Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público (MP) formalizó ayer el tercer requerimiento fiscal por irregularidades en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En esta ocasión, la histórica acusación que se presentó la tarde de ayer, en el Juzgado Penal de la capital, es contra exdirectivos de dicho centro asistencial.
La portavoz del Juzgado Penal, Bárbara Castillo, oficializó la acusación contra 15 personas. Se interpuso requerimiento fiscal contra el exdirector del IHSS Mario Roberto Zelaya Rojas y al exadministrador José Roberto Bertetty Osorio por abuso de autoridad y un delito contra la administración de fondos públicos y privados de fondos y pensiones.
Otros acusados
Contra el exviceministro de Trabajo Carlos Montes Rodríguez, el representante obrero de la Central General de Trabajadores (CGT) Hilario Espinoza.
Además, el representante del Cohep, Arnaldo Gabriel Solís; el miembro de la CGT, Luis Alonso Mayorga, y del Cohep, Samuel Benjamín Bográn.
A todos estos, el MP los supone responsables de delitos contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. Al exministro de Salud Arturo Bendaña Pinel, al exviceministro de Salud Javier Pastor; a los miembros del Cohep, Leonardo Villeda, y óscar Manuel Galeano; a loa expresidentes del Colegio Médico de Honduras José Manuel Espinoza y Odessa del Carmen Henríquez y los miembros de la CGT Daniel Durón y José Humberto Lara se les presume responsables de un delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. Trascendió que el MP solicitó al juzgado que librara la orden de captura, versión que no fue oficializada. Al respecto, Galeano aseguró que no se incurrió en ilegalidad.
Explicó que en todas las resoluciones de la directiva se instruía que todo el proceso se siguiera la Ley de Contratación del Estado y otras normativas.
Los hechos
Según el informe de la junta interventora, mediante resolución SOJD No. 06-23-03-2011 de fecha 30 de marzo de 2011, la junta directiva del IHSS resolvió aprobar la consolidación de la deuda que el Régimen Enfermedad Maternidad tenía con el Régimen Invalidez Vejez y Muerte (IVM), producto de traspaso de fondos en administraciones pasadas.
La consolidación presentada por la gerencia administrativa y financiera ascendía 942.8 millones a un plazo de 15 años, a una tasa de interés del 8.70%, con pagos mensuales de 12 millones lempiras.
Para el 20 de junio de 2011 se ejecutó un nuevo préstamo entre regímenes aprobado por unanimidad por la junta directiva mediante resolución SOJD-01-24-05-2011.
El nuevo compromiso, dejado de pagar por la pasada administración, ascendía a 600 millones de lempiras. El informe detalla que la primera de estas trasferencias se realizó en contravención a la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS).
Para ese entonces, la CNBS resolvió: “Opinar desfavorablemente sobre la solicitud presentada por la junta directiva y director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social contentiva a obtener un préstamo para el Régimen de Enfermedad y Maternidad de los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de dicho Instituto”.
“Atendiendo lo que dice el Artículo 58 de la Ley del Seguro Social que en lo conducente dice: “… deberá existir separación financiera y contable de los regímenes de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales y de Invalidez Vejez y Muerte y en los que en el futuro pudieran crearse”.
A junio del 2013, esta deuda ascendía a 1,910 millones de lempiras, lo que “técnicamente son valores impagables”, indica el informe.
El informe también señala a los miembros de la junta directiva 2010-2014 como los responsables de haber aprobado onerosos contratos con las empresas Dimesa, Cosem y Sistemas Abiertos, que representan una deuda de cuatro mil millones de lempiras de los 6,399 millones de déficit que presenta la institución.
Además se les atribuye la aprobación de un sobreendeudamiento con la banca privada que asciende a más de 600 millones de lempiras.
