Tegucigalpa, Honduras.
La titular del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp), Martha Doblado, confirmó ayer que hubo serias irregularidades en la compra de bonos por un valor de L250 millones, pero que los responsables directos fueron el exgerente financiero y el extesorero, aunque se abstuvo de responsabilizar directamente al exdirector Andrés Torres Rodríguez.
Admitió muchas de las anomalías administrativas denunciadas por el sindicato de esa institución y publicadas en exclusiva por diario LA PRENSA.
“Nunca he asegurado que en el Injupemp no hay irregularidades; nunca lo he dicho. Injupemp es una institución de puertas abiertas para todos los organismos contralores, para el Tribunal Superior de Cuentas, para la Fiscalía o cualquier otra institución, pero en ningún momento he dicho de que en el instituto no hay irregularidades”, ratificó.
Doblado, quien fungió como asistente del anterior director de la institución, Andrés Torres Rodríguez, confirmó así la investigación que publicó diario LA PRENSA en febrero pasado y el lunes de esta semana en torno a la compra anómala de bonos del Estado por L150 millones y L100 millones entre diciembre de 2011 y agosto de 2012.
“En diario LA PRENSA dimos hace aproximadamente un mes una declaración cuando fuimos consultados sobre los 250 millones en bonos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que adquirió el Injupemp y de hecho hubo la compra de esos bonos, primeramente de 150 millones el 23 de diciembre de 2012”.
Agregó que esa compra y la que se hizo posteriormente no estuvieron autorizadas por el comité de inversiones, que de acuerdo con el reglamento emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es el único ente que tiene competencia legal para dar el visto bueno a todas las inversiones en nuevos proyectos, bonos o cualquier otro título valor.
Los responsables
Confirmó que esa adquisición de títulos de deuda pública la efectuó por cuenta propia el exgerente financiero del instituto, Carlos Zúniga, junto con el tesorero general Mario Ramón Córdova; no obstante, se abstuvo de implicar a su exjefe Andrés Torres.
“Ellos fueron los que hicieron la operación sin que hubiera sido autorizada por el comité de inversiones”.
La funcionaria no desmintió la denuncia que presentó ante el Ministerio Público el Sitrainjupemp, en la que se enumeran supuestos actos de corrupción, como la adquisición de relojes finos para los directivos, la permuta de deuda por terrenos sobrevaluados, el pago de millonarios honorarios a procuradores externos y el desembolso de jugosas dietas y publicidad.
Se desmarca de exdirector
Sobre estos hechos anómalos, la directora del Injupemp intentó desmarcarse de la gestión de su exjefe Andrés Torres, señalando que ella solo es responsable de los actos y decisiones que tomó como asistente de la dirección ejecutiva del Injupemp. Aseguró que en la fecha en que se hicieron las transacciones de los bonos, ella se encontraba de vacaciones.
“En el caso de esas dos inversiones con la Unah, voy a decir algo que no he dicho, pero lo voy a decir ahora: en la inversión de 2011, su servidora estaba de vacaciones y en la inversión que se hizo en agosto de 2012 tampoco yo estaba en el instituto porque estaba de vacaciones”.
Argumentó que desconocía que se hubiesen efectuado esas inversiones irregulares porque los detalles de ellas salieron a luz con motivo de una auditoría que practicó en 2011 y 2012 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Con motivo de la compra de bonos en agosto de 2012, Doblado reveló que en la sesión del comité de inversiones que se celebró en esa fecha solo estuvieron presentes el gerente financiero Carlos Zúniga, el tesorero Mario Ramón Córdova, el actuario Marco Avilés, el ingeniero Anibal Bendizú y la auditora del instituto, cuyo nombre no precisó.
Agregó que en esa sesión hubo un empate porque dos de los miembros votaron a favor de la compra y los otros dos en contra, por lo que se decidió realizar los análisis financieros para tomar la decisión posteriormente.
No obstante, al margen del comité, el gerente financiero y el tesorero decidieron hacer la inversión mediante una transferencia bancaria porque ambos poseían firma A y B para hacer ese tipo de transacciones financieras.
“La irregularidad consiste en que ellos no siguieron lo que determina el reglamento de inversiones, el cual dice que las decisiones sobre inversiones las toma el comité y se hace por mayoría de sus miembros”.
Doblado en ningún momento mencionó al exdirector del Injupemp en esta negociación irregular; no obstante, la información proporcionada a LA PRENSA por miembros del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) revela que este fue el que llevó la propuesta al comité para adquirir los bonos a la casa de inversión privada.
Sobre el impacto que tuvo la compra de estos bonos en las finanzas de la institución, la directora adujo que eso solo lo podrán determinar los órganos contralores y fiscalizadores del Estado.
En este punto, Doblado no fue clara, pues en una entrevista ofrecida a este diario en febrero pasado sobre este mismo tema aseguró que la compra de los bonos no había afectado las finanzas de la institución. “Yo realmente no podría precisar cuánto fue lo que resultó de rendimiento de esa inversión”.
Dijo que la denuncia del sindicato obedece a una resolución de la junta directiva del Injupemp el 12 de marzo de 2012, en la que emplazan a sus directivos a que presenten las pruebas de corrupción que tengan en el Ministerio Público para su investigación.
Comisión sin mandato
Mientras surgen nuevos actos de corrupción, el interventor German Leitzelar dijo que desconoce cuándo deberán comenzar su trabajo en el Injupemp, ya que todavía están preparando las recomendaciones del Seguro Social. Precisó que no han recibido ninguna instrucción del presidente de la República, pues antes debe formalizarse su nombramiento mediante decreto ejecutivo.
