de marzo Wilfredo Cerrato, ministro de Finanzas, envió el oficio DGID-023-2014 al gerente de la ENP.
En el documento le dice que “no se autorizó de ninguna manera a la gerencia general para que otorgara un aumento a los empleados sindicalizados de dicha empresa por un monto de L1,100 mensuales sin el consentimiento del consejo directivo, máximo órgano directivo de la empresa a quien le compete autorizar este tipo de acciones de personal”, dice el texto.
Además, el ministro le advierte en el oficio que “ahora es responsabilidad de la administración haber otorgado beneficios salariales sin la debida autorización de su órgano directivo”.
Cerrato le expone en el documento a Gámez que el estudio económico hecho por Finanzas indicó que la ENP no tenía la capacidad financiera para sostener el aumento salarial, el cual según el ministro afectó en gran medida las finanzas de la empresa.
“Faltó claramente a las disposiciones generales de presupuesto”, le dice en el oficio el ministro al gerente de la Portuaria. Finanzas envió copia de este documento al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el cual el 10 de abril pasado envió un oficio a Olivia Morales Montalván, auditora interna general de la ENP y le instruyó iniciar una investigación especial, tras la cual elabore un informe en el que se determinen las responsabilidades del caso.
