Tegucigalpa, Honduras
Tras recibir el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Poder Ejecutivo se apresta a sancionar en los próximos días la polémica Ley General de la Industria Eléctrica como parte de los condicionamientos para materializar un nuevo acuerdo económico con ese organismo financiero internacional.
Al cabo de su examen periódico, la misión del FMI, que estuvo en el país las últimas dos semanas, dio un espaldarazo a las medidas adoptadas por el Ejecutivo hondureño para sanear las finanzas públicas y saludó las reformas en el sistema de pensiones y los planes para reformar el sector eléctrico mediante la referida legislación.
En su informe, el equipo técnico del Fondo consideró que las medidas adicionales del control del gasto y los cambios en el sector eléctrico para reducir el déficit de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) “serán claves para restaurar la salud de las finanzas públicas de Honduras”.
Esta declaración de la misión de FMI se interpretó como el aval o la luz verde para que el Gobierno implemente en el menor tiempo posible la nueva Ley de la Industria Eléctrica, la cual ya recibió el rechazo de la clase trabajadora y de los sectores populares.
La normativa es presentada por el Gobierno como la panacea para resolver los agudos problemas financieros que agobian a la Enee.
El sector sindical estima que la ley es lesiva a los intereses del pueblo hondureño porque encarecerá el servicio de electricidad en más del 15% al entrar en vigor y dará el tiro de gracia a la institución y a centenares de trabajadores.
Al final de 2013, la Enee cerró con un déficit presupuestario de más de 8,000 millones de lempiras, aunque las autoridades de la empresa aseguran que anduvo por los 4,000 millones en el anterior ejercicio fiscal.
Las pérdidas que todos los años generan la Enee, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y la Empresa Nacional Portuaria han contribuido a ensanchar el elevado déficit fiscal del Gobierno, que solo en 2013 fue del 7.7% del producto interno bruto.
De ahí la presión de los organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, de poner freno al millonario gasto de las empresas públicas.
Ley en revisión
La nueva ley, que busca segmentar y convertir a la estatal eléctrica en una sociedad anónima, fue aprobada por el Congreso Nacional el 20 de enero del año en curso, pero el Poder Ejecutivo no la ha sancionado en espera de la visita de los personeros del FMI.
Se conoció que la legislación es revisada exhaustivamente para adaptarla a las observaciones del FMI antes de sancionarla y enviarla a publicación en el diario oficial La Gaceta.
LA PRENSA intentó obtener una copia de la normativa en la secretaría del Congreso Nacional, pero ahí se informó que el dossier de la ley fue solicitado por la directiva del Legislativo para hacerle algunos cambios antes de enviarla al Ejecutivo para su sanción.
Entre otras cosas, la Ley General de la Industria Eléctrica liberaliza el mercado energético y pone fin al monopolio que el Estado de Honduras ejercía en la generación, suministro y distribución de electricidad al abrir los espacios para empresas privadas.
Se establece la creación de un Ministerio Sectorial de Conducción y Regulación Económica como máxima autoridad gubernamental del subsector eléctrico y se da vida a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), que sustituye a la Comisión Nacional de Energía (CNE) como ente regulador.
En lo sucesivo, la Enee concentrará sus esfuerzos en desarrollar los recursos naturales renovables del país, a lo que se sumará el apoyo del sector privado en las tareas subsidiarias de transmisión, operación del sistema y distribución de la energía eléctrica.
El artículo 29 de esta normativa instruye a la junta directiva de la Enee para que antes del 1 de julio de 2015, la empresa se transforme en sociedad anónima y complete el proceso para segmentarse en tres sociedades anónimas: una de generación, una de transmisión y operación del sistema y una de distribución.
La ley también contempla el traspaso de los activos a cada sociedad sin perjuicio de los derechos de uso que ya han sido cedidos en los fideicomisos creados el año anterior y que fueron adjudicados a tres instituciones bancarias.
También se instruye a la junta directiva de la Enee para que la compañía de generación que sea creada se modernice con el fin de competir activamente en el mercado de generación y en el desarrollo de los recursos renovables del país.
Asimismo estipula que los activos, pasivos y personal de la Enee deberán ser divididos y transferidos a cada una de estas nuevas empresas, según corresponda a la naturaleza de sus funciones, con absoluto respeto de los derechos laborales de los trabajadores.
La rechazan por lesiva
El presidente del Stenee, Miguel Aguilar, dijo que rechazan la vigencia e implementación de esta ley porque “segmenta la empresa y la pone en bandeja de plata para venderla a las transnacionales”.
Además denunció que modifica la fórmula y establece nuevas líneas de ajuste tarifario, inicialmente del 15%, en el recibo mensual de electricidad, el cual repercutirá en la mayoría de la población hondureña.
En el artículo 18 se establece que la tarifa debe registrar el precio real de la energía diseminado en la generación, transmisión, distribución y alumbrado público, entre otros costos.
