Aduciendo que no están sujetos a las limitaciones salariales de los empleados del Poder Ejecutivo, los titulares de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) han sido duramente criticados por la población y varios diputados del Congreso Nacional por justificar un aumento de 47,000 lempiras, cuando el salario mínimo de un hondureño apenas se acerca a los 8,000.
En exclusiva, LA PRENSA reveló ayer el abusivo aumento de 47,000 lempiras del que están gozando los comisionados Miguel Ángel Gámez, Erasmo Virgilio Padilla y Zonia Morales. El incremento tiene ganando 199,000 a Gámez y Padilla. La comisionada Morales devenga 159,000 lempiras.
Extraoficialmente se conoció que tras su regreso de México, el presidente Juan Orlando Hernández desaprobaría el jugoso aumento, con el que se alcanza el doble del salario del mandatario.
Indignación
“Por mil lempiras no ganan 200,000. Esto es una bofetada para el pueblo hondureño. Voy a presentar una moción para que lleguen los de Coalianza a explicar quién les autorizó el aumento cuando este pueblo se está muriendo de hambre”, manifestó indignada la diputada del Partido Liberal, Waldina Paz.
Paz aseguró que el aumento no justifica la labor de Coalianza y agregó que ya preparó el documento en que pedirá a los tres comisionados que se presenten a dar explicaciones. “No se justifica ese aumento porque lo que hacen no lo amerita. Es demasiado, ganan más que el presidente de la República”, afirmó Paz.
Para la diputada, es incomprensible la función de Coalianza, por lo que siempre ha estado contra todas sus actuaciones. “Vamos a trabajar en un decreto que prohíba ganar más que el Presidente”.
Revisión integral
La jefa de la bancada del Partido Anticorrupción (PAC), Fátima Mena, expresó que hace varios días vienen señalando que se revisen exhaustivamente los salarios de los funcionarios públicos.
“Esta revisión debe hacerse especialmente a los altos funcionarios, pero conocemos que hay cargos medios que devengan salarios más altos que los titulares. Es necesario revisar esto. Hace poco pasó con los miembros del Consejo de la Judicatura también”, agregó Mena.
De la misma manera, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría, condenó el abusivo aumento y lo calificó como atentado a la economía del país.
“En lugar de aumentarse, todos los funcionarios públicos deberíamos rebajarnos el salario. La función de Coalianza no se justifica y aquí en el Congreso no se ha autorizado de ninguna manera”, aseguró.
Reducción de salarios
La diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, recordó que el presidente Hernández prometió reducir los salarios de los funcionarios, por lo que no encuentra lógica en los aumentos en Coalianza.
“Es una barbaridad. Coalianza lo maneja todo como secreto de Estado. Ahora se aumentan el salario, lo que es una bofetada para todos.
Hay un déficit fiscal de más de L60,000 millones, el salario mínimo no resuelve ni la canasta básica y me preguntó cuál es el gran trabajo que se desempeña en Coalianza para que ganen ese salario”, cuestionó Gutiérrez.
La congresista criticó el desproporcionado ajuste y solicitó revisar las actas de la comisión para conocer con base en qué se los recetaron.
Con las deducciones correspondientes, el comisionado presidente de Coalianza, Miguel Ángel Gámez, devenga 147,498.37 lempiras, igual que Erasmo Padilla. La comisionada Morales recibe mensualmente 111,880.48.
Responsabilizan a anteriores
Mediante comunicado, los actuales titulares de Coalianza revelaron que el desmedido aumento lo hicieron los comisionados anteriores, José Antonio Pineda Cano, Carlos Pineda y Octavio Sánchez.
“En ningún momento, los nuevos comisionados se recetaron el aumento, por lo que hacemos constar en el acta 27-2013 del 2 de diciembre de 2013 la aprobación en consenso de los anteriores comisionados”, explicaron.
Sin reconocer que el aumento es desmedido, los comisionados actuales aseguraron que están excluidos del régimen de Servicio Civil. Cabe señalar que el excomisionado Pineda Cano fue ratificado en el cargo; sin embargo, por votar en una sesión legislativa se vio forzado a renunciar.
