La extradición del supuesto narcotraficante Carlos Arnaldo Lobo a Estados Unidos, que lo acusa de tráfico de drogas, contribuye a fortalecer las relaciones entre Tegucigalpa y Washington, pero no frenará el narcotráfico que campea en el país, dijeron hoy analistas consultados por Efe.
Lobo, quien fue entregado ayer a Estados Unidos en Tegucigalpa, bajo rigurosas medidas de seguridad, se ha convertido en el primer hondureño en ser extraditado a aquel país, que lo reclamaba por tráfico de estupefacientes.
El analista político Raúl Pineda considera que la extradición de Lobo 'es importante' para el Gobierno de Honduras en términos de fortalecer la relaciones con Estados Unidos.
No obstante, apuntó que la extradición 'no significa que el problema (del narcotráfico) se va reducir' en Honduras, por donde transita al menos el 80 % de la cocaína que llega a México desde Suramérica con destino a Estados Unidos.
'Honduras como paso obligado de la droga va a seguir siendo el punto de trasiego de más de 300 toneladas de cocaína que va a los Estados Unidos, este es un proceso muy complejo, porque una persona involucrada en esta actividad sea extraditada el problema no se va suprimir', subrayó el analista.
El territorio hondureño es utilizado por narcotraficantes suramericanos que envían cargamentos de droga, en especial de cocaína, a Estados Unidos por vías aérea y marítima.
Pineda señaló que si bien la extradición de Lobo no contribuirá a reducir el paso de la droga por Honduras, los narcotraficantes se verán 'obligados a pensar con más cuidado si continúan en esta actividad'.
Por su lado, el analista político Julio Navarro coincidió con Pineda subrayando que la extradición de Lobo 'puede que intimide y genere ciertos temores' a los grupos de narcotraficantes que operan 'con libertad' en Honduras, pero no reducirá el tráfico de drogas en el país centroamericano.
El 80 % de la droga que transita por Honduras lo hace por mar y el restante 20 % por tierra y aire, según cifras del Gobierno, que atribuye buena parte de la extrema violencia que vive el país, donde cada día muere un promedio de 15 personas, al narcotráfico.
Navarro apuntó que la extradición de Lobo es 'una confesión de que la justicia de Honduras no está a la altura para juzgar' este tipo de delitos.
Además, aseguró que el trasfondo de la decisión es 'fortalecer las relaciones' entre Honduras y Estados Unidos, cuyo Gobierno elogió este viernes al país centroamericano por la extradición de Lobo, capturado el 27 de marzo pasado.
Mientras tanto, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki, expresó que 'elogiamos la determinación de Honduras al dar este paso histórico que asesta un golpe contra la inmunidad del crimen organizado y el tráfico de drogas'.
Además, afirmó que la decisión muestra que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, 'está plenamente comprometido con el esfuerzo para impedir el uso del territorio hondureño como escala en la actividad ilegal'.
En un mensaje desde la Casa Presidencial en Tegucigalpa, Hernández dijo ayer que la extradición de Lobo es 'algo inédito en el país, pero que marca un nuevo tiempo para la justicia en Honduras'.
Destacó que la extradición 'envía un mensaje muy claro de la voluntad del pueblo y Gobierno de Honduras y de todas sus instituciones de luchar frontalmente contra el crimen organizado y el narcotráfico, la violencia en general'.
La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske, por su parte, destacó hoy que la extradición ha sido un 'mensaje claro' de las autoridades del país centroamericano a las bandas del narcotráfico.
'Con la extradición, JOH (Juan Orlando Hernández) y CSJ (Corte Suprema de Justicia) enviaron (un) mensaje claro: acusados por delitos que ponen en peligro seguridad de hondureños no escapan (de la) justicia', enfatizó la diplomática estadounidense en su cuenta de la red social Twitter.
Una reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional en 2012 permitió la extradición de Lobo, quien fue llevado anoche a Miami, Estados Unidos, y formaba parte de una lista de nueve nacionales que EE.UU. y México han solicitado al país centroamericano para juzgarlos por diferentes delitos.