“Esa ley crea un monopolio privado. Si bien hasta ahora la Enee es un monopolio público parcial, ahora se convierte en un monopolio privado total”.
Aguilar arguyó que se establece una liberación del mercado, lo que implica mayor control de los que más tienen en materia económica.
“Hacemos un llamado respetuoso al presidente Juan Orlando Hernández para que no sancione la ley, que la devuelva al Congreso para que sea debatida y consensuada y se cree una normativa donde haya equilibrio social”.
El dirigente sindical cuestionó que si la Enee ya había aprobado los tres fideicomisos, en este momento es innecesario crear una nueva legislación que prácticamente abre todas las puertas al desequilibrio institucional y a la precariedad laboral.
“Eso no le conviene al país, no le conviene al pueblo y por eso estamos rechazando con la mayor energía posible esta ley que va a afectar a los hondureños”.
No es una privatización
El gerente de la Enee, Emil Hawit, aclaró que esta reforma no es una privatización e indicó que la ley permite reformar el subsector eléctrico, creando un regulador del sistema y del mercado eléctrico, facilitando comprar energía a precios más accesibles y controlados por el Estado gracias a la apertura de un sistema de oferta y demanda.
“Es importante decir que todos los activos siguen siendo de la Enee y es importante decir que no hay una privatización, sino una tercerización de labores y de actividades”, apuntó.
Dicha reforma crea una Comisión Reguladora de Energía Eléctrico, la cual permitirá comprar energía a escala nacional o internacional al precio que más le convenga al país y que más beneficie a los usuarios del servicio eléctrico.
Dijo que la ley no contradice y más bien se complementa con los tres fideicomisos adjudicados a Banco Ficohsa para la estructuración de los servicios de distribución y flujo financiero, Banco Continental para la iluminación pública y Banco Atlántida para la transmisión, despacho y flujo financiero de la Enee.
Este nuevo marco jurídico señala que estos fideicomisos se ejecutarán en sus términos convenidos y de conformidad con la estructuración que resulte conveniente, de acuerdo con los estudios que lleven a cabo las instituciones fiduciarias.
“La reforma empezó con los tres fideicomisos y como se sabe el fideicomiso más importante es el de distribución, donde se busca por medio de una licitación internacional a un operador que ayude a reducir las pérdidas de la empresa”, dijo.
Agregó que la reforma del sector continúa con la Ley de la Industria Eléctrica que está por publicarse en La Gaceta y que, entre otras cosas, liberaliza el mercado energético para que todos los productores de energía puedan competir en precios y en suministro.
Aclaró que con esta nueva legislación ninguna empresa podrá tener contratos directos, sino que todos deberán competir en procesos abiertos de licitación pública.
A los cuestionamientos del sector obrero, Hawit aclaró que la normativa permite fortalecer y hacer mucho más eficiente la empresa en la parte operativa y en la financiera.
“La ley da la oportunidad, por ejemplo, de que todos los contratos de energía, incluyendo los renovables, sean comprados a través de la licitación y comienza a operar un sistema de spot local”.
El funcionario informó que en el área de distribución le ha fijado un plazo a uno de los bancos fiduciarios para que a más tardar en noviembre de este año se licite el nuevo operador.
Con estos nuevos dispositivos se busca reducir, en el año 2016, en 12 y 15% las pérdidas de la empresa. Cada punto porcentual implica 280 millones de lempiras.
“No creo que segmentar la Enee sea lo correcto”: Gustavo Alfaro
El economista y exministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, declaró que el Gobierno está obligado a resolver el enorme déficit que producen las insolventes empresas públicas, pero estimó que deben buscarse soluciones que concuerden con la realidad nacional y no tengan un fuerte impacto en la mayoría de la población.
Alfaro, quien fungió como secretario de la Presidencia en el gobierno de Carlos Flores, reconoció que parte del enorme déficit fiscal actual de la administración central lo producen la Enee, Hondutel, la Empresa Nacional Portuaria y el Sanaa, pero también lo provoca el excesivo gasto del Gobierno.
En relación con la nueva política energética y las recomendaciones del FMI, el exfuncionario expresó sus dudas con respecto a la nueva Ley de la Industria Eléctrica porque segmenta la estatal eléctrica, pero por otro lado se mostró a favor de quitar las grandes exoneraciones que se les otorgaron a los generadores con recursos renovables.
“No creo que segmentar las actividades de la Enee en generación, distribución y transformación sea lo más correcto y que sean tres empresas”.
Estimó que la reducción de su enorme planilla y la renegociación de los contratos con las compañías de generación térmica son algunas medidas para reducir el enorme déficit de la empresa estatal.
En relación con un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alfaro expresó sus dudas porque a su juicio “los groseros impuestos” que se aprobaron con el último paquete fiscal no son suficientes para cubrir el elevado gasto que se sigue produciendo en el Gobierno.
